Nicaragua debe actuar contra prohibición absoluta del aborto

El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas publicó 16 recomendaciones sobre la implementación en Nicaragua de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en las cuales expresa su preocupación respecto a la prohibición absoluta del aborto, el aumento de los asesinatos de mujeres vinculados a la violencia doméstica y sexual, y por las investigaciones criminales abiertas contra defensoras de los derechos reproductivos de las mujeres.

Por ello, urge al Estado a que revise su legislación en materia de aborto, tal como fue recomendado por el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con el objetivo de incluir excepciones para “los casos de aborto terapéutico y los embarazos resultantes de violación o incesto”.

De igual forma, el Comité recomendó al Estado que no penalice a profesionales de la medicina en el ejercicio de sus responsabilidades profesionales, con el objetivo de garantizar el tratamiento inmediato y sin condiciones de las personas que buscan atención médica de emergencia.

Las recomendaciones del Comité, realizadas después de que éste realizara el examen del Informe de Nicaragua sobre la implementación de la Convención, durante su 42º período de sesiones, reflejan las preocupaciones identificadas en el Informe Alternativo que presentaron a los 10 expertos del Comité la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y cuatro organizaciones nacionales: el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Alianza de Centros de Mujeres, la Red de Mujeres contra la Violencia y la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni).

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Otro tema de preocupación que resultó prioritario para el Comité es el de la violencia contra las mujeres y especialmente el aumento de los asesinatos de mujeres vinculados a la violencia doméstica y sexual, donde existe “deficiente acceso a la justicia por parte de las víctimas” de violencia de género.

El Comité insta al Estado a que “otorgue atención prioritaria a la adopción de medidas integrales para combatir y eliminar la violencia contra la mujer”, incluyendo acciones y sanciones penales contra los culpables, acceso a medios inmediatos de reparación, protección, apoyo y asistencia jurídica, capacitación de los oficiales y puesta en práctica de “una estrategia nacional unificada y polifacética”. Pide también al Estado que le informe de las medidas tomadas a este respecto, dentro de un año.


PERSISTENTE MALTRATO A LA NIÑEZ

Nicaragua tiene además que informar al Comité, dentro de un año, sobre las medidas adoptadas para afrontar los malos tratos de las y los niños en la familia, la escuela y en instituciones u otros centros asistenciales, educativos o correccionales, los que se han considerado, con preocupación, como un “fenómeno duradero y persistente”.

Asimismo, el Comité expresa su preocupación “por el grave problema de hacinamiento y otras condiciones inadecuadas de detención”, situación especialmente preocupante en las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Atlántico Sur.

Por ello, llama al Estado a tomar inmediatas medidas para mejorar las infraestructuras y proporcionar los recursos necesarios, con el fin de “a asegurar un sistema efectivo de inspección de las condiciones de detención y del trato de los reclusos y, en particular, ampliar el mandato de la Procuraduría de Cárceles […] así como facilitar el acceso de las organizaciones no gubernamentales a dichos lugares”.

El Comité elaboró también una serie de recomendaciones relativas a la administración de la justicia de menores de edad, notando las insuficiencias especialmente en materia de recursos, en materia de garantías mínimas, de condiciones de encarcelamiento y de utilización de medidas alternativas a la detención.


LAS Y LOS DEFENSORES DE DH DE LAS MUJERES

Las y los expertos que integran el Comité urgen al Estado a que tome las medidas necesarias para combatir los casos de “acoso sistemático y amenazas de muerte contra defensores de derechos humanos en general y en particular contra defensoras de los derechos de las mujeres”, notando con preocupación las investigaciones criminales abiertas contra defensoras de los derechos reproductivos de las mujeres.

Así mismo, el Comité llama al Estado a “adoptar medidas efectivas para combatir y prevenir actos de violencia contra miembros de la oposición política, sus simpatizantes y representantes de las organizaciones no gubernamentales, en el marco de las manifestaciones pacíficas, así como proteger adecuadamente a los manifestantes…”.

A fines del año pasado, el Comité de Derechos Humanos ya había exprimido su preocupación y adoptado una serie de recomendaciones relativas a los temas abordados por el Comité contra la Tortura, pidiendo que el Estado tome las medidas necesarias para actuar, especialmente, en materia de condiciones carcelarias, de violencia contra las mujeres y los niños y de la administración de justicia.

Por todo lo anterior, señala el comunicado, la OMCT, el Cenidh, la Alianza de Centros de Mujeres, la Red de Mujeres contra la Violencia y la Codeni, organizaciones comprometidas con el seguimiento de estas recomendaciones, urgen nuevamente al Estado de Nicaragua a que tome todas las medidas necesarias para implementar las recomendaciones adoptadas por los órganos de Tratados del sistema universal de protección de los derechos humanos y adecuar su legislación y sus prácticas de conformidad con sus obligaciones internacionales, en este caso, en virtud de la Convención contra la Tortura.

CONTRA LA IMPUNIDAD

El Informe Alternativo que las organizaciones presentaron a las y los expertos del Comité ha documentado asimismo casos de tortura y otros malos tratos de parte de las fuerzas del orden, la situación en los centros de detención y el acceso a la justicia en Nicaragua. El Comité afirma que ha notado “la ausencia completa de casos y sentencias relativas a delitos de tortura y malos tratos, lo que puede asemejarse a la impunidad”.

Contra ello, el Comité llama al Estado a que adopte “las medidas necesarias para garantizar investigaciones inmediatas e imparciales” de las denuncias de tortura y otros malos tratos y para “proseguir con las investigaciones y sanciones necesarias”.

Afirma que ante “las deficiencias en el sistema de administración de justicia”, se solicita al Estado que actúe contra la falta de imparcialidad e independencia del Poder Judicial, la utilización partidista, la corrupción y los retrasos en la administración de justicia. Y pide que le proporcione en el plazo de un año informaciones sobre los progresos realizados.

Por su parte, las organizaciones señalan en un comunicado que “acogen con mucha satisfacción las recomendaciones del Comité”.