Por: Alba Trejo /SemlacMujer, hombre, mujer, hombre: esa es la forma en que las guatemaltecas buscan que queden integrados los listados a candidatos y candidatas a cargos populares en las próximas elecciones de 2011.
Los motivos van más allá de los números: será propuesta al pleno del Congreso de la República una reforma a la ley de partidos políticos que también incorpore no sólo la variable de género, sino la étnica.
"Este es un reto al machismo predominante en esta nación, donde los diputados que han ocupado una curul se mofan de las mujeres y, peor, si son indígenas, al considerarlas incapaces de entender una ley", dijo a SEMlac Delia Bac presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República.
Las palabras de Bac se refuerzan con números: de 332 alcaldías existentes, apenas seis están ocupadas por mujeres, mientras que de 158 diputaciones, únicamente 19 de ellas se sientan en una curul.
En las elecciones de 2007 se evidenció que las mujeres siguen siendo las más marginadas en la política guatemalteca, pese a que conforman 52 por ciento de los 14 millones de habitantes de esta nación centroamericana. En esa ocasión, el Tribunal Supremo Electoral reportó que los partidos políticos sólo inscribieron a 74 candidatas a diputadas, en contraste con 288 hombres.
Un análisis del documento "Las mujeres no queremos soñar", publicado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en 2004, demuestra que la discriminación y marginalidad contra la mujer no pierde vigencia.
Ese informe señaló, en su momento, que también en el organismo judicial, a medida que el cargo es más alto, disminuye el número de mujeres. Indicó además que, para ese período, en la Corte Suprema de Justicia la cuota la establecieron dos mujeres en contraposición con 11 hombres magistrados. Actualmente, el total de magistradas es similar.
De ahí que esta sea la primera vez que se presenta una iniciativa de ley para equilibrar las cuotas de poder en 50 por ciento, y también se incorpora a las mujeres de los pueblos mayas.
La reforma también contempla la incorporación igualitaria de mujeres en los órganos internos de todas las instituciones reguladas por la presente ley, como la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y los Ministerios del Ejecutivo.
La última propuesta de una reforma de este tipo fue presentada hace tres años y en ella se solicitaba 44 por ciento de mujeres en los listados de cuotas de poder. Ese intento, sin embargo, fracasó.
La iniciativa ya se encuentra incluida en la agenda legislativa para 2009 y destaca que el Registro de Ciudadanos rechazará la inscripción de las planillas que no llenen las especificaciones del artículo reformado en la ley de partidos políticos.
El documento, presentado por la Comisión de la Mujer, señala que el orden de postulación deberá alternarse entre mujer y hombre, en las casillas. Delia Bac señaló que tanto la sociedad civil como las diputadas se esfuerzan para se apruebe.
"Si es necesario, llenaremos el Congreso con 25.000 mujeres o más para respaldar la aprobación de la reforma a la ley de partidos políticos", destacó la diputada.
En declaraciones a SEMlac, el presidente del Congreso de la República, Roberto Alejos, reconoció que las mujeres son una parte esencial en el quehacer político del país, por lo que se comprometió con la sociedad civil a incorporar antes de fin de año la propuesta, para someterla a discusión en el pleno.
Carmen López, de la Convergencia Cívico Política de Mujeres, calificó la iniciativa de novedosa "porque es un hito mundial, muy moderna y, sobre todo, muy democrática, pues incluye no sólo una cuota de género, sino la variable étnica".
En la actualidad, únicamente cuatro mujeres de las 19 en el Congreso de la república son indígenas, y sólo una de los 332 alcaldes es de origen maya.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas calificó de dramática la presencia femenina en los puestos de poder y, aún más, en las propuestas de los partidos políticos para promoverlas a cargos de decisión.
La mujer rural en este país centroamericano ha sido marginada históricamente. Para muestra, según el Instituto Nacional de Estadísticas, sólo 48,3 por ciento de ellas, que conforman 60 por ciento de los habitantes del país, están alfabetizadas, frente a 64,1 por ciento de los hombres. En el actual gobierno, no hay ninguna mujer indígena dirigiendo un alto cargo.
Entre los compromisos asumidos tras la firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, en 1996, se propuso la reforma para incrementar la participación femenina en los puestos de elección popular y, en consecuencia, que más mujeres ocupen cargos públicos. Después de 13 años, la situación no ha cambiado.
Las guatemaltecas obtuvieron el derecho al voto femenino en 1945 y estaba limitado a quienes sabían leer y escribir, pero en 1965 este derecho se amplió a las analfabetas.
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