España: Corrupción y prostitución, un escándalo hace tiempo anunciado

Por:Josep Miró i Ardèvol

Hace tres años, el Instituto del Capital Social (INCAS) de la Universidad Abat Oliba-CEU publicó un estudio sobre la prostitución en España dónde se alertaba de que la dimensión empresarial de esta actividad era tal que necesitaba, para funcionar, de la colaboración de instancias policiales, políticas y administrativas; y que este hecho, dado la ingente cantidad de dinero negro que movía el negocio, era la puerta abierta para generar corrupción a gran escala.

Es un hecho evidente que a pesar de la esotérica legislación española en esta materia –ya es un dato que nunca se haya querido modificar- la balanza siempre se ha inclinado hacia el lado del crecimiento de la prostitución y el tráfico de mujeres; nunca por la otra vertiente, la de la limitación, que también era posible, porque el marco legal es tal que con facilidad -depende de la autoridad- puede oscilar de un extremo al otro. También debería haber llamado la atención que los lobbys del feminismo radical y de género asumieran la prostitución como una actividad más. Y no deja de ser escandaloso que habiendo creado un Ministerio de Igualdad regido por una mujer, esta cuestión, estrechamente ligada a la esclavitud de miles de mujeres, campee por sus anchas, porque la Sra. Ministra ha ido a otra parte.

Ahora ya hay 19 imputados en la trama de corrupción que empezó con la entrada de la policía por orden judicial en los burdeles o clubs de alterne, como se prefiera, Saratoga y Riviera. Hay imputados seis policías, entre ellos, el comisario coordinador de las comisarías locales de Cataluña y, tomen buena nota, el ex jefe de la unidad contra las redes de inmigración y falsificación; es decir, quienes teóricamente deben luchar contra el tráfico de mujeres. También lo está el inspector jefe de aquella misma unidad, que actúa contra las redes de inmigración, la Ucrif, un inspector de la misma, un ex inspector jefe y un subinspector. Hay diversos funcionarios imputados del Ayuntamiento de Barcelona; por ejemplo, destaca el inspector del área de licencias de uno de los distritos de Barcelona. Hay 7 empresarios relacionados con clubs de alterne, los mencionados Saratoga y Riviera y de la discoteca Libertad; y tres abogados. Vale la pena resaltar que dos de ellos son, a su vez, el secretario de la asociación de clubs de alterne y el asesor legal de la Federación Catalana de locales de ocio nocturno.

Esta trama protegía a locales de prostitución, hacía la vista gorda ante el tráfico de mujeres, todo ello presuntamente, claro está, porque hay que presuponer su inocencia hasta que el juicio se realice, pero además extorsionaba a otros locales si no querían acogerse a su protección, al más puro estilo 'Chicago años 30', y metía mano a expedientes sancionadores por otras cuestiones relacionadas con la vida nocturna, como el exceso de ruido. El expediente desaparecía si se pagaba la cantidad exigida.

Estamos ante una gran trama que afecta a la política, de momento a la local, a la policía y a las organizaciones que agrupan a los negocios de alterne y de vida nocturna. Hay una asociación para delinquir con mucha gente y en muchos lugares distintos, y la justicia debe llegar hasta sus últimas consecuencias. Primero, porque la trama no está completa, la información de la que se dispone revela que hay piezas para encajar que requieren de la presencia de más personajes. Segundo, porque en una cuestión de tanto calibre debe existir un vértice, el cerebro de toda la organización y el núcleo de personas que con él la dirigían. No se puede cerrar en falso y dejar este vértice en la oscuridad, porque entonces aflorará con más fuerza la tercera consideración ¿es posible que durante tantos años, tanta gente implicada en el Ayuntamiento de Barcelona, en la policía, en medios que se relacionaban con la política como son los abogados que representaban a las asociaciones de alterne, nadie absolutamente nadie se diera cuenta de nada?

Si se quiere rascar un poco, las relaciones políticas de parte de los imputados saltaran a la vista. Los locales extorsionados, que eran muchos y diversos, callaban y pagaban y ¿a nadie se le ocurrió acudir a la policía o al concejal del distrito? ¿O es que acaso pensaban que la trama era tan grande que no estaban seguros de quien estaba relacionado con ella y quien no?

El delegado del Gobierno en Cataluña, y en su defecto el ministro del Interior, y el alcalde de la ciudad, tienen el deber de ir al fondo en toda esta cuestión evitando que se cierre en falso. La juez que lleva el caso, la misma que instruye el casi finalizado proceso a Morín, no debe obviar el entrar de lleno en la administración. La juez Elisabet Castelló denegó en el caso de los abortos ilegales las peticiones de la acusación popular de llamar a declarar a miembros del departamento de salud de la Generalitat. Sus razones tendrá, pero en esta ocasión es tan evidente la penetración en la administración pública y policial que debe explorar los hilos hasta las últimas consecuencias.

También la oposición tiene responsabilidades porque debe hacer algo más que un acto formal en un pleno, debe seguir el tema y presionar continuamente para que se aclaren las cosas y lo ha de hacer tanto Xavier Trias de CiU como Alberto Fernández Díaz desde el PP en el Ayuntamiento. Y lo mismo ha de suceder en el Congreso de los Diputados.