Lo personal es político

Por: Laura Antillano
Las campañas por la despenalización del aborto recorren Latinoamérica entera. Pero, sin descanso la alianza de las mujeres por esta lucha, determinante en términos de salud pública, es un hecho indiscutible para el continente americano y el mundo. El aborto es la primera causa de muerte materna en muchos de nuestros países.

En México se esgrimen argumentos legales, filosóficos, constitucionales, morales, epidemiológicos y de salud, y se recogen las vivencias de esa gran mayoría de la población femenina que no tiene voz pública a través de publicaciones desde la misma tribuna del Consejo Nacional de Derechos Humanos. El 24 de abril de 2007 fue votada la despenalización en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (Aldf). "Desde la aprobación del aborto legal en el Distrito Federal hasta septiembre de 2008, 15.000 mujeres pudieron ser atendidas dignamente".

El proceso en Uruguay ha sido complicado; ocurrió que el 11 de noviembre de 2008, el Parlamento aprobó la ley integral que despenaliza el aborto. Pero, el presidente Tabaré Vázquez la vetó. "Ahora, el Parlamento deberá convocar a la Asamblea General. Se necesitan los votos de tres quintos de los miembros presentes, de cada una de las cámaras, para levantar el veto. Esa mayoría es muy difícil de alcanzar y la despenalización del aborto se podrá presentar recién en la próxima Legislatura en 2010". En Bolivia, la nueva Constitución (enero de 2009) fortalece los derechos de las mujeres, aunque no se ha cambiado la restricción al aborto.


En Brasil, en julio de 2008 una comisión de la Cámara de Diputados de Brasil votó abrumadoramente en contra de un proyecto de ley para legalizar el aborto. Chile, donde existió el aborto legalizado por razones terapéuticas, en 1989 la dictadura militar eliminó la excepción del aborto terapéutico contra la opinión de diversas organizaciones de mujeres. La regulación penal en Chile "considera a la mujer y el valor de su vida como un bien jurídico, subordinado al feto en gestación". Esta consideración es reforzada por la Constitución de 1980. En enero de 2007 la presidenta Bachelet firmó un decreto aprobando el suministro -entre los 14 y 18 añosde la píldora anticonceptiva del día después sin que sea necesario el consentimiento de los padres. En cambio, en abril de 2008 el Tribunal Constitucional prohibiría el acceso a métodos anticonceptivos.


En Honduras, en mayo de 2009 el presidente José Manuel Zelaya vetó el decreto de Prohibición y Penalización de las Píldoras de Anticoncepción de Emergencia (PAE). En Venezuela se ha levantado una polvareda alrededor de una gestión que tiene años siendo bandera de movimientos de mujeres en función de este fin; ahora la Plataforma de Mujeres por la Legalización del Aborto trabaja incansablemente encontrando que coinciden en la negativa la Conferencia Episcopal y la Asamblea Nacional, lo que resulta un tanto insólito en un país laico como este. En un documento emitido el mes pasado (15 de julio) se insiste en afirmar el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y a la libertad reproductiva; analizando el asunto desde la perspectiva de la salud pública. El documento señala: "Por su carácter laico, el Estado debe garantizar el derecho que las mujeres tenemos de decidir cuándo queremos ser o no ser madres como una decisión libre y soberana, además de garantizar todos los mecanismos para que podamos gozar de una sexualidad responsable y libre, lo que implica implantar una ofensiva política de salud reproductiva que lo garantice. La legalización del aborto no implica que su práctica se convierta en un acto compulsivo ni que sus índices aumenten; tampoco supone que se le imponga a mujeres que no compartan esta como una opción; en cambio, la penalización del mismo expone las vidas de mujeres que, por diversas causas, se ven en la necesidad de interrumpir un embarazo aún en condiciones inseguras"


Pensamos que se trata de un asunto de máxima prioridad en la agenda de la salud pública.