Zoraida Portillo (Especial de SEMlac).- Aunque en términos generales los maltratos físicos y sexuales que padecen las migrantes son similares a los que sufren quienes viven en sus países de origen, esas mujeres se encuentran más vulnerables pues la mayor parte de las veces desconocen la existencia de servicios legales a los que pueden acudir, independientemente de su situación legal.
Así lo destacó María José Fletcher, abogada especializada en violencia doméstica y trata de personas y supervisora del Centro de Defensa del Inmigrante de Florida. Ella estuvo en Lima la tercera semana de septiembre, invitada por la embajada de Estados Unidos, para reunirse con organizaciones de mujeres, periodistas y autoridades del Ministerio de la Mujer (MIMDES).
"Tenemos la obligación de dar asistencia e impartir justicia a todas las personas que forman parte de una comunidad, legales o ilegales, hetero u homosexuales", remarcó y dijo que eso es válido si la agredida vive en su país o en uno extranjero.
Fletcher destacó que la violencia contra las mujeres no sólo deja secuelas físicas y emocionales sino profundas heridas en su autoestima que posibilitan que sean las propias mujeres quienes perpetúen situaciones de maltrato y humillación con sus hijas y congéneres.
"Las mujeres maltratadas crían a sus hijas bajo el mismo patrón (patriarcal), haciendo por ejemplo que las niñas atiendan a los hermanos varones, dándoles de comer menos raciones de comida o en platos más chicos, generando así que el varón se sienta superior y con derecho a ser atendido", señaló durante una teleconferencia desde la sede de su embajada en Lima.
Mediante esta herramienta tecnológica, Fletcher pudo entablar contacto con organizaciones de mujeres y ONGs de todo el país, e incluso de otras naciones de la región, quienes además tuvieron oportunidad de formularle preguntas directamente desde sus computadoras.
Se produjo así un interesante intercambio de ideas y opiniones, donde las y los participantes aprovecharon para conocer su experiencia en la representación legal que Fletcher realiza en Florida con mujeres y niñas inmigrantes que son objeto de violencia doméstica, trata de personas y otros delitos contra sus derechos ciudadanos.
Ante una pregunta concreta de la representante del MIMDES, sobre una mujer colombiana que vivía ilegalmente en el Perú y era víctima de maltratos por su pareja, pero cuyas denuncias no eran atendidas por las autoridades dada su condición irregular en el país, Fletcher dijo que en esos casos la víctima puede acogerse al derecho de asilo, si desea permanecer en ese país, o recibir ayuda de las autoridades para retornar al suyo.
"Pero hay que tener mucho cuidado con esta última opción —advirtió— porque muchas veces el agresor, que tiene libre entrada y salida de su país, puede ir a buscarla y agredirla; son casos muy complejos", reconoció.
Por ello, recomendó realizar campañas permanentes y masivas de información, sensibilizando a la población para que tenga "tolerancia cero" frente a la violencia doméstica, dejando de lado excusas como que se trata de asuntos privados de la pareja o la vida familiar, y para que sepa discernir sobre el "bombardeo" a favor de la violencia que se produce diariamente desde los medios, la música y la sociedad en general.
También instó a capacitar permanentemente a todo el personal involucrado en el tratamiento de estos casos, incluyendo policías, autoridades judiciales, periodistas, ONGs y todos aquellos que, de una forma u otra, tengan contacto o cercanía con niñas y mujeres maltratadas, como maestros y maestras en las escuelas.
Y es que para ella, no basta con tener servicios de atención y acogida. Igualmente importante es la manera de acercarse y tratar estos casos. "A veces, en nuestra desesperación por ayudar, queremos solucionar el problema en cinco minutos y no es así, es parte de un proceso de recomposición y reconstrucción que puede tomar años y hay que darle ese acompañamiento", sostuvo.
"Por ejemplo, hasta que el victimario no asuma la responsabilidad de sus actos no es aconsejable que viva bajo el mismo techo", añadió. También advirtió que si la víctima encuentra una barrera para alejarse del victimario va a preferir volver con él, lo que se hace más evidente en el caso de las mujeres rurales, sin acceso a carreteras, casas de acogida, policías o incluso con problemas de idioma.
Recordó que el maltrato comienza con la agresión física, pero luego sobreviene el temor y la propia víctima encontrará excusas para no irse. "La víctima está predispuesta a creer en las justificaciones y excusas del maltratador y volverá con él por los hijos, por amor, o por la esperanza de que va a cambiar… además, tampoco hay que olvidar que quien maltrata es muchas veces quien provee el alimento", precisó.
"Tenemos que escucharlas con la mente abierta, sin prejuicios culturales o de otra índole, permitiéndoles narrar su historia en el estilo que les es familiar, sin precondicionamientos", aconsejó.
Sobre la trata, Fletcher dijo que en Estados Unidos es común entre mujeres migrantes que laboran en restaurantes, hoteles y como niñeras, que son explotadas laboralmente y abusadas sexualmente. Asimismo, entre adolescentes (hombres y mujeres) que han sido violados o vendidos por mafias. Estas personas son llevadas a Estados Unidos con visas falsas, engañadas, sin papeles y muchas veces sin conocer el idioma, por lo que no saben a dónde acudir, reiteró.
Agresividad aumenta en Perú
El tema de la violencia contra las mujeres está al tope de la agenda pública en el Perú debido no sólo al aumento en las cifras de feminicidio y agresiones sino en la virulencia que ésta va adquiriendo.
Entre enero y marzo de este año, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público registró 40 feminicidios, 35 por ciento de los cuales fueron perpetrados contra mujeres de 18 a 25 años de edad. El 45 por ciento de las asesinadas eran madres de familia.
Rocío Villanueva, responsable de monitorear los feminicidios para el Observatorio, dijo a SEMlac que la cifra es resultado del reporte de los fiscales que acuden al lugar de los homicidios, por lo que el registro es altamente confiable. Pero reconoció que no todas las denuncias de maltrato contra las mujeres llegan al Ministerio Público, pues para ello se necesitaría que la policía y el poder judicial estén totalmente informatizados.
El más reciente feminicidio fue cometido contra una enfermera de 30 años a quien el enamorado —en venganza porque ella terminó la relación amorosa— no sólo la asesinó, sino descuartizó y dejó sus restos en diversas partes de Lima "para que no quedara evidencias del crimen", según confesó a la policía.
Respecto del maltrato, la encuesta Demográfica y de Salud Familiar realizada entre mayo y octubre de 2008 y dada a conocer recientemente por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que el 34,5 por ciento de los hombres reconoce haber maltratado por lo menos una vez a su pareja.
Y contrariamente a lo que se supone, es en el área urbana donde el maltrato es mayor: 38,1 por ciento, frente a 29,2 por ciento en el sector rural. Interrogado por SEMlac al respecto, Renán Quispe, jefe del INEI, dijo que podría ser porque en la ciudad existe una mejor percepción de lo que es el maltrato y no así en el campo.
Por ejemplo —anotó— los insultos o la violencia psicológica puede que no sean considerados maltratos por los hombres ni mujeres del campo, pero sí en la ciudad.
El caso más emblemático ha sido el de Elizabeth Alanya, una mujer a la que su pareja le arrojó agua hirviendo en la cara y cuerpo, desfigurándola. A pesar de que el agresor se encuentra detenido, podría ser excarcelado si su delito no es calificado como "lesión grave" por el juez.
Alanya, quien estuvo internada casi un mes en un hospital del estado por las lesiones sufridas, tendrá que someterse a un injerto de piel y está incapacitada de volver a su centro de trabajo. Ha sido elegida como "mujer símbolo" contra la violencia y, sin embargo, ha denunciado a la prensa que su pareja la sigue amedrentando y amenazando por teléfono desde la prisión.
En el Perú, la violencia doméstica es considerada una falta y no un delito. Una Comisión Revisora del Congreso está examinando la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, en la que se contemplan diversas medidas, como tipificar el feminicidio y sancionarlo con prisión efectiva de 20 a 25 años y la pérdida de la patria potestad del agresor sobre los hijos.
También prevé la publicación de un Registro de Sentenciados por maltrato físico y/o psicológico. "La idea es que los agresores que figuren en este registro no puedan trabajar en lugares que tengan que ver con la seguridad ni portar o comprar armas", explicó a SEMlac la congresista Alda Lazo, una de las impulsoras de las modificaciones.
También se ha previsto la instalación de brazaletes electrónicos a los denunciados por agresión a sus parejas o hijos. Según Lazo, ello impediría que los agresores se acerquen a sus víctimas.
No obstante, Patricia Zanabria, del Movimiento Manuela Ramos, comentó que si bien estas medidas son importantes desde el punto de vista persuasivo y preventivo, el problema de la violencia doméstica necesita un abordaje muy específico, que permita visibilizar la verdadera situación de la mujer.
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