Un grupo de mujeres entregó hoy al Gobierno de Nicaragua miles de firmas recogidas en Europa por la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) para demandar la restitución del aborto terapéutico en este país centroamericano.Las firmas fueron entregadas en la Secretaría General del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que sirve de Casa de Gobierno, por dirigentes del Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico y recibidas por un delegado del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
El grupo de mujeres entregó una muestra de las 37.000 rúbricas recogidas al término de un recorrido de unos 500 metros por las calles de la capital, hasta llegar a las inmediaciones de la sede sandinista, donde también entregaron una muestra de 6.000 postales enviadas por activistas de AI en solidaridad con Nicaragua.
"Esperamos que el presidente Ortega tome medidas en el sentido de cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales que han mandado al Estado de Nicaragua ajustar la legislación en materia de aborto (terapéutico) para poder salvar la vida de las mujeres", dijo a Efe Wendy Flores, de la comisión coordinadora del grupo.
Flores dijo que en Nicaragua han muerto mujeres por "tener prohibido el aborto, por negarles el acceso a servicios de salud" y acusó al Gobierno de no brindar datos sobre muertes maternas asociadas al aborto terapéutico.
"Esperamos que el Gobierno, con su ánimo de solidaridad y respetando lo cristiano que dice que es, despenalice el aborto terapéutico para salvar la vida de un montón de mujeres y no queden más niños en la orfandad", declaró por su lado a Efe Mayte Ochoa, también dirigente.
Durante la manifestación se corearon consignas a favor de la restitución inmediata del aborto terapéutico para defender la vida y la salud de las mujeres.
En medio de la campaña electoral de 2006, que ganó Ortega, el Parlamento nicaragüense escuchó las peticiones de las iglesias católica y evangélica y prohibió el aborto terapéutico, que estaba permitido en el Código Penal desde hacía más de un siglo para casos de peligro para la madre.
La legislación facultaba a practicar este tipo de interrupción del embarazo si era "determinado científicamente", y consentido por el "cónyuge o pariente más cercano a la mujer".
Esa decisión ha sido criticada por la asociación de médicos de Nicaragua, grupos de mujeres, la organización Human Rights Watch, la ONU y la Unión Europea, que han demandado una mayor discusión sobre el tema.
Un grupo de mujeres interpuso un recurso de inconstitucional contra esta prohibición en enero de 2007 ante la Corte Suprema de Justicia, que aún no se ha pronunciado.
Fuente: EFE
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