Mal de muchas, problema de... ¿quién?

Pan y Rosas / La Haine

Nombrar a la violencia contra las mujeres como “familiar” o “doméstica” es una operación ideológica que tiende a hacernos creer que se trata de un asunto privado.

La violencia de género se ha convertido en la primera causa de muertes de mujeres a nivel mundial; miles de mujeres son asesinadas cada año sólo por ser mujeres. Incluso hubo que inventar una nueva palabra para nombrar este horror y la siniestra magnitud que adquieren estos asesinatos y, ahora, se habla de “femicidios”. Pero los asesinatos son el último y más tremendo eslabón de una larga cadena de múltiples y variadas formas de violencia: las violaciones y abusos, los maltratos y los golpes, el desprecio y la humillación, son mucho más habituales de lo que podemos pensar y, en la mayoría de las ocasiones, son hechos silenciados.


Pero también hay otras formas de agresión y violencia inflingida contra las mujeres por el Estado capitalista, sus instituciones y otras redes para-estatales, entre las que podemos nombrar a la represión ejercida por las fuerzas armadas, la subordinación impuesta por la Iglesia, la prohibición de derechos elementales que nos condenan a situaciones de inferioridad con respecto a los varones, la falta de oportunidades para la educación y el trabajo, el pago de menor salario que recibimos por el mismo trabajo que realizan nuestros compañeros varones, el acoso sexual por parte de los patrones, jefes y gerentes que nos creen su propiedad, la esclavitud de las trabajadoras migrantes en talleres clandestinos y otras condiciones desiguales que sufrimos las trabajadoras, el secuestro de niñas y jóvenes por las redes de trata y prostitución, la utilización de la imagen de la mujer que nos reduce a ser un objeto sexual para el disfrute de terceros, sin tener en cuenta nuestros propios intereses, entre otros.

De tan milenaria, naturalizada; de tan extendida y cotidiana, invisibilizada; de tan cruel y sistemática, casi parece imposible enfrentarla y acabar con ella… así es la violencia que se ejerce sobre nosotras. Sin embargo, aunque parezca habitual, que ese lugar de sometimiento y subordinación se vea como algo natural es el resultado del accionar de las distintas instituciones del Estado, que desde el origen de la opresión de las mujeres y las sociedades divididas en clases, han legitimado esta violencia, tal como lo explicamos en este número de Pan y Rosas (ver nota “Orígenes...”). Que sea sistemática, nos obliga a pensar cuál es la íntima relación que existe entre este aberrante fenómeno de violencia contra las mujeres y el mantenimiento del orden instituido en un sistema social que encuentra su fundamento en la explotación de millones de seres humanos por parte de una pequeña minoría parasitaria. ¿Por qué la explotación de los seres humanos fue acompañada, desde su origen, por la opresión de las mujeres, por una opresión que adquiere múltiples formas, y ribetes cruentos y terroríficos?

Llegado el mes de noviembre, con el Día Internacional de Acción Contra la Violencia hacia las Mujeres recrudecen las campañas televisivas contra la violencia, los pronunciamientos de organizaciones de mujeres y los discursos de los gobiernos y otras instituciones del Estado; lo cierto es que las medidas planteadas como “solución” a este flagelo no han resuelto nada, pero no porque no den en la tecla correcta, sino porque no plantean el problema de fondo, es decir, la existencia de la propiedad privada, defendida a través de la violencia por la clase dominante, contra las y los explotados, que condenó a las mujeres a ser un grupo subordinado socialmente.

Aunque haya quienes sostengan que esta violencia se reduce a determinados “sectores sociales”, que sus ejecutores deben ser considerados como “enfermos” o “locos”, que las víctimas han caído en esa situación “por algo”, que el amor “extremo” explica o justifica los celos posesivos y entonces se puede hablar de “crímenes pasionales”… lo cierto es que ninguno de estos casos ocurre aisladamente: la violencia que se ejerce sobre nosotras, como vemos, sucede en una sociedad donde las mujeres ocupamos un rol subordinado, somos consideradas un mero objeto sexual, personas incapaces e inferiores, con menores derechos y libertades. Es decir, la violencia contra las mujeres se origina, se sostiene, se justifica y se legitima en la desigualdad socialmente construida entre los géneros y entre las clases, porque también es cierto que sus consecuencias las sufren, más crudamente, las mujeres de las familias obreras y pobres.

Una desigualdad que no es natural, biológica ni heredada, que hace que esté profundamente arraigada en la sociedad la idea que las mujeres son propiedad de los varones, primero del padre, luego del marido, algunas convertidas en propiedad de “Dios”, otras en propiedad de todos los hombres… pero nunca autónomas. Por eso decimos que, más que una repentina “pérdida del control” por parte del hombre que ejerce esa violencia contra la mujer, la misma es expresión del más alto grado de control y dominación que pueda ejercerse sobre otra persona.

Violencia ¿familiar y doméstica?

En Argentina, más de 21 mil mujeres denunciaron este año que sufren violencia dentro del hogar, aunque la cifra es mucho más alarmante, ya que se calcula que por cada caso denunciado hay por lo menos otros tres que se silencian. Aunque no hay cifras oficiales, teniendo en cuenta exclusivamente las noticias aparecidas en los diarios, se puede calcular que en lo que va de este año, alrededor de 100 mujeres murieron a causa de la violencia de género. Esto sin contar que, mientras el gobierno de Cristina Fernández (como los anteriores) sigue imposibilitando la despenalización y legalización del aborto, mueren más de 400 mujeres al año por las consecuencias del aborto clandestino. Casi medio millar de muertes de mujeres que podrían evitarse con una ley que permitiera el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales públicos.

Pero incluso el sistema judicial previsto para las denuncias de violencia contra las mujeres, revictimiza a las víctimas: los procedimientos judiciales son lentos, dolorosos y, como no podía ser de otra manera, son injustos, porque se centran en investigar a la víctima, presuponiendo que “algo habrá hecho” para que le suceda lo que le sucedió. Y así y todo, los juicios iniciados por “violencia familiar” aumentaron más de un 60% en los últimos años, en nuestro país. Sin embargo, el propio Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tuvo que reconocer que se reciben más de ocho denuncias diarias sólo por violación, pero que el 80% de los casos no llega a juicio por diversos “fracasos” de las fuerzas policiales durante la investigación, los organismos de justicia, etc.

¿Fracasos? Parece un término demasiado leve para referirse a las fuerzas policiales que son quienes manejan las cajas negras de la prostitución, el narcotráfico, el juego clandestino y otros negocios sucios… un término demasiado leve para referirse a las mismas fuerzas policiales encargadas de la represión contra la clase trabajadora y el pueblo, el asesinato a mansalva de la juventud de los barrios plebeyos con el “gatillo fácil”, responsables de la tortura, asesinato y desaparición de miles de luchadoras y luchadores de la época de la dictadura militar y que aún están en funciones…

Rosa Yamila Gauna, de tan sólo 15 años, fue apresada en una Comisaría de la Mujer, en Misiones, bajo el supuesto cargo de haber cometido una infracción. En esa misma Comisaría de la Mujer donde se reciben las denuncias de violencia, esta joven apareció muerta en su celda, pocas horas después. La habían quemado viva para que no quedaran pruebas de que los policías la habían violado. Este brutal crimen ocurrió en el 2006 y sigue impune; pero no es un hecho aislado: hace pocos meses se supo que en la Comisaría de la Mujer de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, un sargento que cumplía funciones allí había violado a varias adolescentes.

En el gobierno de Cristina, que asumió en nombre de los derechos humanos y haciendo bandera de su género, mueren más de una docena de mujeres cada mes a causa de la violencia que se ejerce sobre nosotras, mientras sigue vigente la Ley 24.417 de “violencia familiar”, que ni siquiera contempla políticas de prevención de la violencia y asistencia integral a las víctimas o medidas concretas para su protección. El programa Las Víctimas Contra la Violencia, que fue presentado por el gobierno como un gran paso adelante, cuenta con cinco (¡cinco!) telefonistas que transfieren las denuncias a la policía para que acuda al hogar en tanto llega una “brigada” con más policías, una psicóloga y una trabajadora social que acompañan a la víctima a hacer la denuncia a la comisaría, o al hospital a atenderse, si el caso lo requiere.

¡Cuánto cinismo! ¡El programa depende del Ministerio del Interior, de quien también dependen las fuerzas represivas! La (in)justicia, mientras tanto, hace su parte: como en el caso de Romina Tejerina (y tantos otros), garantiza la impunidad de los abusadores, mientras ratifica la condena contra la joven víctima. ¿Y cuántos son los casos de redes de prostitución, abusos de menores, jóvenes engañadas y violadas en “fiestas de la alta sociedad” en los que numerosos jueces, fiscales y otros altos funcionarios o sus hijos aparecen involucrados, pero sobre los cuales cae rápidamente un manto de silencio e impunidad?

Nombrar a la violencia contra las mujeres como violencia “familiar” o “doméstica”, por tanto, es una operación ideológica que tiende a hacernos creer que se trata de un asunto privado, en el que no hay que meterse. Pero además, oculta el hecho de que esa violencia ejercida por las personas más cercanas a la víctima, y concretada en el ámbito privado, está originada, sostenida e incluso hasta justificada por una sociedad en la que la violencia contra las mujeres se ha convertido, trágicamente, en “sentido común”.

¡Basta de violencia contra las mujeres!

Quienes integramos la agrupación de mujeres Pan y Rosas sostenemos que no podrá acabarse con la violencia hacia las mujeres en tanto persista este sistema basado en la miseria, la inequidad y las condiciones aberrantes de existencia impuestas a millones de seres humanos por los intereses de una minoría parasitaria y sedienta de ganancias. La salida a tanta violencia, por eso, no es individual. Para terminar con la milenaria opresión de la mujer, de la que el capitalismo se ha valido para ejercer su dominio, tenemos que organizarnos, junto a nuestros compañeros varones, para terminar con él. Pan y Rosas te propone lanzar una gran campaña para decir ¡Basta de violencia contra las mujeres!, que incluya:

Refugios u hogares transitorios para las mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas, garantizados por el Estado y bajo control de las propias víctimas de violencia, organizaciones de mujeres y trabajadoras, con gabinetes de profesionales y especialistas, sin presencia policial ni judicial.

En nuestros lugares de trabajo y en los sindicatos, creación de comisiones de mujeres, independientes de las patronales, que se ocupen de los casos de acoso sexual o laboral y discriminación hacia las trabajadoras.

Subsidios acordes a la canasta familiar para las víctimas de violencia que estén desocupadas, acceso a la vivienda y trabajo para todas. Licencias pagas para las trabajadoras que atraviesan una situación de violencia, con atención en salud cubierta íntegramente por la patronal y las obras sociales.

Tenemos que organizarnos para ser miles y arrancar nuestros derechos, invitando a nuestras amigas, vecinas, compañeras de estudio o de trabajo, a ponerse de pie para enfrentar este flagelo. Pero también convocando especialmente a los trabajadores y a todos los varones concientes de sus cadenas que quieran luchar por una sociedad sin explotación, a tomar esta tarea también en sus manos. Porque mientras la clase dominante logre mantenernos divididos, oponiendo a unos y otras, e instilando su venenosa ideología de que hay explotados de primera clase y explotados “de segunda”, como las mujeres o las y los inmigrantes, más fácilmente se perpetúa su dominio y nuestra esclavitud.