Cárcel para feministas y partidarias de la educación laica, exige la derecha en España

Armando G. Tejeda /Periódico La Jornada

Un performance realizado por un grupo de feministas en una capilla católica desató la tormenta.

Eran unas 70 personas, la mayoría mujeres, que decidieron acudir al centro de culto de la Universidad Complutense, en Somosaguas, para alzar la voz contra la "misoginia y el machismo" que promueve la doctrina católica y la propia Iglesia. Ese gesto, acompañado por un movimiento más amplio que promueve la laicidad en la universidad pública española, provocó la indignación y la cólera de la extrema derecha y la derecha españolas, que incluso piden penas de cárcel por haber "profanado un lugar sagrado".

En el contexto de las actividades para celebrar el Día de la Mujer y la lucha contra el machismo y la violencia de género, un grupo de universitarias, feministas y militantes de la laicidad en los espacios públicos, se presentaron en la capilla del centro universitario para leer sus reivindicaciones. Pero lo que más indigno al cura de la capilla y a la jerarquía católica fue que las manifestantes se "desnudaron de cintura para arriba".

A partir de ahí lo que pretendía llamar la atención sobre la presencia del crucifijo y los símbolos católicos en la universidad pública se convirtió en un fuerte debate –o "linchamiento"– contra las jóvenes que expresaron su postura pública.

Las mujeres llegaron a la capilla, algunas con el torso del cuerpo únicamente cubierto por el sostén, y leyeron un comunicado en el que explicaban que "la Iglesia católica se presenta como una institución que, partiendo de la imagen creada del estereotipo hombre blanco, heterosexual y occidental, construye la imagen de la mujer como la opuesta a éste: blanca, occidental y heterosexual, castigando y silenciando no solamente a éstas, sino también a multiplicidad de identidades como lesbianas, transexuales, transgénero, de distintas etnias, intersexuales y un largo etcétera".

Mientras otras mujeres rezaban y atendían las palabras del cura, quien intentó impedir la exposición, las jóvenes expresaron su rechazo a que fondos públicos financien dichos cultos, a su juicio contrarios al derecho a la igualdad.

Después de la acción, que fue señalada como grave ofensa por parte de los medios conservadores y de la propia Iglesia, cuatro personas vinculadas a dos colectivos –Contrapoder y RQTR– fueron detenidas pese a que aseguraron que en ningún momento participaron en la acción.

Querella de sindicato ultraconservador

Quienes sí participaron, explicaron en un comunicado: "al llegar a la capilla entramos de forma no violenta sin ataques directos a las personas que se encontraban en el interior. Allí hicimos un círculo de mujeres y/o lesbianas y leímos un comunicado en el que se explicaba cómo la Iglesia actúa como una institución que promulga unos valores machistas y heteropatriarcales. A continuación citamos frases pertenecientes a instituciones y figuras íntimamente relacionadas con la Iglesia que sentencian y criminalizan los cuerpos. Tras la lectura, la mayoría de las que allí estábamos decidimos desnudarnos de cintura para arriba mostrando los mensajes que teníamos escritos en nuestros torsos, con la intención de reivindicar la reapropiación de nuestros cuerpos y la identidad de cada una. En ese momento, entre lemas y consignas feministas, algunas mujeres empezaron a besarse visibilizando el lesbianismo. Finalmente abandonamos la capilla sin causar ningún daño".


Rita Maestre, quien pertenece a la asociación Contrapoder, corroboró las cuatro detenciones, al parecer ordenadas por un magistrado, que decidió admitir a trámite una querella criminal presentada por el sindicato ultraconservador Manos Limpias.

Maestre detalló que "la policía, que depende del Ministerio del Interior, se comportó de una forma respetuosa durante la detención; los mismos policías parecían sorprendidos de tener que detenernos en nuestros propios domicilios".

Asimismo, señaló que el supuesto sindicato es en realidad una “asociación de extrema derecha que se dedica fundamentalmente a poner querellas como forma de presión política, no está interesada en el performance en sí, sino en seguir señalando y tratando de deslegitimar las actividades de colectivos y organizaciones que hagan política pública, crítica y a cara descubierta, como en el caso de Contrapoder”.

Por su parte, las mujeres que sí reconocieron su participación en los hechos argumentaron que "el cuerpo de la mujer no debe ser objeto de censura, ya que históricamente la carga de todos los valores considerados negativos por la Iglesia se han materializado en el cuerpo de la mujer, mancillando, violando, vulnerando y maltratando lo que somos. No se puede construir una sociedad nueva, diferente, no heteropatriarcal, sin innovar en sus formas y en su lenguaje. Sólo rompiendo los esquemas ya establecidos podremos crear otros nuevos que nos permitan renombrar el mundo desde nosotras".

Tanto el arzobispado de Madrid como algunos sectores de la Universidad Complutense próximos al Opus Dei y al conservadurismo más radical han iniciado acciones legales contra las jóvenes que participaron directamente en el performance y tienen la mirada puesta en los colectivos que trabajan por una universidad pública laica.

De hecho advirtieron que la "profanación de un lugar sagrado" lleva implícitas unas "penas canónicas en el caso de que quienes las han cometido estén bautizados", al tiempo que tildaron de "indigno que, en una sociedad democrática donde se pide el respeto a las personas, a las instituciones religiosas y al derecho de celebración pública de la fe, haya jóvenes que puedan manchar con esos comportamientos el buen nombre y trabajo de la comunidad universitaria".

Los ataques de la extrema derecha a las jóvenes también pusieron sobre la mesa una reivindicación histórica de algunos colectivos universitarios, que han visto la presencia de capillas y crucifijos en las universidades públicas españolas como una herencia más de la dictadura franquista, que siempre tuvo como aliada a la jerarquía de la Iglesia católica.

De hecho, un numeroso grupo de estudiantes, profesores y ciudadanos realizaron un acto de denuncia contra la "escandalosa capacidad de tutela sobre la sociedad civil de la Iglesia católica, que defiende con agresividad sus injustificados privilegios, heredados de la dictadura franquista".