En 1931 se estableció el sufragio universal y las mujeres españolas empezaron a ser consideradas ciudadanas de pleno derecho. Las reformas políticas y sociales que se produjeron propiciaron que el ámbito público de participación contase con la intervención femenina.
La Segunda República hizo posible que la libertad, el progreso y la cultura se difundiesen. Gracias a las leyes promulgadas las mujeres lograron su independencia económica, legal y sexual y obtuvieron el derecho al voto. El Estado asumió la regulación del trabajo femenino y de protección de la maternidad, se creó el Seguro Obligatorio de Maternidad. Se le concedió a la mujer el derecho a la patria potestad, se otorgó validez al matrimonio civil, se suprimió el delito de adulterio (aplicado sólo a ellas) y se legalizó el divorcio por muto acuerdo.
El régimen de Franco, con el apoyo incondicional de la Iglesia Católica, puso fin a los avances conseguidos y sometió a las mujeres a una situación de desigualdad e inferioridad manifiesta. La dictadura franquista eliminó por orden ministerial la coeducación e igual suerte corrieron el divorcio y el matrimonio civil. Bajo la doctrina nacionalcatolicista las mujeres tuvieron que soportar recortes de sus derechos en el ámbito educativo, en el laboral y por supuesto en el político, llegando a carecer de igualdad jurídica.
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