Por: Ángela Castellanos Aranguren / SemlacLos Estados de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú aún presentan debilidades en el tratamiento y en los organismos rectores de las políticas de género, según concluyó el Informe Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género.
El documento, difundido hace unas semanas, analiza la situación de los derechos humanos de las mujeres, a la luz de los estándares internacionales en estas seis naciones durante el período de 2004 a 2008.
La iniciativa fue promovida por la Articulación Feminista, integrada por la Corporación Humanas (de Colombia, Chile y Ecuador), la Asociación Coordinadora de la Mujer (de Bolivia), DEMUS-Estudio para los Derechos de la Mujer (de Perú) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA (de Argentina).
"Las políticas públicas de género, en general, son muy asistencialistas, en las que las mujeres son vistas como sectores vulnerables de la población, no como agentes de derechos y ciudadanas. Por ello, no atienden necesidades estratégicas de las mujeres, como garantizar la igualdad de oportunidades", afirmó a SEMlac Cecilia Barraza, directora de la Corporación Humanas-Colombia.
Barraza explicó que los organismos rectores de las políticas públicas de género no se comunican al mismo nivel con el resto del aparato del Estado y, por tanto, generan acciones aisladas. "Estos organismos son válidos, el problema es que no tienen una jerarquía central en la estructura estatal", sentenció.
Adicionalmente, la incorporación de la "transversalidad", es decir que el enfoque de género debe estar presente en todas las políticas públicas, ha llevado a que no se pueda medir el impacto de estas políticas en las mujeres, agregó Barraza.
El informe sostiene que, a pesar del crecimiento económico registrado durante el cuatrienio estudiado, "los sistemas políticos han sido incapaces de asegurar el imperio de la ley y de garantizar la igualdad y autonomía de las mujeres y el acceso de la justicia para todos y todas".
Según el reporte, existe una falta de "protección integral" y de "reconocimiento explícito" de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales, tales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo facultativo.
Si bien la mayoría de los seis países han ratificado este tratado —aunque Chile no ha ratificado el Protocolo Facultativo— y lo han desarrollado en normativas internas, el estudio asegura que "todavía, amplios sectores de la población y en particular las mujeres, siguen sufriendo las consecuencias de políticas públicas que tienen graves falencias en la implementación de los estándares internacionales de derechos humanos en el conjunto de la intervención estatal".
Un ejemplo de esto se da en la participación política de las mujeres, que si bien ha aumentado como consecuencia de la ley de cuotas para cargos de elección o de designación que existen en estos países —con excepción de Chile—, tal incremento no se ha traducido en un salto a la igualdad entre mujeres y hombres, ni tampoco en que los intereses de ellas tengan voceras en los niveles decisorios de los Estados.
Esto último, en razón de que "la mayoría de las mujeres que llegan a ocupar cargos de poder no tienen en particular un compromiso con las mujeres ni menos están interesadas en representar el interés de ellas o iniciativas que impulsen la igualdad de género", señala el informe.
No obstante, menciona como excepciones el caso de la bancada parlamentaria femenina de Colombia y la Comisión Especial Banca de la Mujer en Argentina.
En el tema de la violencia contra las mujeres, el informe resalta que "en la región existe un mayor conocimiento de instrumentos de derechos humanos y una mejor activación de los mecanismos internacionales y nacionales de protección".
No obstante, señala que, pese a la promulgación de normas para la prevención y erradicación de la violencia, estas no han redundado en una disminución significativa de casos.
Con base en la revisión de los reportes nacionales, el informe regional concluye que "las políticas, programas y servicios estatales de apoyo a las mujeres víctimas de violencia en sus diferentes manifestaciones son reducidos, no abarcan todo el territorio nacional, están sujetos a los cambios políticos careciendo de continuidad y abarcan sólo algunas manifestaciones de la violencia contra las mujeres".
"Es importante destacar que han aumentado las denuncias, esto es un avance en el empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, el tema de la violencia contra las mujeres aún no genera un rechazo masivo de la población. Hacen falta campañas sociales más fuertes", añade Barraza.
Sin embargo, las denuncias pocas veces conducen a la sanción del agresor. El informe señala que los procedimientos para atender casos de violencia sexual y familiar se desarrollan lentamente, las medidas de protección para las víctimas no se dan de manera oportuna y existe un algo grado de impunidad frente a casos de violencia psicológica y sexual.
Además, son insuficientes los mecanismos para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, especialmente a las de menores recursos y de zonas rurales.
De los países de la región en que se han desarrollado procesos de reparación, el informe destaca a Guatemala y Perú, donde se indemnizaron a víctimas de violencia sexual, aunque se dejaron de lado otras formas de reparación. En Colombia, el diseño de estos procedimientos está en construcción.
La investigación también hace énfasis en el aspecto laboral regional, donde las mujeres, además de obtener menores ingresos por igual trabajo y ser más en las filas de desempleados, también son mayoría en los puestos precarios, es decir aquellos a tiempo parcial, y en la economía informal, con la consecuente desprotección social.
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