Por: Fabiana FrayssinetEl caso de una niña violada y embarazada por su padrastro reavivó en Brasil el debate sobre la violencia sexual, la necesidad de reformar la ley sobre el aborto y las deficiencias del sistema de salud para atender los casos excepcionales en que se permite la interrupción del embarazo.
La niña, de 9 años y de Alagoinhas, una pequeña ciudad del nordestino estado de Pernambuco, fue sometida a un aborto a las 15 semanas de gestación, en uno de los centros establecidos por el Ministerio de Salud para realizar interrupciones legales de embarazo y en una intervención autorizada por la madre.
En Brasil el aborto sólo se permite en los casos de violación o de riesgo de muerte para la madre.
La menor, con apenas 36 kilos y un metro y 33 centímetros de altura, estaba embarazada de mellizos.
"Es muy pequeña. Su útero no tiene la capacidad para acoger un bebe y menos dos", dijo Fatima Maia, directora del hospital universitario donde se realizó el aborto terapéutico, al explicar el riesgo que corría la niña si se seguía con el embarazo.
La niña, de 9 años y de Alagoinhas, una pequeña ciudad del nordestino estado de Pernambuco, fue sometida a un aborto a las 15 semanas de gestación, en uno de los centros establecidos por el Ministerio de Salud para realizar interrupciones legales de embarazo y en una intervención autorizada por la madre.
En Brasil el aborto sólo se permite en los casos de violación o de riesgo de muerte para la madre.
La menor, con apenas 36 kilos y un metro y 33 centímetros de altura, estaba embarazada de mellizos.
"Es muy pequeña. Su útero no tiene la capacidad para acoger un bebe y menos dos", dijo Fatima Maia, directora del hospital universitario donde se realizó el aborto terapéutico, al explicar el riesgo que corría la niña si se seguía con el embarazo.
Los argumentos legales y morales del caso no impidieron una frontal ofensiva de la Iglesia Católica contra la intervención. Tampoco el saber que la niña era violada por su padrastro desde los 6 años de edad, al igual que su hermana, una adolescente con deficiencia mental.
El arzobispo de Olinda y Recife, Jose Cardoso Sobrino, excomulgó a la madre y a todos los miembros del equipo médico. "La ley de Dios está por encima de cualquier ley humana", afirmó la máxima autoridad católica del estado de Pernambuco.
El arzobispo calificó incluso como más grave "el crimen" del aborto que la violación continuada del padrastro, y logró bloquear la intervención en otro centro, también autorizado para interrumpir embarazos.
Brasil, con unos 190 millones de habitantes, es el país con mayor número de católicos en el mundo, unos 120 millones.
Sólo la actuación de organizaciones defensoras de derechos humanos permitió que la madre pudiese trasladar a su hija al hospital donde finalmente fue intervenida en los primeros días de marzo.
LAS LECCIONES DEL CASO
"Este caso es sumamente importante porque pone de nuevo en el primer plano la discusión sobre la importancia de tener un Estado que actúe de verdad de forma laica", dijo a IPS Carla Batista, de la organización no gubernamental de Recife SOS Cuerpo, que acompaña de cerca el caso.
Batista destacó que otra "lección" tiene que ver con una vieja reivindicación de los movimientos feministas brasileños.
Se trata de la perentoria necesidad de ampliar y mejorar la atención de los servicios públicos de salud hacia las mujeres victimas de la violencia sexual, que calificó como muy insuficientes. Como ejemplo citó el hecho de que la madre debió viajar a la capital del estado para solicitar y realizar el aborto.
"Si una mujer violada tiene acceso inmediato a un servicio de este tipo, podrá recibir un contraceptivo de emergencia --como la píldora del día siguiente-- y la profilaxis contra el sida y otras enfermedades de transmisión sexual, para evitar no sólo quedar embarazada sino también ser contaminada", explicó Batista.
Ese tipo de servicio, según SOS Cuerpo, funciona como "prevención del aborto legal".
No existen datos confiables sobre violencia sexual contra menores. Pero a modo de ejemplo, Batista destacó que sólo en la Secretaría de Salud de Pernambuco existen actualmente 270 procedimientos abiertos sobre niñas violadas.
En general, la víctimas pertenecen a familias de bajos recursos, aunque el fenómeno también ocurre en la clase media o alta, que "consigue ocultar" los casos.
Otros datos oficiales revelan que del medio millón de casos de violencia dentro del hogar que se denuncian anualmente en Brasil, 28,9 por ciento son abusos sexuales.
SOS y otras organizaciones en defensa de los derechos de la mujer, como el Centro Feminista de Estudios y Asesoría (CFMEA), sacaron a relucir otros estudios, tras el escándalo de la niña de Alagoinhas.
Entre ellos, se destaca el de la Gerencia de Policía del niño y el adolescente, que indica que 1.114 niños, niñas y adolescentes examinados en 2005 por el Instituto Medico Legal, fueron victimas de abuso sexual. En 28 por ciento de estos casos, se trató de menores de 14 años y en 20 por ciento los agresores fueron familiares de la víctima.
Batista citó también un estudio en cuya elaboración participó dos años atrás, con base en entrevistas a jóvenes atendidas por el servicio de aborto legal.
"En ningún caso constatamos arrepentimiento por parte de las mujeres sobre la decisión tomada de abortar, y generalmente solicitan el aborto con mucha conciencia de lo que quieren", subrayó.
Batista consideró que en los casos de violación de una menor, resulta muy importante el respaldo materno, como sucedió con la madre de la niña de Alagoinhas, pobre y analfabeta.
"A veces la madre sabe lo que está ocurriendo en casa, otras veces la menor es amenazada por su violador, o los padres exigen secreto y siempre hay un poco de sentimiento de culpa de parte de las niñas", subrayó.
La madre de esta historia, victima de maltrato de su primer esposo, confiaba en su nueva pareja y "creía que era un buen hombre y que trataba con afecto a sus hijas".
El caso de Pernambuco es "emblemático porque tuvo éxito", al lograrse el aborto, aunque ocurrió en una región donde no hay mucho acceso a ese servicio, dijo a IPS Beatriz Galli, de IPAS, una organización internacional dedicada a defender los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.
Sin embargo, explicó a IPS, esa "no es la regla general".
Cifras del Ministerio de Salud situaron los abortos legales en 2008 en 3.050, lo que representa "un monto pequeño frente a la magnitud del problema", señalo Galli.
ALIANZA DE IGLESIA Y CONSERVADORES
Galli, Batista y Natalia Mori, directora colegiada de CFEMEA, coincidieron en su preocupación por el avance de "sectores conservadores" que intentan restringir aún más la práctica del aborto.
"La actitud de la Iglesia es la esperada", pues "no presta la menor atención a las mujeres, que nunca considera el drama que hay detrás y que se apega a dogmas. Defiende la vida por dogma, pero no tiene en cuenta la vida real de las personas", añadió Batista.
Un estudio de CFMEA revela que de unas 50 iniciativas que se tramitan actualmente en el Congreso legislativo brasileño, al menos unas 40 intentan restringir o limitar la ya restrictiva ley vigente del aborto.
Las propuestas van desde las que demandan calificar el aborto como un crimen hediondo, hasta las que piden que se incluyan advertencias en los empaques de los productos para detectar embarazo, del tipo: "el aborto es crimen" o "la pena por el aborto provocado es de 1 a 3 años de cárcel".
A favor de ampliar la legislación del aborto, sólo hay en el parlamento una decena de iniciativas, una que pretende legalizar la interrupción del embarazo en casos de anomalías como el feto anencéfalo (sin parte del tejido cerebral o sin bóveda craneana), que ahora sólo es autorizada por la justicia en procedimientos caso por caso.
En 2008, un proyecto de ley para la despenalización del aborto fue rechazado por tres comisiones distintas.
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva promovió su primera iniciativa sobre el aborto en 2005, pero no logró un apoyo claro de su partido ni de sus aliados, explicó la directora de CFMEA.
Mori reconoció actitudes positivas de Lula, un declarado católico, así como de su ministro de Salud, Jose Gomes Temporão, que condenaron con vehemencia la actitud de la Iglesia en el caso de la niña violada.
"Es positivo que este gobierno haya enfrentado el tema públicamente y podemos considerar como aliados el Ministerio de Salud y a la Secretaría Especial de la Mujer", dijo Mori.
"Pero por nuestra cultura y por nuestro sistema político, existe una alianza del gobierno con la Iglesia Católica y otras para mantenerse en el poder", analizó la directora de CFEMEA.
Esas alianzas, explicó, son las que ponen piedras en el camino a una acción contundente para sacar adelante una moderna ley que despenalice la interrupción del embarazo.
CIFRAS DRAMÁTICAS
El Ministerio de Salud estima que cada año se practican un millón de abortos ilegales, según registros de hospitales públicos a los que ingresan 250.000 mujeres anualmente, por complicaciones de abortos clandestinos.
El aborto ilegal, según esa institución, es la cuarta causa de mortalidad materna en Brasil, y un estudio realizado en 2008 por organizaciones feministas en ciudades de Bahía y Pernambuco con los más altos índices de pobreza, situó el problema como la primera causa de mortalidad materna.
El Ministerio asegura que por cada tres bebes nacidos vivos en el país, se produce un aborto inducido.
Un drama especial es el de la mortalidad por esta causa de niñas y adolescentes.
Datos del Sistema Único de Salud, revelan que 192.445 niñas de entre 10 y 14 años tuvieron hijos entre 2000 y 2006. En el mismo periodo, 105 niñas menores de 14 años murieron por embarazos, partos o abortos. (FIN/2009)
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