Alejandro F. LudeñaNoticias Aliadas Marta Moncada, asesinada y descuartizada por su esposo en un cuarto de hotel en el 2003, no fue la primera mujer que corría tan trágico destino en Honduras, pero su caso supuso un aldabonazo para la conciencia de las mujeres organizadas que desde entonces comenzaron a levantar la voz para hablar de feminicidio en el país.
Ese mismo año nació el Foro de Mujeres por la Vida, instancia pionera en la denuncia y lucha contra este crimen en Honduras, que agrupa ya a 11 organizaciones de base de la costa norte, la región más castigada por la violencia de género. Su objetivo es articular fuerzas para generar cambios en una sociedad profundamente patriarcal y combatir la vulnerabilidad que afecta especialmente a las mujeres.
Según Carolina Sierra, su coordinadora ejecutiva, el mayor logro que se ha conseguido en estos ocho años de recorrido ha sido “visibilizar la problemática del feminicidio en Honduras y hacer que la misma entre en las agendas de las ONG [organizaciones no gubernamentales] y de los medios de comunicación”.
Algo que ha contribuido notablemente a la sensibilización ante este tipo de crímenes en Honduras es la creación de un Observatorio sobre la Violencia, con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Universidad Autónoma de Honduras. Si bien el Observatorio funciona desde el 2005, es a partir del año pasado que está haciendo un esfuerzo por clarificar y clasificar los crímenes contra las mujeres.
Reina Rivera, su directora, reflexiona sobre la importancia de esta iniciativa en estos últimos años: “El Observatorio permite realizar un mejor análisis de los asesinatos de mujeres, al tener acceso a información que no tienen las ONG. De este modo, podemos visibilizar mejor el problema, diferenciando las muertes por feminicidio de aquellas que no tienen relación con la inequidad de género”.
Cifras en aumento
De acuerdo con datos del Foro de Mujeres por la Vida, más de 2,000 mujeres han sido asesinadas en el país desde que ocurriera la muerte de Marta Moncada en el 2003, convirtiéndose en el segundo país centroamericano más violento para las mujeres, detrás de Guatemala.
Pero estas cifras se dispararon en el que sin duda ha sido el peor año para Honduras en materia de derechos humanos. En el 2009, año del derrocamiento del presidente Manuel Zelaya (2006-2009), fueron asesinadas 377 mujeres, con un incremento notable de aquellos crímenes con tintes políticos, tanto por el modo en que fueron perpetrados como por la identidad de muchas de las mujeres, vinculadas a las actividades de resistencia, es decir, opositoras al golpe perpetrado por los militares y buena parte de la clase política.
No obstante en el 2010, primer año en que el Observatorio de la Violencia hizo un registro completo, se constató un nuevo incremento: 438 asesinatos de mujeres en el país, que pueden considerarse feminicidios, es decir, fundados en las desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres.
Ante los reclamos de organizaciones de derechos humanos, que acusan al actual gobierno del presidente Porfirio Lobo de connivencia con los agresores, las autoridades han respondido lamentando la vulnerabilidad real a la que están expuestas las mujeres. Ana Pineda, ministra de Derechos Humanos, reconoció en el marco del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, celebrado en noviembre de 2010, “las debilidades estatales para investigar efectivamente las violaciones a los derechos humanos”.
Tres meses después se anunciaba la creación de una unidad especial dentro de la Policía para esclarecer los crímenes. El ministro de Seguridad hondureño, Oscar Álvarez, se ha referido a esta unidad como una iniciativa para “proteger a los grupos vulnerables en Honduras, lo que incluye mujeres, jóvenes, miembros de la comunidad gay lésbico y periodistas”.
No hay voluntad política
Este anuncio no convence a las organizaciones de mujeres de Honduras, para quienes este gobierno no goza de suficiente credibilidad. Nelly del Cid, de la organización feminista Tejedoras de Sueños, tiene claro que no hay voluntad política para enfrentar las raíces estructurales del feminicidio: “La voluntad política se mide por la asignación de presupuesto. Y este es nulo”, afirmó Del Cid a Noticias Aliadas.
Aun estando de acuerdo sobre la escasa o nula voluntad política del gobierno de Lobo, otras mujeres piensan que hay que volver a encauzar algún tipo de diálogo con el actual ejecutivo.
Sierra manifiesta su preocupación por el empeoramiento de la situación y teme que pueda ir a peor si no se encuentran alternativas: “La decisión de no dialogar con este gobierno no fue acompañada de una estrategia de presión, lo que finalmente hace que hayamos perdido espacios”.
Lo que queda claro es que el feminicidio, en todas sus formas, se ha convertido de este modo en una de las principales amenazas, no sólo para las mujeres, sino para el conjunto de la sociedad hondureña.
Y es que, como expresa Maritza Paredes, abogada con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos en Honduras, “el feminicidio limita el desarrollo, la democracia y la paz. Este no es un asunto sólo de las familias o mujeres, es asunto del país, el Estado debe actuar al respecto”.
Entre tanto, a la espera de que el Estado y la propia sociedad generen respuestas para frenar este tipo de violencia, la esperanza sigue residiendo en la capacidad de resistencia y organización de las mujeres que se ha ido fortaleciendo en los últimos años.
Paulatinamente, aumentan las voces de las mujeres que se alzan contra la violencia. Como enfatiza Sierra: “Dentro de todo, las mujeres siguen apostando a las soluciones colectivas”.
Según la coordinadora del Foro de Mujeres por la Vida, en declaraciones a Noticias Aliadas, ellas no se rinden nunca: “Dejan los problemas individuales apartados por un tiempo, y avanzan en la búsqueda de justicia”, puntualiza Sierra.
Fuente: http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=6357
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