Por: Isabel Soto Mayedo/ Prensa LatinaPor decenas de miles se cuentan los asesinatos de mujeres en el último decenio en Latinoamérica. Estos afectan a féminas de todas las edades, etnias y estratos sociales, pero parten de una matriz común: las relaciones desiguales de género. Tal estado de hecho genera una situación de mayor vulnerabilidad y de limitación para ellas en el disfrute del derecho a la vida, a la integridad personal y al debido proceso frente a esos crímenes, concuerdan los seguidores del tema.
Esta modalidad de violencia contra el sector -identificada de manera indistinta como femicidio o feminicidio- cobró rango sistemático en algunos territorios de la región y apenas logró visualizarse a partir del trabajo de familiares de las víctimas, de organizaciones feministas y de derechos humanos.
Investigadoras atribuyen el término femicidio a Jane Caputo y Diana E. H. Russell, quienes empelaron el apelativo en 1990, en un artículo de la revista Ms "Femicide: Speaking the unspeakable".Para estas autoras, "el asesinato de mujeres es la forma más extrema del terrorismo sexista" y por ello defendieron su distinción desde el lenguaje. Con posterioridad, la antropóloga mexicana Marcela Lagarde se refirió al fenómeno como feminicidio por entender que se trata de un "genocidio contra mujeres".
Tiene lugar "cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeresâ�� Todos tienen en común la idea de que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables", defiende la diputada y presidenta de la Comisión para la cuestión en el parlamento de México.
Lagarde afirma que estas acciones coinciden en "su infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres".
La violencia contra la mujer se expresa no sólo en las miles de muertes registradas, sino en los daños o sufrimientos físicos, sexuales o psicológicos a estas, tanto en el ámbito público como en el privado.
La dimensión del fenómeno, unido a la desidia de las autoridades, incide en la falta de un sistema oficial de compilación de datos y estadísticas sobre estos hechos, los cuales pudieran permitir el conocimiento, de manera exacta, de la magnitud del problema y encontrar las respuestas adecuadas.
En casi todos los países de América Latina, cuando hay cifras oficiales, están por debajo de las enunciadas por las organizaciones no gubernamentales, lo que muestra una tendencia de los gobiernos a minimizar el problema.
Los sistemas de información no desagregan tampoco los datos según sexo, edad o etnia, ni permiten establecer el tipo de relación entre víctima y victimario. Con ello se complica la realización de estudios comparados en la región y en el interior de los países.
El seguimiento a las noticias aparecidas en los periódicos permitió a algunas redes feministas contabilizar algunos casos, pero muchos quedaron por registrar. Los diarios no siempre dedican espacio a los asesinatos violentos contra las mujeres, ni siguen de cerca los procedimientos en cada hecho.
No obstante, estos inventarios son los más recurridos por los investigadores cuando tratan de alcanzar la magnitud de la problemática en cada nación.
La divulgación internacional de las continuas violaciones y asesinatos contra mujeres en Ciudad Juárez, México, a partir de 1993, es considerada por muchos como el preludio de una serie de denuncias de estos hechos.
Pero pese a lo reiterado de las demandas de esa naturaleza desde entonces, los Estados incumplen con la obligación de prevenir, atender, investigar, procesar, sancionar y reparar esos crímenes, opinaron integrantes de agrupaciones feministas del área.
En un documento presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en marzo de 2006, decenas de representantes de estos grupos exigieron una audiencia a ese ente zonal para analizar la expansión y desatención estatal al feminicidio en América Latina.
"La violencia contra las mujeres es una situación común en nuestra región, que muchas veces culmina con muertes violentas e incluso llega a presentar signos de tortura, mutilaciones, saña y/o violencia sexual por razones asociadas al género", denunciaron los autores del texto.
Igual, estos resaltaron algunas de las particularidades similares de tales crímenes, en cuyas víctimas quedan estampados el odio, el desprecio y el menor valor que se da a la vida de las mujeres.
Como si no bastase con la realidad, los medios de comunicación procuran despertar el morbo de sus públicos y divulgan imágenes de las más diversas expresiones de terror contra las féminas.
Fotos de cadáveres desnudos y mutilados se difunden por doquier, en tanto siguen en déficit las investigaciones eficaces, las acciones preventivas y las sanciones por parte de las autoridades.
La tolerancia casi siempre deriva en impunidad: los enterramientos se suceden, mientras los culpables terminan exculpados en base a una lógica machista prevaleciente.
De poco sirve la firma y ratificación de instrumentos legales destinados a proteger al sector. Si algo despierta la rabia es el irrespeto de los Estados a postulados básicos implícitos en estos.
Pocos tratados son violados con tanta frecuencia como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Declaración y el Programa de Acción de Viena de 1993, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, entre otros.
Desde los años de 1990, Guatemala registró más de tres mil feminicidios; El Salvador, casi dos mil; Honduras, mil 18; Costa Rica, unos 310; Chile, más de 300; y Argentina, más de mil 500.
Estos asesinatos acaban con un promedio de cuatro mexicanas cada día, con una paraguaya cada 10 días, y con dos colombianas cada semana, víctimas de sus esposos, parejas separadas, amantes o novios. Tales cifras bastan para incitar a la reiteración de la denuncia.
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