Por: Norma Loto(SEMlac).- Una reciente reglamentación de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dispone la creación de un Banco de Datos Genéticos que incluirá un Registro de Condenados, con las huellas genéticas de las personas que hayan delinquido contra la vida y la integridad sexual.
La iniciativa tiene por objeto "facilitar el esclarecimiento de los hechos sometidos a investigación judicial, particularmente en cuanto a la individualización de las personas responsables".
El futuro registro además plantea "identificar y contribuir al paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas, y resolver controversias judiciales en relación a la identidad de autores de hechos delictivos".
Esta medida está recogida dentro de la Ley provincial 13.869, que indica que en ese banco de datos se "incluirán los resultados de los estudios genéticos realizados en todas las investigaciones penales efectuadas en los términos y con las garantías del Código de Procedimiento Penal, especialmente en las que se investiguen delitos contra la vida, la integridad sexual, la identidad o la libertad de las personas".
Además, la Ley provincial indica que la información de ese Banco de Datos será secreta y sólo podrán acceder a ella el Ministerio Público y los magistrados que intervengan en las causas.
Si bien esta acción contempla el ámbito provincial, existen proyectos que intentan que una medida similar abarque todo el territorio nacional.
La iniciativa de un Banco de Datos está inspirada en la denominada "Ley Megan", vigente en Estados Unidos. Esta norma fue promulgada en 1996 durante la presidencia de Bill Clinton y lleva el nombre de la niña Megan Kanka, que fue violada y luego asesinada.
Quienes defienden la iniciativa manifiestan que será útil para evitar la posible reincidencia de los autores de delitos contra la integridad sexual.
En esta línea se encuentra Isabel Yaconis, madre de Lucila, que en 2003 fue violada y asesinada en un barrio porteño. Ella manifestó a SEMlac que es necesario el Banco de Datos porque constituye una herramienta que brinda la posibilidad de encontrar a quien haya delinquido.
En cambio, la diputada nacional Fernanda Gil Lozano manifestó a SEMlac su desacuerdo con una medida de ese tipo porque sería "inconstitucional y estigmatizante", aunque reconoce que el asunto merece un análisis profundo.
"Existen cuestiones constitucionales por analizar. Nuestro Código Penal considera que si una persona cumplió su pena, no puede ser estigmatizada después. Eso sería discriminatorio, además de ir en contra de tratados internacionales a los que la Argentina está adherida. Un Registro de Violadores, no avanza en la prevención del delito", concluyó Gil Lozano ante SEMlac.
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