Aumentan los abortos clandestinos en América Latina

Fuentes del Fondo de Población de Naciones Unidas estiman que cada año se realizan, en todo el mundo, alrededor de 19 millones de abortos en condiciones inaceptables desde el punto de vista médico. De ese total, unos cuatro millones se realizan en América Latina, y muchos de ellos terminan en lesiones graves o la muerte de la madre.

Unas 68 mil mujeres mueren cada año por esta causa en el mundo, mientras que uno de cada 10 embarazos terminará en un aborto realizado en malas condiciones, la mayoría de los cuales se practican en Asia, África y América Latina.

El 13 de noviembre, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez vetó un artículo de la ley aprobada en el Parlamento, que permitía la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

A pesar de su profesión de médico y de haber arribado a la presidencia como integrante del Partido Socialista, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez le negó a su país la posibilidad de ser el primero de Sudamérica en despenalizar la interrupción del embarazo. Luego de vetar el artículo que despenalizaba el aborto, Tabaré se pasó a las filas de los "independientes", para alivio de sus compañeros socialistas, cuyos legisladores habían votado a favor de la ley ahora vetada.

En el resto de América Latina, sólo Puerto Rico y Cuba permiten la interrupción legal del embarazo, en el primer caso por cualquier causa, mientras que en la isla socialista, hasta la semana 10 de gestación, por voluntad de la madre y después de ese lapso, sólo por razones de salud, informó la página web argentina argenpress.info

CIFRAS ELOCUENTES
A pesar de las fuertes campañas de los grupos católicos y conservadores, las cifras son elocuentes.

En Cuba, se practican 20,9 abortos por cada 1000 mujeres en edad reproductiva, mientras que en México, el índice de abortos inducidos es de 33 por cada 1000 mujeres. La media mundial es de 29 por cada 1000 mujeres y la latinoamericana, de 31 por 1000.

En Brasil, el ministro de Salud, estimó en 1.040.000 los abortos clandestinos, lo que significa una interrupción intencional cada cuatro embarazos. En ese país el aborto está despenalizado en casos de embarazo por violación y riesgo de vida para la madre.

Comparando las situaciones de aquellos países donde el aborto está permitido, surge que en Alemania, Bélgica, Holanda y Suiza, todos países donde la interrupción es legal, tienen tasas de 10 abortos por cada mil mujeres entre 15 y 44 años, mientras que Chile exhibe la cifra de 50 por cada mil.

En este último país, la presidenta Michelle Bachelet, médica y agnóstica, no ha impulsado la despenalización del aborto y su gobierno se ha limitado a defender la distribución gratuita de la "píldora del día después" en el sistema público de salud. Pero aún en este caso, los grupos Pro Vida, que consideran abortiva la píldora, recurrieron al tribunal constitucional, que les dio la razón, a pesar que en Chile se estima que se practican unos 150 mil abortos clandestinos anuales.

UNO POR NACIMIENTO
El Código Penal argentino penaliza el aborto, salvo en el caso de que la vida o la salud de la embarazada corra riesgo o cuando se trate de una mujer discapacitada que haya sido violada (abortos no punibles, previstos en el Artículo 86). Sin embargo, aún en estos casos, la oposición de la Iglesia y de los grupos Pro-Vida ha llevado a que en ocasiones, existan jueces que impidan la interrupción del embarazo o que se retarde de tal manera que se hace impracticable dicha operación.

Aún penalizado, en Argentina se realizan entre 500 mil y 800 mil abortos todos los años, lo que significa casi uno por cada nacimiento, de acuerdo a un estudio de especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y de la Universidad de Buenos Aires.

En México, una de las mayores y más pobladas ciudades del mundo, se despenalizó parcialmente el aborto en 2007, en medio de una polémica importante como la que vivió Uruguay semanas atrás.

Aún cuando ya existía la causal para que una mujer pudiera abortar por violación en todo el país y distintas causales en las entidades federativas, en el Distrito Federal ya hay una ley --considerada constitucional por la Suprema Corte de Justicia— que permite la interrupción del embarazo a las 12 semanas de gestación.

PRESIDENTES EN CONTRA
El presidente uruguayo Tabaré Vázquez no es el único mandatario latinoamericano contrario a la despenalización del aborto. Los gobernantes de Ecuador, Rafael Correa; de Guatemala, Álvaro Colom; de Costa Rica, Oscar Arias; de El Salvador, Elías Antonio Saca, y de Nicaragua, Daniel Ortega, se han manifestado también en contra.

En Nicaragua, la figura del aborto terapéutico se había aprobado en 2006, pero fue derogada al año siguiente a raíz de la presentación de 290 mil firmas de católicos y evangélicos.

Así, los países donde el aborto está castigado en todos los casos, son Nicaragua, El Salvador, Honduras, Ecuador, Guatemala y Chile. Mientras que los que permiten el aborto en casos excepcionales, como la violación o el riesgo de muerte, son Bolivia, Venezuela, Argentina, Panamá y Costa Rica.

En los países latinoamericanos donde el aborto está permitido, como Cuba y Puerto Rico, la mortalidad materna se ha reducido notablemente. En Perú, según un estudio realizado en 2001, se realizan anualmente 352 mil abortos de manera clandestina, la mayoría de los cuales pone en riesgo la salud física y mental de la madre, pues son practicados en condiciones de insalubridad.

Tanto en Paraguay como en República Dominicana hubo intentos de sacar adelante proyectos de ley de despenalización, pero sucumbieron ante la presión de grupos conservadores. Es que la Iglesia católica y los grupos Pro Vida lideran las campañas contra el aborto en América Latina, mientras que las mayores defensores de la despenalización son las organizaciones de mujeres.

¿SEGUIRÁ DURMIENDO?
En Argentina, se presentó al Congreso un proyecto de ley sobre despenalización y legalización del aborto voluntario, el 28 de mayo de 2007, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Lo hicieron grupos feministas acompañados de organizaciones sociales.

El proyecto establece en su primer artículo que "toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso de gestación", mientras el segundo reafirma el derecho a acceder a esta práctica en los servicios del sistema de salud, en las condiciones que determina la ley.

La propuesta también plantea que, después de las doce semanas de gestación, la mujer podrá decidir la interrupción del embarazo, cuando éste sea producto de una violación, esté en riesgo su vida o su salud o existan malformaciones fetales graves.

Lamentablemente, este proyecto no ha sido tratado, y la reciente decisión del presidente uruguayo, seguramente contribuirá a que siga durmiendo en los cajones del Congreso.