Por Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC).- En América Latina, es necesario que los Estados garanticen servicios de calidad en salud, cuidado infantil y protección social a las mujeres, con el fin de eliminar su sobrecarga de trabajo en el hogar, y potenciar su participación en el empleo remunerado, coincidieron especialistas durante la Octava Reunión Internacional, Estadísticas sobre Uso del Tiempo y Políticas Públicas.
A pesar de que la participación laboral de las mujeres ha ido en aumento, ésta se ha concentrado en el trabajo informal. En México, por ejemplo, más del 60 por ciento de las mujeres se ocupan en ese sector, mientras que la participación de los hombres en la informalidad se calcula en 50 por ciento, informó Claudia Piras, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En su exposición “El dividendo de género: cómo capitalizar el trabajo de las mujeres”, la funcionaria del BID refirió que a pesar de las fluctuaciones económicas, la inserción de las latinoamericanas al mercado del trabajo ha sido constante.
Este hecho se refleja en el aporte de ingresos de las mujeres a los hogares de la región, el cual asciende a un promedio de 40 por ciento, aunque en algunas naciones, como Jamaica, el aporte de sus ciudadanas es del 60 por ciento.
No obstante, la inserción femenina al mundo del trabajo, no representó una disminución en las horas que destinan al cuidado familiar y las labores del hogar. Este hecho, significa una limitante para que las latinoamericanas puedan acceder a empleos de jornadas completas y mejores salarios, principalmente quienes requieren de mayores recursos.
Según datos del BID, 19 por ciento de las mujeres que perciben los ingresos más bajos, considera que el cuidado de dependientes y de las labores domésticas, no le permite tener un empleo remunerado, mientras que sólo un 6 por ciento de las que se ubican en los estratos económicos más altos, tiene esta opinión.
Claudia Piras manifestó que las latinoamericanas tienen la mayor responsabilidad del cuidado de los dependientes, y del trabajo doméstico, el cual es un “factor limitante muy claro” para su desarrollo económico y el de la región misma.
Consideró que esta tendencia debe revertirse de manera urgente, mediante políticas que reduzcan la carga del cuidado de dependientes (menores de edad, personas enfermas, con alguna discapacidad o adultas mayores), con acciones como las licencias de paternidad.
También, debe plantearse un nuevo pacto social en el que los Estados de la región asuman su responsabilidad social con el bienestar de las familias, que debe consistir en brindar servicios de cuidado infantil, de salud y protección social independiente de la relación laboral.
Además, los gobiernos de la región deben trabajar en la construcción de la infraestructura suficiente que garantice a su población el acceso a servicios como el agua y el gas, pues la falta de éstos significa mayores cargas de trabajo para las mujeres, sobre todo para las habitantes de zonas rurales.
Al respecto, Ana Güezmes, directora Regional de la Oficina del Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, dijo que las políticas públicas respecto al uso del tiempo, no sólo se reducen al ámbito de trabajo, están vinculadas con otros aspectos como: vivienda digna y servicios públicos de calidad como el transporte.
En este sentido, las encuestas de uso del tiempo permiten conocer cuáles son las necesidades. Y este conocimiento puede tener un impacto significativo en las políticas públicas si se realizan desde una perspectiva de género, afirmó Güezmes.
“Conectar la importancia del trabajo remunerado y del no remunerado”, involucra ampliar igualdad de oportunidades, poder, recursos, tiempo”, mencionó.
En América Latina, donde las sociedades son altamente desiguales, se requieren “sistemas sociales universales, mejorar acceso y calidad del empleo, regulación urgente del trabajo doméstico, incrementar políticas públicas de cuidado infantil, cobertura de salud y pensiones”, añadió la funcionaria de UNIFEM.
También se necesita la ampliación horarios en escuelas de educación básica, en el comercio, lugares de ocio y de transporte, a fin de responder a la internacionalización discriminatoria del trabajo del cuidado, ésta responsabilidad corresponde principalmente a los Estados de la región, concluyó la especialista.
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