lunes, julio 19, 2010

De división sexual del trabajo a un nuevo pacto...

Estrella Gutiérrez entrevista a GLADYS ACOSTA, jefa regional de Unifem
(IPS) - "Vivimos una transición de un modelo basado en una inflexible división sexual del trabajo a un nuevo pacto social, con roles más igualitarios para hombres y mujeres", aseguró Gladys Acosta, jefa de Unifem para América Latina y el Caribe, en entrevista con IPS.
Acosta, una abogada y socióloga peruana con tres décadas de lucha feminista, sintetizó así su percepción sobre los debates en la XI Conferencia Regional sobre la Mujer, convocada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y celebrada entre los días 13 y 16 en Brasilia.
La conferencia concluyó con el llamado Consenso de Brasilia, que fija las prioridades regionales a favor de la equidad de género hasta 2013, cuando se realizará en Santo Domingo el próximo encuentro, dijo la jefa regional de Unifem (Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer).

El documento considera que es "inaplazable" desmantelar las bases que sostienen esa división sexual del trabajo, con "una nueva ecuación entre el Estado, la sociedad, el mercado y las familias".

IPS: ¿Por qué el Consenso de Brasilia da protagonismo al empoderamiento económico de las mujeres?
GLADYS ACOSTA: En los últimos tres años estudios ilustraron profundamente sobre el impacto que este tema tiene en la agenda de género, y se pudo visualizar, por ejemplo, que la protección social que perciben las mujeres no alcanza aún para volverlas actoras económicas de pleno derecho.
Ellas estudian más, hay incluso una feminización de las universidades, están ahora mejor preparadas que los varones. Pero el mercado laboral sigue sin absorberlas adecuadamente, su presencia en el sector formal, donde hay derechos laborales, es muy baja. El gran logro en educación, sin una consecuente inserción laboral, es como retenerlas en la entrada.



IPS: ¿Y por qué no entran?

GA: Hay un asunto clave. El uso del tiempo, generado por el concepto de la división sexual del trabajo: los hombres se ocupan de lo público y las mujeres de lo privado. Ellos son proveedores y ellas cuidadoras.

Persiste la noción de que las mujeres deben encargarse de lo conectado con la reproducción humana y de la esfera del cuidado (de niños, enfermos y ancianos), y recae en ellas como trabajo no remunerado. La sociedad se beneficia de una altísima proporción del trabajo no remunerado que ejercen las mujeres por ser mujeres.

Eso pesa tanto en sus vidas que a la hora de trabajar su gran preocupación es cómo compaginar trabajo y cuidado de la familia.

Además, el mercado laboral cambió mucho, nunca hubo tantas médicas o abogadas, por ejemplo. Pero curiosamente cuando se feminiza una profesión caen sus remuneraciones. Los patrones culturales siguen orientando la segmentación del estudio y de los ingresos.

Emerge otro elemento muy interesante, el de las mujeres sin ingresos propios. Al profundizar, resulta que son las cuidadoras por excelencia, las más recargadas con esa tarea no remunerada.

IPS: ¿Cómo dar valor económico a ese trabajo?

GA: Hay que monetarizarlo de alguna manera para saber su peso, pero no para que se dé un sueldo a las mujeres y fin del problema.

Si llegásemos algún día a dar un salario a las mujeres cuidadoras y nos quedásemos ahí, sería muy negativo porque consolidaríamos una desigualdad.

No queremos eso, pero sí un acto de justicia. Las mujeres que pasan su vida cuidando a otras necesitan un reconocimiento del Estado de que su función merece apoyo económico. Debemos alentar leyes sobre ello.

IPS: ¿Ese reconocimiento en que se traduciría?

GA: En seguridad social o algún tipo de asignación. Están apareciendo legislaciones aunque bastante imperfectas. Pero no importa, lo importante es comenzar.

Por ejemplo, en Bolivia crearon una jubilación universal. Las personas con 60 años o más que nunca tuvieron ingresos, tendrán una pensión, llamada de la dignidad. Y se multiplicarán iniciativas similares, porque ésta dejo de ser una discusión de las mujeres para ser una discusión de los Estados y de las sociedades.

IPS: ¿Y cómo impulsar la autonomía económica y la inserción laboral?

GA: Las mujeres deben ser trabajadoras a la par de los varones, bajo el principio de igual ingreso para igual trabajo, porque son capaces y objetivamente más preparadas.

Se trata de dinamizar su incorporación a la economía, como ciudadanas activas, con derechos al trabajo y, paralelamente, a una protección cuando se dedican a la maternidad o el cuidado.

Tienen que aumentar su presencia en el área pública, especialmente en la política, porque sin participación de las mujeres en todas las esferas del poder, desde la más local a la jefatura del Estado, no habrá cambios.

Hay que romper otro techo de cristal, el de la falta de conciliación de trabajo y familia. No traspasan un nivel por la responsabilidad de cuidar la familia y por un patrón cultural que mantiene al hombre como el proveedor principal y al ingreso femenino como complemento. Y ya no es así. En promedio, 30 por ciento de las jefaturas de hogar son femeninas en la región.

Mujeres y hombres comparten ya el aporte de ingresos y vivimos una transición civilizatoria donde ellos compartirán mucho más las tareas domésticas y ellas estarán mucho más presentes en la política y la economía.

Pero es un cambio lento y tiene inercia contraria, porque el estatus quo precedente jala hacia atrás. Por eso los estados tienen que asumir una tarea muy proactiva y multiplicar acciones positivas y romper la inercia de la desigualdad.

IPS: ¿Pero los estados tienen la voluntad?

GA: La voluntad política es una construcción, depende de ciertas condiciones. Cuanto más democrática y abierta sea una sociedad, más fácil el cambio.

La relación entre el Estado y la sociedad es clave, porque cuando el Estado se vuelve autista y el gobierno se cierra y no permite la participación popular, todo se dificulta.

Debemos vigilar los vínculos del Estado con la sociedad y también con la esfera de lo privado y con el mundo económico, porque la política de empleo, por ejemplo, depende de la relación entre el Estado y el mercado.

IPS: ¿Entonces, hay razones para el optimismo?

GA: Absolutamente. Estamos en una transición de un modelo basado en una inflexible división sexual del trabajo a un nuevo pacto social, con roles más igualitarios para hombres y mujeres.

Se va a borrar tal división porque llegan generaciones masculinas más sensibles en temas como la paternidad o compartir tareas. Es un cambio civilizatorio y esta región está avanzada ante las novedades. La propia visión de género de las mujeres está ahora abierta a los varones.

Es algo imparable. Entramos en un nuevo trato y nuevos paradigmas, para beneficio de toda la sociedad, porque cuando mejoran derechos de sectores discriminados, mejoran los derechos de todos.

Eso sí, de Brasilia salimos con la convicción de que hay que acelerar el paso. (IPS) - "Vivimos una transición de un modelo basado en una inflexible división sexual del trabajo a un nuevo pacto social, con roles más igualitarios para hombres y mujeres", aseguró Gladys Acosta, jefa de Unifem para América Latina y el Caribe, en entrevista con IPS.

Acosta, una abogada y socióloga peruana con tres décadas de lucha feminista, sintetizó así su percepción sobre los debates en la XI Conferencia Regional sobre la Mujer, convocada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y celebrada entre los días 13 y 16 en Brasilia.

La conferencia concluyó con el llamado Consenso de Brasilia, que fija las prioridades regionales a favor de la equidad de género hasta 2013, cuando se realizará en Santo Domingo el próximo encuentro, dijo la jefa regional de Unifem (Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer).

El documento considera que es "inaplazable" desmantelar las bases que sostienen esa división sexual del trabajo, con "una nueva ecuación entre el Estado, la sociedad, el mercado y las familias".

IPS: ¿Por qué el Consenso de Brasilia da protagonismo al empoderamiento económico de las mujeres?

GLADYS ACOSTA: En los últimos tres años estudios ilustraron profundamente sobre el impacto que este tema tiene en la agenda de género, y se pudo visualizar, por ejemplo, que la protección social que perciben las mujeres no alcanza aún para volverlas actoras económicas de pleno derecho.

Ellas estudian más, hay incluso una feminización de las universidades, están ahora mejor preparadas que los varones. Pero el mercado laboral sigue sin absorberlas adecuadamente, su presencia en el sector formal, donde hay derechos laborales, es muy baja. El gran logro en educación, sin una consecuente inserción laboral, es como retenerlas en la entrada.

IPS: ¿Y por qué no entran?

GA: Hay un asunto clave. El uso del tiempo, generado por el concepto de la división sexual del trabajo: los hombres se ocupan de lo público y las mujeres de lo privado. Ellos son proveedores y ellas cuidadoras.

Persiste la noción de que las mujeres deben encargarse de lo conectado con la reproducción humana y de la esfera del cuidado (de niños, enfermos y ancianos), y recae en ellas como trabajo no remunerado. La sociedad se beneficia de una altísima proporción del trabajo no remunerado que ejercen las mujeres por ser mujeres.

Eso pesa tanto en sus vidas que a la hora de trabajar su gran preocupación es cómo compaginar trabajo y cuidado de la familia.

Además, el mercado laboral cambió mucho, nunca hubo tantas médicas o abogadas, por ejemplo. Pero curiosamente cuando se feminiza una profesión caen sus remuneraciones. Los patrones culturales siguen orientando la segmentación del estudio y de los ingresos.

Emerge otro elemento muy interesante, el de las mujeres sin ingresos propios. Al profundizar, resulta que son las cuidadoras por excelencia, las más recargadas con esa tarea no remunerada.

IPS: ¿Cómo dar valor económico a ese trabajo?

GA: Hay que monetarizarlo de alguna manera para saber su peso, pero no para que se dé un sueldo a las mujeres y fin del problema.

Si llegásemos algún día a dar un salario a las mujeres cuidadoras y nos quedásemos ahí, sería muy negativo porque consolidaríamos una desigualdad.

No queremos eso, pero sí un acto de justicia. Las mujeres que pasan su vida cuidando a otras necesitan un reconocimiento del Estado de que su función merece apoyo económico. Debemos alentar leyes sobre ello.

IPS: ¿Ese reconocimiento en que se traduciría?

GA: En seguridad social o algún tipo de asignación. Están apareciendo legislaciones aunque bastante imperfectas. Pero no importa, lo importante es comenzar.

Por ejemplo, en Bolivia crearon una jubilación universal. Las personas con 60 años o más que nunca tuvieron ingresos, tendrán una pensión, llamada de la dignidad. Y se multiplicarán iniciativas similares, porque ésta dejo de ser una discusión de las mujeres para ser una discusión de los Estados y de las sociedades.

IPS: ¿Y cómo impulsar la autonomía económica y la inserción laboral?

GA: Las mujeres deben ser trabajadoras a la par de los varones, bajo el principio de igual ingreso para igual trabajo, porque son capaces y objetivamente más preparadas.

Se trata de dinamizar su incorporación a la economía, como ciudadanas activas, con derechos al trabajo y, paralelamente, a una protección cuando se dedican a la maternidad o el cuidado.

Tienen que aumentar su presencia en el área pública, especialmente en la política, porque sin participación de las mujeres en todas las esferas del poder, desde la más local a la jefatura del Estado, no habrá cambios.

Hay que romper otro techo de cristal, el de la falta de conciliación de trabajo y familia. No traspasan un nivel por la responsabilidad de cuidar la familia y por un patrón cultural que mantiene al hombre como el proveedor principal y al ingreso femenino como complemento. Y ya no es así. En promedio, 30 por ciento de las jefaturas de hogar son femeninas en la región.

Mujeres y hombres comparten ya el aporte de ingresos y vivimos una transición civilizatoria donde ellos compartirán mucho más las tareas domésticas y ellas estarán mucho más presentes en la política y la economía.

Pero es un cambio lento y tiene inercia contraria, porque el estatus quo precedente jala hacia atrás. Por eso los estados tienen que asumir una tarea muy proactiva y multiplicar acciones positivas y romper la inercia de la desigualdad.

IPS: ¿Pero los estados tienen la voluntad?

GA: La voluntad política es una construcción, depende de ciertas condiciones. Cuanto más democrática y abierta sea una sociedad, más fácil el cambio.

La relación entre el Estado y la sociedad es clave, porque cuando el Estado se vuelve autista y el gobierno se cierra y no permite la participación popular, todo se dificulta.

Debemos vigilar los vínculos del Estado con la sociedad y también con la esfera de lo privado y con el mundo económico, porque la política de empleo, por ejemplo, depende de la relación entre el Estado y el mercado.

IPS: ¿Entonces, hay razones para el optimismo?

GA: Absolutamente. Estamos en una transición de un modelo basado en una inflexible división sexual del trabajo a un nuevo pacto social, con roles más igualitarios para hombres y mujeres.

Se va a borrar tal división porque llegan generaciones masculinas más sensibles en temas como la paternidad o compartir tareas. Es un cambio civilizatorio y esta región está avanzada ante las novedades. La propia visión de género de las mujeres está ahora abierta a los varones.

Es algo imparable. Entramos en un nuevo trato y nuevos paradigmas, para beneficio de toda la sociedad, porque cuando mejoran derechos de sectores discriminados, mejoran los derechos de todos.

Eso sí, de Brasilia salimos con la convicción de que hay que acelerar el paso.

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