Por: Sandra Chaher
Las declaraciones a favor de la despenalización del aborto hechas por Carmen Argibay, jueza de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, y la presentación del libro “El aborto en debate”, de la periodista Mariana Carbajal, fueron dos hechos que sobresalieron durante el seminario internacional “El aborto: sus diferentes realidades”, organizado por Católicas por el Derecho a decidir de buenos Aires, realizado aquí la semana pasada.
La jueza Carmen Argibay, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una defensora histórica del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. En su conferencia destacó la importancia de enmarcar el derecho al aborto dentro del acceso pleno a los derechos sexuales y reproductivos, que incluyen: educación sexual, anticoncepción y derecho a decidir en caso de un embarazo no deseado; éstos, afirmó, “son parte de un todo al que las mujeres deberíamos tener acceso de manera integral.”
En este sentido, la jueza acusó a la Iglesia católica de empeñarse en obstaculizar el acceso a los tres puntos señalados e indicó que el artículo 86 del Código Penal --que tipifica las causales de aborto-- debe reformarse, de tal manera que abarque cualquier tipo de violación. Asimismo, criticó a “algunos grupos que buscan empañar la discusión del aborto haciendo imposible el debate. No dejan discutir las ideas básicas, a mí me han gritado muchas veces asesina, abortista. Ese no es un argumento. Somos pro-libertad de decidir. No somos abortistas. Abortistas son los que no quieren que nazca ningún bebé”, subrayó.
En 2008 y 2009 Artemisa Comunicación realizó un monitoreo de cuatro periódicos nacionales y seis provinciales para analizar cómo se desarrollaba la cobertura de los temas de aborto –en el marco, además, de un proyecto de Católicas por el Derecho a Decidir de Córdoba- y una de las conclusiones es justamente que la cobertura es subjetiva y poco informada, anclada en las secciones de opinión, cartas de lectores/as y editoriales, coincidente con el análisis que hace la jueza Argibay sobre la necesidad de que el debate social esté apoyado en la discusión argumentada y con datos, y no en la polémica subjetiva y poco clara.
CONSECUENCIAS DE ABORTOS INSEGUROS
También ponente en el seminario, el ginecólogo brasileño Jefferson Dresset es director del Servicio de Aborto del Hospital Pérola Byington, de San Pablo, Brasil, donde desde 1990 a las mujeres violadas se le reconoce el derecho de interrumpir un embarazo no deseado; el primer aborto hospitalario se hizo en 1989 y desde entonces los servicios en todo el país fueron creciendo.
Según estadísticas de 2006, actualmente existen 702 ciudades con al menos un servicio de aborto. En el Hospital Byington se practicaron 705 interrupciones del embarazo entre 1994 y 2008, el 27 por ciento en niñas y adolescentes, y en ningún caso hubo complicaciones ni muertes.
Dresset también puso ejemplos de otros países para demostrar que la prohibición del aborto no disminuye su práctica, pero sí aumenta el riesgo en la salud y la vida de las mujeres. Uno de los más contundentes es el de Rumania, donde el aborto fue penalizado en 1966 bajo el régimen de Nicolás Ceauşescu. Las consecuencias: el aumento de la natalidad pero también de la mortalidad de mujeres gestantes, debido a los abortos inseguros.
Cuando en 1989 el aborto fue nuevamente legalizado, la tasa de MM (muerte materna) descendió abruptamente. El 95 por ciento de los abortos inseguros --que se realizan en condiciones riesgosas para la salud o la vida de la mujer-- se producen en los países en desarrollo donde el aborto legal está totalmente prohibido o permitido por pocas causales, como Argentina y Brasil.
Muchas de esas interrupciones inseguras del embarazo provocan graves consecuencias para la salud de las mujeres y muchas otras terminan en muertes. Según datos de la Organización Mundial de la Salud retomados por Dresset, cada siete minutos muere en el mundo una mujer a consecuencia de un aborto inseguro.
El seminario reunió también a legisladoras con el objetivo de revelar el estado parlamentario de los proyectos vinculados con el tema. Silvia Augsburguer, diputada nacional por el Partido Socialista, se retira en diciembre pero comprometió el apoyo de su compañero Miguel Ramos para acompañar el proyecto de la Campaña por el Derecho al Aborto que prevé la interrupción legal del embarazo y que necesita recuperar estado parlamentario el año próximo. A la vez, María Luis Storani, diputada nacional electa por el Acuerdo Cívico y Social, se comprometió a sumar a otras diputadas electas por el radicalismo.
El seminario concluyó con la presentación del libro “El aborto en debate. Aportes para una discusión pendiente”, donde la periodista Mariana Carbajal recopila entrevistas, notas y temas tratados durante los últimos cuatro años en coberturas para el diario Página 12. La presentación dio oportunidad para recordar algunos casos de mujeres que pidieron el acceso al aborto en los últimos años, pero con base en las casuales permitidas por el actual código penal argentino, y que deben enfrentarse a muchísimas dificultades porque el Estado no les proporciona el acceso al derecho que la ley les otorga.
El libro, si bien fue escrito por Carbajal, y está basado en sus artículos, surgió de la propuesta de Marta Alanís, directora de Católicas por el Derecho a Decidir de Córdoba, y el movimiento de mujeres lo utilizará como herramienta para sostener el tema en agenda y avivar el debate social en un país donde, según investigaciones del Centro de Estudios para el Estado y la Sociedad, entre el 44 y el 62 por ciento de la población está de acuerdo con al despenalización del aborto, y el 95 por ciento está a favor de que mujeres y varones sean quienes decidan cuándo y cuántos hijos desean tener, lo que no significa sino estar por la despenalización del aborto.
Las declaraciones a favor de la despenalización del aborto hechas por Carmen Argibay, jueza de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, y la presentación del libro “El aborto en debate”, de la periodista Mariana Carbajal, fueron dos hechos que sobresalieron durante el seminario internacional “El aborto: sus diferentes realidades”, organizado por Católicas por el Derecho a decidir de buenos Aires, realizado aquí la semana pasada.
La jueza Carmen Argibay, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una defensora histórica del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. En su conferencia destacó la importancia de enmarcar el derecho al aborto dentro del acceso pleno a los derechos sexuales y reproductivos, que incluyen: educación sexual, anticoncepción y derecho a decidir en caso de un embarazo no deseado; éstos, afirmó, “son parte de un todo al que las mujeres deberíamos tener acceso de manera integral.”
En este sentido, la jueza acusó a la Iglesia católica de empeñarse en obstaculizar el acceso a los tres puntos señalados e indicó que el artículo 86 del Código Penal --que tipifica las causales de aborto-- debe reformarse, de tal manera que abarque cualquier tipo de violación. Asimismo, criticó a “algunos grupos que buscan empañar la discusión del aborto haciendo imposible el debate. No dejan discutir las ideas básicas, a mí me han gritado muchas veces asesina, abortista. Ese no es un argumento. Somos pro-libertad de decidir. No somos abortistas. Abortistas son los que no quieren que nazca ningún bebé”, subrayó.
En 2008 y 2009 Artemisa Comunicación realizó un monitoreo de cuatro periódicos nacionales y seis provinciales para analizar cómo se desarrollaba la cobertura de los temas de aborto –en el marco, además, de un proyecto de Católicas por el Derecho a Decidir de Córdoba- y una de las conclusiones es justamente que la cobertura es subjetiva y poco informada, anclada en las secciones de opinión, cartas de lectores/as y editoriales, coincidente con el análisis que hace la jueza Argibay sobre la necesidad de que el debate social esté apoyado en la discusión argumentada y con datos, y no en la polémica subjetiva y poco clara.
CONSECUENCIAS DE ABORTOS INSEGUROS
También ponente en el seminario, el ginecólogo brasileño Jefferson Dresset es director del Servicio de Aborto del Hospital Pérola Byington, de San Pablo, Brasil, donde desde 1990 a las mujeres violadas se le reconoce el derecho de interrumpir un embarazo no deseado; el primer aborto hospitalario se hizo en 1989 y desde entonces los servicios en todo el país fueron creciendo.
Según estadísticas de 2006, actualmente existen 702 ciudades con al menos un servicio de aborto. En el Hospital Byington se practicaron 705 interrupciones del embarazo entre 1994 y 2008, el 27 por ciento en niñas y adolescentes, y en ningún caso hubo complicaciones ni muertes.
Dresset también puso ejemplos de otros países para demostrar que la prohibición del aborto no disminuye su práctica, pero sí aumenta el riesgo en la salud y la vida de las mujeres. Uno de los más contundentes es el de Rumania, donde el aborto fue penalizado en 1966 bajo el régimen de Nicolás Ceauşescu. Las consecuencias: el aumento de la natalidad pero también de la mortalidad de mujeres gestantes, debido a los abortos inseguros.
Cuando en 1989 el aborto fue nuevamente legalizado, la tasa de MM (muerte materna) descendió abruptamente. El 95 por ciento de los abortos inseguros --que se realizan en condiciones riesgosas para la salud o la vida de la mujer-- se producen en los países en desarrollo donde el aborto legal está totalmente prohibido o permitido por pocas causales, como Argentina y Brasil.
Muchas de esas interrupciones inseguras del embarazo provocan graves consecuencias para la salud de las mujeres y muchas otras terminan en muertes. Según datos de la Organización Mundial de la Salud retomados por Dresset, cada siete minutos muere en el mundo una mujer a consecuencia de un aborto inseguro.
El seminario reunió también a legisladoras con el objetivo de revelar el estado parlamentario de los proyectos vinculados con el tema. Silvia Augsburguer, diputada nacional por el Partido Socialista, se retira en diciembre pero comprometió el apoyo de su compañero Miguel Ramos para acompañar el proyecto de la Campaña por el Derecho al Aborto que prevé la interrupción legal del embarazo y que necesita recuperar estado parlamentario el año próximo. A la vez, María Luis Storani, diputada nacional electa por el Acuerdo Cívico y Social, se comprometió a sumar a otras diputadas electas por el radicalismo.
El seminario concluyó con la presentación del libro “El aborto en debate. Aportes para una discusión pendiente”, donde la periodista Mariana Carbajal recopila entrevistas, notas y temas tratados durante los últimos cuatro años en coberturas para el diario Página 12. La presentación dio oportunidad para recordar algunos casos de mujeres que pidieron el acceso al aborto en los últimos años, pero con base en las casuales permitidas por el actual código penal argentino, y que deben enfrentarse a muchísimas dificultades porque el Estado no les proporciona el acceso al derecho que la ley les otorga.
El libro, si bien fue escrito por Carbajal, y está basado en sus artículos, surgió de la propuesta de Marta Alanís, directora de Católicas por el Derecho a Decidir de Córdoba, y el movimiento de mujeres lo utilizará como herramienta para sostener el tema en agenda y avivar el debate social en un país donde, según investigaciones del Centro de Estudios para el Estado y la Sociedad, entre el 44 y el 62 por ciento de la población está de acuerdo con al despenalización del aborto, y el 95 por ciento está a favor de que mujeres y varones sean quienes decidan cuándo y cuántos hijos desean tener, lo que no significa sino estar por la despenalización del aborto.
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