Los no punibles en América Latina: un mapa de la inaccesibilidad

COMUNICAR IGUALDAD- Como se dijo, algunos países de Latinoamérica y el Caribe penalizan de forma absoluta el aborto. Es el caso de, por ejemplo, Honduras, Surinam, Chile, República Dominicana, El Salvador y Nicaragua. En el caso de Nicaragua y respecto a la penalización absoluta del aborto, en 2008, el Comité de Derechos Humanos señaló: El Comité observa con preocupación la prohibición general del aborto, inclusive en casos de violación sexual, incesto o presuntamente de embarazos que amenazan la vida de la mujer. Asimismo, le preocupa que la ley que autorizaba el aborto terapéutico en tales condiciones fuera derogada por el parlamento en 2006 y que desde la adopción de esta prohibición se han documentado varios casos en los cuales la muerte de la mujer embarazada estuvo asociada a la falta de una oportuna intervención médica orientada a salvar su vida, que le hubiera sido brindada bajo la legislación vigente antes de la revisión penal. Asimismo, el Comité observa con preocupación que el Estado parte no haya clarificado por escrito que el profesional médico pueda acatarse a las Normas y Protocolos para la Atención de las Complicaciones Obstétricas, sin miedo a ser investigados o perseguidos por el Estado parte (artículos 3, 6, 7 y 26). El Estado parte debería ajustar su legislación sobre el aborto de conformidad con las disposiciones del Pacto. Asimismo debería adoptar medidas para ayudar a las mujeres a evitar embarazos no deseados, de forma que no tengan que recurrir a abortos ilegales o inseguros que puedan poner su vida en peligro o realizarlos en el extranjero. Asimismo, el Estado debería evitar penalizar a los profesionales de la medicina en el ejercicio de sus responsabilidades profesionales. Por su parte, el Comité Cedaw también recomendó a Nicaragua la revisión de su legislación relativa al aborto y expresó su preocupación “[por] las gestiones realizadas recientemente por el Estado Parte para tipificar como delito el aborto terapéutico, lo que puede dar lugar a que más mujeres recurran a abortos ilegales practicados en condiciones peligrosas, con los consiguientes riesgos para su vida y su salud[...]

En este mismo sentido fue la observación que el Comité de Derechos Humanos realizó al revisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (pidcp), el 27 de octubre de 2010, respecto a la situación en El Salvador: El Comité expresa su preocupación por la vigencia de disposiciones del Código Penal que criminalizan el aborto en todas sus formas, dada la circunstancia de que los abortos ilegales tienen consecuencias negativas graves para la vida, la salud y el bienestar de la mujer. El Comité continúa preocupado por el hecho de que mujeres que acuden a hospitales públicos y a las que el personal médico ha relacionado con abortos hayan sido denunciadas por dicho personal ante las autoridades judiciales; que se hayan abierto procesos judiciales contra algunas mujeres y que en algunos de estos procesos se hayan impuesto penas graves por el delito de aborto e incluso por el delito de homicidio, haciendo los jueces una interpretación extensiva de este delito. Aun cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema ha decidido que en el caso de que exista un estado de necesidad imperioso la mujer que enfrenta un proceso penal por aborto puede quedar exculpada de responsabilidad penal, le preocupa al Comité que este precedente judicial no haya sido seguido por otros jueces ni tenido como consecuencia el término de los procesos penales abiertos contra mujeres por el delito de aborto (arts. 3 y 6 del Pacto). El Comité reitera su recomendación en el sentido que el Estado parte revise su legislación sobre aborto para hacerla compatible con las disposiciones del Pacto. El Estado parte debe tomar medidas para impedir que las mujeres que acuden a hospitales públicos sean denunciadas por el personal médico o administrativo por el delito de aborto. Asimismo, en tanto no se revise la legislación en vigor, el Estado parte debe suspender la incriminación en contra de las mujeres por el delito de aborto. El Estado parte debe iniciar un diálogo nacional sobre los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

En sus observaciones y recomendaciones a Chile en noviembre de 2004, el Comité desc expresó que: [P]reocupan las consecuencias para la salud de la mujer de la prohibición legal del aborto, sin excepciones, en el Estado Parte. Aunque no hay estadísticas oficiales del número de abortos que se practican anualmente, el gran número de mujeres que se hospitalizan por complicaciones de abortos cada año (34.479 en 2001) da una indicación de la amplitud del problema. En atención a lo anterior, el Comité desc recomendó a Chile “que revise su legislación y despenalice el aborto cuando se trate de abortos terapéuticos y cuando el embarazo sea consecuencia de violación o incesto.”29 El Comité de Derechos Humanos también observó que Chile debería revisar su legislación sobre aborto, con miras a que concuerde con el pidcp.

Con respecto a Honduras, el Comité cedaw recomendó: [Q]ue el Estado Parte examine la posibilidad de reformar la normativa sobre el aborto con miras a determinar en qué circunstancias se puede autorizar, por ejemplo, el aborto terapéutico y el aborto en casos de embarazo resultante de violación o incesto, y a derogar las disposiciones que penalizan a las mujeres que recurren al procedimiento, en consonancia con la recomendación general 24 del Comité, relativa a la mujer y la salud, y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. El Comité exhorta también al Estado Parte a poner a disposición de las mujeres servicios de calidad para atender las complicaciones derivadas de los abortos peligrosos y a reducir la tasa de mortalidad materna. Mientras que el Comité de Derechos Humanos observó que Honduras debería revisar su legislación sobre el aborto con miras a que concuerde con el pidcp.El Comité cedaw se expresó de igual manera en el caso de República Dominicana, en tanto sostuvo que “recomienda que el Estado Parte preste, entre sus servicios de salud, la interrupción del embarazo cuando sea resultado de una violación o cuando esté en peligro la salud de la madre.”

Para concluir este apartado, mencionamos un ejemplo de las consecuencias que la penalización absoluta del aborto provoca en la protección de la salud de las mujeres. En Nicaragua, las autoridades públicas de salud negaron a “Amelia”, quien estaba embarazada, el acceso al tratamiento médico para el cáncer que padecía, bajo el argumento de que los medicamentos a suministrarle provocarían un efecto abortivo. Amelia interpuso ante la cidh una medida cautelar para que se le proporcionara el tratamiento médico. Al conceder dicha medida, la cidh solicitó urgentemente al Estado de Nicaragua que adoptara las medidas necesarias para asegurar a la beneficiaria el acceso al tratamiento médico necesario para tratar el cáncer metástico que ponía en peligro su vida.

FORO: "Aborto: ¿crimen, derecho o debate necesario?

ABORTO: Realidad y Necesidad

Por Yhosmary Franco / Género con Clase

Existe una realidad que muchos no ven o simplemente se niegan a aceptarla, y es que en lo más oscuro de nuestros barrios se llevan acabo abortos bajo condiciones inhumanas, sin importar si es o no legal, ya que para las mujeres pobres que no tienen ni para sostenerse así mismas se les convierte en una necesidad; este es un problema de salud pública y el Estado tiene el deber de garantizarle a la Mujer como parte de una sociedad en la cual representa más del 50% de la población, un aborto seguro y gratuito, con el fin de evitar que sigan muriendo incontables mujeres trabajadoras, estudiantes, niñas de nuestro pueblo que se ven obligadas a recurrir a un aborto clandestino, por causa de un sistema mercantilista que les niega una adecuada educación sexual y le impiden un fácil acceso a los métodos anticonceptivos.

Debemos dejarnos de prejuicios e individualismos absurdos, de falsas morales y trabajar sobre la realidad. Sabemos que durante años las mujeres con posibilidades económicas se han efectuado abortos cuantas veces lo necesitan o creen conveniente, en clínicas privadas y con médicos especializados. Por otra parte en muchos países el aborto es legal y forma parte de políticas públicas que garantizan los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo; las estadísticas nos revelan que somos los países mal llamados “tercer mundistas” los que mayoritariamente seguimos exponiendo a nuestras mujeres a patrones anacrónicos que violentan sus vidas.

La iglesia no deja de ser cómplice en estas muertes de mujeres pobres, pues con su doble moral realizan campañas masivas en contra del aborto con la excusa del “derecho a la vida”, esta consigna suena un tanto contradictoria cuando vemos que entre 4500 y 11000 mujeres mueren anualmente sólo en América Latina por causa de abortos realizados en la clandestinidad.

En Venezuela se hace necesario abrir este debate, pues si pretendemos construir un socialismo feminista, se debe tomar en cuenta el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. El pueblo venezolano debe empezar a deslastrarse de falsas morales que responden a una lógica capitalista y patriarcal.

Es así como hago un llamado al debate y dejo en claro que la propuesta de despenalizar el Aborto va tomada de la mano con la implementación de una adecuada salud sexual, sin tabúes, adecuada a la realidad de nuestr@s jóvenes, al igual que garantizar el gratuito y fácil acceso a los métodos anticonceptivos.

Aborto: lo criminal está en su prohibición

Por: Germán Uribe/ Fuente: Rebelión

En lo tocante al aborto sólo tienen peso conceptual dos posiciones explícitas: la de aquellos que lo califican de crimen y la de quienes consideramos que el crimen se incuba precisamente en su prohibición. No hay, pues, en lo referente a este tema, manera alguna de refugiarse en aquel famoso simplismo de intermediación o conciliación que invocamos como “más o menos”. O se está con él, o se está contra él.

El proyecto de reforma constitucional -llevado al Congreso por el partido conservador y por la extrema derecha, su aliada representada por los uribistas del partido de la U- que penalizaría el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo, al modificar el artículo 11 de la Carta Política desequilibra escandalosa y perversamente el rigor de una justicia equitativa cuando lo extiende a todas las circunstancias que llevarían a considerarlo, concitando una aberrante ocasional “pena de muerte” en detrimento de las madres, lo cual para sus defensores no es grave, como sí lo sería, según ellos, cuando afecta la gestación, es decir, lo “contingente”. No hay sindéresis en ello, y punto.

De hecho, lo que se proponía desde la Comisión Primera del senado -en buena hora sepultado -, no era otra cosa que “tumbar” la sentencia 355 del 2006 de la Corte Constitucional que consiente su práctica en casos de violación, malformaciones genéticas o cuando la salud o la vida de la madre corran graves riesgos. Eso, evidentemente, poco les importa.

El proyecto de acto legislativo 06 en nada favorecía a la salud pública, la medicina, la ciencia, el derecho y la ética, y muy por el contrario, esta improvisada arremetida retardataria dirigía sus absurdas intenciones, mientras abusaba del justo espíritu constitucional defendido con valor por la Corte Constitucional, al bajo mundo del aprovechamiento político y electoral, con consecuencias tan perturbadoras como primitivas y contrarias a los avances de la civilización y los logros científicos de la humanidad, al pretender la negación a necesidades tales como los métodos acreditados de anticoncepción, o la fertilización in vitro o, en fin, la investigación en células madre y la misma eutanasia.

Mucha tinta se ha derramado desde cuando nuestro país se asomó tímidamente al tema del aborto como una exigencia para el mejoramiento de la salud pública de los colombianos. Los diferentes sectores activos de nuestra sociedad a través de instituciones jurídicas, organizaciones religiosas, ONGs, la academia, columnistas de medios y destacadas personalidades, no han desaprovechado oportunidad para volcar con evidente énfasis sus propios puntos de vista. De todo se ha dicho con razón o sin ella. Pero he aquí un ejemplo de interpretación ace rtada tomado de un editorial del diario El Tiempo :

“La sentencia C-355 - del 10 de mayo de 2006 de la Corte Constitucional- no es una carta blanca para abortar, como lo pintan sus críticos. Al contrario, limita la traumática opción a tres situaciones extremas para las mujeres. Y, aun dentro de esos límites, los distintos actores estatales, del sistema de salud y de la justicia ignoran el sufrimiento femenino y desdeñan los derechos de la mujer. La reforma constitucional de los conservadores subordina el déficit de los derechos reproductivos a los principios absolutos de su fe religiosa. Prefiere que el Estado adopte un credo a que cumpla los fallos de sus altas cortes.”

Y ya lo había dicho yo el 25 de abril de 2006, en un artículo que denominé “El aborto: ¿una vida por otra?”:

“Los primeros, como casi único argumento, invocan a Dios y la moral religiosa, es decir, argumentaciones subjetivas. Los segundos, con objetividad, reclaman lo objetivo: primero la existencia y lo que ya es de este mundo. Los enemigos del aborto parecieran querer hacer prevalecer lo que puede llegar a ser, por sobre lo que ya es, una vida humana en pleno ejercicio de su existencia. Lo latente por sobre lo existente. Y aunque ponen el grito en el cielo llamando a las madres que abortan asesinas de sus hijos, no creo que quienes estamos de parte del aborto llegáramos a llamar a sus hijos inconvenientes en gestación, asesinos de su propia madre. ¡Que sea la madre a quien se deba inmolar en aras de una vida eventual¡ Antes que sacrificar lo gestado, hay que matar a quien lo gesta. En este país prima por sobre la vida de la madre, el periodo gestacional de un feto”.

El anuncio de que el Partido Conservador echará mano de un referendo como herramienta constitucional para hacer posible la penalización del aborto, parece ser una de las últimas patadas de ahogado con que se nos notifica este jurásico exabrupto

Una consulta popular requiere ante todo una premisa con fundamento, proporcionada y sensata. Pueda ser que la ciudadanía así lo entienda y eche por la borda lo que sólo será un desgaste inútil para la democracia y un despilfarro económico inexcusable.

Y por último, para vigorizar la embestida conservadora, salta de pronto como un salvavidas estertóreo el denominado plan B que, liderado por el señor Procurador Alejandro Ordóñez, pone a consideración del Congreso un proyecto de ley que apunta a regular la objeción de conciencia pretendiendo con ello hacerle el esguince a lo establecido por la Corte. Pero desmedidos en sus apetencias, los conservadores buscan con un habilidoso añadido la ampliación de su cobertura a las instituciones privadas, a sabiendas de que lo formulado por el Procurador y su “añadido” sólo tiene cabida para las personas naturales y no para las instituciones. "Eso es intentar llevar las convicciones religiosas personales al plano del Estado, para obtener propósitos de tipo confesional”, declaró recientemente el ex presidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán.
¿Qué destino próspero y moderno podría alcanzar un país que, mientras ve pasar el avance de la medicina, la ciencia y la tecnología por el resto del mundo, se empeña en mantener estancado el propio desarrollo de su civilización, y por añadidura, tendido somnoliento sobre el regazo del statu quo , cuando no en la más condenable regresión?

Nuestros cuerpos como terreno de lucha histórico-simbólica

Fuente: Coordinadora Juvenil
La historia del Ecuador esta atravesada por un acumulando de luchas sociales, la estudiantil, la obrera, la campesina, de las mujeres, la barrial, la de los grupos trans y las luchas de género, entre otras, sus reivindicaciones están entorno a la destrucción del sistema capitalista patriarcal en todos sus ámbitos y niveles.

Sin embargo muchas de las reivindicaciones de la lucha feminista y de las mujeres no se han visibilizado como luchas antisistema sino como luchas que ayudan al reacomodo del capital por medio del discurso de la igualdad. Esto se debe al Plan de Acción que el Banco Mundial introdujo en los países del “tercer mundo” para eliminar las desigualdades de género. El problema fundamental con respecto a esto es que por un lado, introduce miles de millones de dólares a nuestros países, pretendiendo que así las desigualdades se eliminen o disminuyan, pero en ningún momento se plantea el cambio profundo de las estructuras capitalistas- patriarcales. Por otro lado tiene una lógica desmovilizadora, es decir pretende que los cambios se los haga desde las esferas de arriba de élite y no desde las bases y las organizaciones sociales.

Desde nuestra posición feminista de izquierda, comprendemos y luchamos por la despenalización social y legal del aborto, entendiéndola como una lucha que no solo destruye la subjetividad capitalista de apropiación del cuerpo; cabe decir para mantener las estructuras de las familias patriarcales que son la bases del sistema ya que ahí se reproducen las relaciones de poder; sino también desde su carácter de clase.

Mientras una mujer que tiene posibilidades económicas, puede pagar un aborto seguro en nuestro mismo país o incluso realizárselo en países donde es legal el aborto, las mujeres que no tiene recursos económicos arriesgan sus vidas a diario, según estadísticas de la OMS 342 mujeres abortan diariamente en el Ecuador.

Es por esto que denunciamos y responsabilizamos a grupos fundamentalistas y a esa sociedad reaccionaria, que no quiere ver que las mujeres ya estamos decidiendo por nuestras vidas, por tanto sus discusiones no están en torno a la salud de las mujeres y como mejorar las condiciones en las que abortamos, estos grupos a demás no luchan por la no despenalización del aborto por puro amor a la moral, sino que existe una red de mafias alrededor de la ilegalidad del aborto, podemos mencionar a lxs miles de doctores que se enriquecen mediante clínicas clandestinas, como un ejemplo.

Estos grupos tienen nombre y apellido, y esconden sus intereses político económico en un discurso moral PRO-VIDA y religioso de amor. Responsabilizamos al estado por todas las muertes de mujeres en el Ecuador a causa de abortos inseguros, repudiamos la moral que nos ha impuesto la culpa como natural y no nos deja liberarnos.

Nosotras luchamos por la vida de las mujeres, por maternidades felices, planificadas y sobre todo no forzadas, por el amor a la libertad fuera de este sistema opresor, por construcciones coincidentes y colectivas de cambio es por esto que esta lucha nos traspasa como mujeres individuales y nos convoca a unirnos, a organizarnos a luchar hasta el final.

El 28 de septiembre es para nosotras un día más que reafirma nuestra lucha constante por las mujeres, nuestras madres, hermanas, primas, vecinas, amigas, novias, esposas…..por nosotras mismas.

La historia del Ecuador esta atravesada por un acumulando de luchas sociales, la estudiantil, la obrera, la campesina, de las mujeres, la barrial, la de los grupos trans y las luchas de género, entre otras, sus reivindicaciones están entorno a la destrucción del sistema capitalista patriarcal en todos sus ámbitos y niveles.

Sin embargo muchas de las reivindicaciones de la lucha feminista y de las mujeres no se han visibilizado como luchas antisistema sino como luchas que ayudan al reacomodo del capital por medio del discurso de la igualdad. Esto se debe al Plan de Acción que el Banco Mundial introdujo en los países del “tercer mundo” para eliminar las desigualdades de género. El problema fundamental con respecto a esto es que por un lado, introduce miles de millones de dólares a nuestros países, pretendiendo que así las desigualdades se eliminen o disminuyan, pero en ningún momento se plantea el cambio profundo de las estructuras capitalistas- patriarcales. Por otro lado tiene una lógica desmovilizadora, es decir pretende que los cambios se los haga desde las esferas de arriba de elite y no desde las bases y las organizaciones sociales.

Desde nuestra posición feminista de izquierda, comprendemos y luchamos por la despenalización social y legal del aborto, entendiéndola como una lucha que no solo destruye la subjetividad capitalista de apropiación del cuerpo; cabe decir para mantener las estructuras de las familias patriarcales que son la bases del sistema ya que ahí se reproducen las relaciones de poder; sino también desde su carácter de clase.

Mientras una mujer que tiene posibilidades económicas, puede pagar un aborto seguro en nuestro mismo país o incluso realizárselo en países donde es legal el aborto, las mujeres que no tiene recursos económicos arriesgan sus vidas a diario, según estadísticas de la OMS 342 mujeres mueren diariamente en el Ecuador.

Es por esto que denunciamos y responsabilizamos a grupos fundamentalistas y a esa sociedad reaccionaria, que no quiere ver que las mujeres ya estamos decidiendo por nuestras vidas, por tanto sus discusiones no están en torno a la salud de las mujeres y como mejorar las condiciones en las que abortamos, estos grupos a demás no luchan por la no despenalización del aborto por puro amor a la moral, sino que existe una red de mafias alrededor de la ilegalidad del aborto, podemos mencionar a lxs miles de doctores que se enriquecen mediante clínicas clandestinas, como un ejemplo.

Estos grupos tienen nombre y apellido, y esconden sus intereses político económico en un discurso moral PRO-VIDA y religioso de amor. Responsabilizamos al estado por todas las muertes de mujeres en el Ecuador a causa de abortos inseguros, repudiamos la moral que nos ha impuesto la culpa como natural y nos deja liberarnos.

Nosotras luchamos por la vida de las mujeres, por maternidades felices, planificadas y sobre todo no forzadas, por el amor a la libertad fuera de este sistema opresor, por construcciones coincidentes y colectivas de cambio es por esto que esta lucha nos traspasa como mujeres individuales y nos convoca a unirnos, a organizarnos a luchar hasta el final.

El 28 de septiembre es para nosotras un día más que reafirma nuestra lucha constante por las mujeres, nuestras madres, hermanas, primas, vecinas, amigas, novias, esposas…..por nosotras mismas.

¿Y si se esterilizan los varones?...

ISABEL VILLAR / La República de las Mujeres

El aborto es la consecuencia de la existencia de embarazos no deseados. ¿Cómo evitarlos, teniendo en cuenta que los anticonceptivos a veces fallan, que no todas las relaciones sexuales son consentidas, que el coito y la concepción no son coetáneas y pueden mediar circunstancias que transformen realidades?

Hace al menos 25 años que se discute en Uruguay sobre despenalización del aborto, y 9 desde el inicio de una consecuente campaña para lograrla. ¿Y si en lugar de insistir en ella se decidiera la esterilización de todos los varones a la hora de su maduración sexual? Supondría que todos pudieran colocar semen en bancos de semen, a los que las mujeres accederían solo con autorización del varón. Y así no habría más embarazos no deseados, propone Lilián Abracinskas, codirectora de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU). Aunque sea por el absurdo, esa “solución” enfrenta el problema.

En un ciclo de debates organizado por Elas Producciones, que se desarrolla en la sede de la organización Mundo Afro, coincidieron senadores del Frente Amplio (Mónica Xavier), del Partido Nacional (Carlos Moreira) y del Partido Colorado (Alfredo Solari) con Abracinskas, para discutir una vez más sobre despenalización del aborto.

Moreira se concentró (y se cerró) en la defensa del comienzo de la vida con la concepción. Sus soluciones al conflicto pasan por políticas sociales activas que protejan a la mujer mientras cursa un embarazo que no desea. También considera “una salida” al artículo 328 del Código Penal vigente, que contempla atenuantes y hasta eximentes a la pena por delito de aborto.

Solari argumentó a partir de la tensión entre la ética de la conciencia (griego-judeo-cristiana) y la ética de la responsabilidad (hay violaciones, fetos mal formados, situaciones psicológicas incompatibles con el buen desarrollo del feto, que reconoce habría que atender). En ese marco, se hace cargo del mundo real, que pasa por 85 o 90.000 embarazos por año, de los cuales entre 30 y 33.000 terminan en aborto.

Entonces, ¿en dónde estamos?, se pregunta, para responder con la evidencia: en un país que penaliza el aborto pero este se realiza igual, y en los últimos 15 años no hubo un solo procesado ni por abortar ni por colaborar con la práctica. La mayor cantidad de procesados fue de 7 en 1997. Las soluciones del ex ministro
de Salud Pública pasan por programas de educación sexual para retardar la primera relación sexual y el primer embarazo,programas de apoyo a la gestación y programas de adopción.

Xavier, redactora del onceavo proyecto de ley para despenalizar el aborto que se presenta al Parlamento uruguayo desde la recuperación democrática, cree que para que el debate no sea estéril “hay que abrir la cabeza” y buscar un nuevo consenso político parlamentario, a la luz de las nuevas realidades, entre las cuales está la interrupción química del embarazo (usando misoprostol), que las mujeres pueden realizar en sus casas y de las que nadie se entera.

“A las mujeres se les reconoce autonomía para criar, educar, cuidar, pero no sobre su propio cuerpo”, siendo que nadie mejor que ellas sabe cuándo no pueden llevar adelante un embarazo, advirtió la senadora.

Abracinskas insistió en el que debería ser un aspecto central del debate: ¿cómo resolver el conflicto que plantea que toda la represión no haya dado respuesta al problema social? Y recordó que, según las encuestas de opinión pública, votantes de todos los partidos están mayoritariamente de acuerdo con un cambio legal en materia de aborto, pero “sus dirigencias no los escuchan y hacen otra cosa”. Uruguay ha suscripto instrumentos internacionales que protegen a las mujeres de la violencia. “¿Quién puede imponerle a una mujer continuar con un embarazo que no desea para dar el producto en adopción? Sería un embarazo contra su voluntad y eso es violencia”, reflexionó Abracinskas, agregando que “el misoprostol no resolvió el conflicto social, solo las muertes evitables por aborto, que se sigue practicando. Hoy el misoprostol se vende en bocas de pasta base”.
Publicado por La República de las Mujeres

Argentina: El CDH-ONU falla contra Estado argentino en caso de aborto no punible

Norma Loto
(SEMlac).- El reciente fallo del Comité de Derechos Humanos (CDH-ONU) a favor de una mujer y en contra del Estado argentino, marca un antes y un después respecto al acceso de ellas a los abortos no punibles.

El organismo internacional no sólo ordenó el reconocimiento y la reparación de la víctima, sino que exigió al Estado la adopción de "garantías de no repetición", lo cual implica que todo lo vivido por LMR y su familia, no suceda nunca más.

LMR es una joven que hoy tiene 20 años, pero su desarrollo mental corresponde a una niña de 10. En 2006, se encontraba embarazada producto del abuso de un tío y, ante esta situación, su madre solicitó en el Hospital de la localidad de Garnica, ubicada en el sur bonaerense, que se le practicara el aborto.

A pesar de que ese nosocomio pudo haberle realizado esa intervención, la derivó al Hospital de La Plata, en la capital bonaerense, donde se le exigió la denuncia policial por violación, pese a que para entonces LMR ya pasaba por las 14 semanas de gestación.

Luego intervino un Comité de Bioética y después una jueza de menores exigió interrumpir todos los procedimientos médicos sobre la niña, con lo cual a LMR se le negó el acceso a la interrupción de un embarazo, aunque se trataba de un caso previsto por el artículo 86, inciso dos, del Código Penal.

El caso pasó por todas las instancias judiciales hasta que la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires resolvió que el mencionado artículo, que permitía a la joven interrumpir la gestación, era constitucional y, por lo tanto, podía practicarse el aborto.

Sin embargo, de nada valió y LMR pudo abortar en una clínica privada. A partir de esto, se interpuso en 2007 una demanda contra el Estado argentino ante el CDH, que contó con el patrocinio del capítulo argentino del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer (CLADEM), el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR) y Católicas por el Derecho a Decidir de Argentina.

El reciente dictamen del organismo de la ONU es un gesto que sienta jurisprudencia sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en relación con los casos de aborto no punible.

El fallo de esa instancia admite que hubo violación del artículo siete del mencionado Pacto, que en su texto dice: "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos".

El Comité entiende que "la omisión del Estado al no garantizar a LMR el derecho a la interrupción del embarazo conforme a lo previsto en el artículo 86, inciso dos, del Código Penal, causó a la joven un sufrimiento físico y moral contrario al artículo siete del Pacto, tanto más grave cuanto se trataba de una joven con discapacidad".

A la vez, el organismo de Naciones Unidas plantea que los casos de aborto no punible deben resolverse entre la paciente y su médico, sin la injerencia del Estado, ya que esta intromisión viola el derecho a la privacidad establecido en el Artículo 17 del Pacto.

Asimismo, señala que el no disponer de mecanismos que le permitan interrumpir el embarazo hace al Estado responsable por la violación al derecho a la garantía y respeto de los derechos a la igualdad y no discriminación, al derecho a estar libre de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes y al derecho a la intimidad.

Estela Díaz es coordinadora de la Secretaría de Género de la Central de Trabajadores de la Argentina y activista de la Campaña por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito. Ella acompañó a LMR y a su familia en todo el proceso.

En conferencia de prensa, realizada el jueves 19 de mayo, Díaz manifestó la satisfacción de LMR y su familia con la decisión del Comité, y se refirió a las secuelas que el hecho dejó en esas personas por tratarse de un abuso sexual en el ámbito familiar.

"Esa situación generó en la familia un trauma que lo llevará de por vida", precisó la activista, quien consideró el dictamen del Comité como un gesto "muy reparador, porque se trata de un fallo internacional que les dice a LMR y a su familia: ´Ustedes tienen razón´".

Representantes de CLADEM Argentina, INSGENAR y Católicas por el Derecho a Decidir, manifestaron a la prensa que valoraban altamente el dictamen por la importancia que tendrá en la vida de la joven y su familia.

"Nos alegra sobremanera que el Comité haya receptado el pedido de garantías de no repetición, formulada en la Comunicación inicial del caso, al señalar que "El Estado tiene también la obligación de tomar medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro" y al solicitarle que en un plazo de 180 días informe al Comité sobre las medidas que haya adoptado para aplicar su dictamen".

Una pastilla que revoluciona

Sonia Santoro
Artemisa Noticias Un estudio pionero sobre aborto en la provincia de Neuquén revela que el uso del misoprostol para interrumpir embarazos no deseados está difundido en la comunidad, y que debido a esto se disminuyeron las complicaciones postaborto. También, que un 71% de los y las profesionales encuestados dijeron estar de acuerdo con que interrumpir voluntariamente la gestación es una decisión y un derecho de la mujer.

Los datos se desprenden del estudio 'Percepciones, prácticas y actitudes de los profesionales médicos en la atención del aborto. Un estudio en el subsector público de salud de la Provincia del Neuquén', dirigido por Mónica Oppezzi, referente del Programa de Salud Sexual y Reproductiva; Subsecretaria de Salud, Provincia del Neuquén y Carlota Ramírez, del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; Ministerio de Salud de la Nación, y presentado a fines de abril en esa provincia. Se trata de la primera investigación que se realiza en todo un sistema público de salud del país, de acuerdo a sus diferentes niveles de complejidad, y que incluye además como sujetos de investigación no solo al área de ginecología sino también al de medicina general.

'El propósito del trabajo fue generar evidencia para facilitar la toma de decisiones a las conducciones políticas tanto provinciales como nacionales, en relación al derecho de las mujeres a la información en cuestiones de salud sexual y reproductiva en general, y en particular cuando concurren por cuestiones vinculadas al aborto, al uso de medicamentos para interrumpir en forma voluntaria un embarazo y a la accesibilidad a los abortos no punibles de acuerdo a la ley y normativas vigentes, a nivel nacional y provincial', explicó Opezzi, desde Neuquén.


La investigación consistió en una encuesta que fue enviada en sobre cerrado a profesionales médicos ginecólogos/as-obstetras y generalistas de establecimientos hospitalarios de todas las zonas sanitarias del subsector público de salud de la Provincia del Neuquén. Se enviaron un total de 202 encuestas de las cuales fueron respondidas y devueltas 128, lo que representa un 63% de total. Además, se realizaron dos grupos focales, uno con generalistas del que participaron ocho profesionales y otro con ocho ginecólogos y ginecólogas.

Causas

Entre las principales causas de hospitalización por complicaciones vinculadas al aborto, el 58% de quienes respondieron la encuesta contestó 'aborto espontáneo', mientras que un 30% respondió 'aborto provocado', incluyendo el uso de sonda, perejil (17%), y medicación (13%). 'De la información relevada, tanto en las encuestas como en grupos focales, se desprende que existe un aumento en el uso del oxaprost por parte de las mujeres que cursan embarazos no planeados y que esta práctica, no solo reduce las hospitalizaciones sino también las complicaciones y secuelas que resultan de abortos realizados sin las condiciones sanitarias adecuadas', dice el infome.

¿Por qué las mujeres se provocan abortos?

Para el 49% de los y las profesionales encuestados la causa más frecuente es el no uso de métodos anticonceptivos, mientras que un 19% opina que es la falta de educación/información de la mujer. En tercer lugar, un 9% del personal médico adjudica la realización de un aborto a la falta de responsabilidad de la mujer. 'La percepción del no uso de métodos anticonceptivos como principal causa de embarazos que terminan en abortos, es congruente con la información obtenida del Sistema Informático Perinatal del año 2009. En ese período en la Provincia de Neuquén, un 47.8% de las mujeres no habían planeado su embarazo, y de ese total un 67.5% reporta no haber usado ningún método anticonceptivo', dice el informe.

'En los relatos y respuestas relevadas durante esta investigación el señalamiento del no uso de métodos anticonceptivos por parte de las mujeres, estuvo en algunos casos asociado a la falta y/o discontinuidad en la provisión de insumos por parte del programa de salud sexual y reproductiva. Es interesante señalar que esta percepción se contrapone a la realidad, ya que desde la plena implementación del Programa Provincial en el año 2000, el abastecimiento de insumo fue continuo a todos los efectores provinciales', explican las autoras.

Si bien en los grupos focales la falta de responsabilidad de la mujer no fue directamente asociada como una de las causas de los abortos inducidos, también apareció: '…creen que se esterilizan cuando sacaron el turno, y el turno lo tienen que sacar todos los meses' o '...no se cuidan hasta que no las ligues y se embarazan de nuevo, entonces pasan de nuevo'.

Es llamativo, aunque no sorprende por otro lado, que la responsabilidad y participación de los varones en la procreación y en la interrupción de embarazos no deseados, no aparece. Solo fue seleccionada por el 3% de profesionales.

La atención hospitalaria

El 43% consideró que la atención por complicaciones de aborto en su hospital es muy buena, un 35% buena y un 13% afirma que es excelente. No se registraron respuestas negativas sobre este punto. Incluso en relación a cómo se sienten cuando atienden a una mujer que llega con complicaciones de aborto, la opción más elegida fue 'trato de contenerla emocionalmente'. Esta opción fue seleccionada por el 35% de los encuestados, de los cuales el 21% fueron profesionales mujeres y el 14% varones.

En un 71% de las respuestas a la encuesta, los y las profesionales manifestaron estar de acuerdo con que la decisión de interrumpir voluntariamente la gestación es una decisión y un derecho de la mujer. Y un 93% expresó su desacuerdo con el encarcelamiento de una mujer que se indujo un aborto.

Sin embargo, la investigación encontró que la obligación de denunciarlo como delito todavía está vigente en algunos profesionales: '…pero si el otro día uno me pregunto: ¿donde anoto a la paciente en el libro policial? …' en ningún lado, pero les ha quedado eso, y se ve que en algún momento se tenía que hacer'.

El aborto no punible

En la encuesta se preguntó si estaban de acuerdo con que 'el hospital público debería hacerse cargo de realizar los abortos no punibles por la ley vigente'. El 72% contestó que sí y solo un 11% respondió negativamente. En los comentarios adicionales algunos/as profesionales confirmaron esta postura: 'estoy totalmente de acuerdo en circunstancias especiales tales como los embarazos producto de violaciones o abusos'; 'el aborto deber realizarse cuando hay violación, madre con discapacidad'.

Sin embargo, las excepciones estipuladas en el inciso 1 del artículo 86 del código penal ('Si se ha realizado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios'), generan distintas interpretaciones: 'no tener salud no es solo tener una enfermedad grave'; 'en el caso de la salud, en la insuficiencia renal, pensamos en cosas graves…'.

En los equipos de salud existe el temor, no solo a las consecuencias penales que puedan resultar de realizar un aborto, sino también a la sanción moral de los y las colegas, 'a mí me cruzo un traumatólogo de acá y me dijo 'yo si me llego a enterar te voy a presentar una demanda por el por nacer'…'.

'Aún en aquellas circunstancias en las cuales los abortos se encuentran enmarcados dentro de la no punibilidad y se realizan de acuerdo a las regulaciones provinciales vigentes, persiste en el discurso de los y las profesionales el estigma de la ilegalidad. Así por ejemplo, refiriéndose a la realización de un aborto no punible que fuera aprobado por el director del hospital y con todos los requerimientos de la resolución ministerial provincial, un profesional expresa, 'lo manejamos por izquierda…por izquierda en la forma hospitalaria, discretamente…se hizo lo más discretamente posible, esa es la palabra, sin que supiera nadie, si?'

El uso del misoprostol

Según el informe: 'el uso del misoprostol ha transformado radicalmente el manejo del aborto inducido. Existe cierto consenso entre los expertos en que el uso de esta medicación permite a las mujeres acceder a un método no invasivo, muy seguro y eficaz para la interrupción de un embarazo, que además no requiere la participación de terceras partes. Por ejemplo: 'Yo lo llamo como una revolución tecnológica, porque cambia…el poder lo tenés vos [usuaria]. O sea el paciente tiene el poder, el paciente decide si consulta o no consulta,…me parece que es lo más fuerte que ha pasado respecto al aborto en los últimos años'.

De todos modos, no hay una política sanitaria que de respuesta a esto y los y las profesionales toman decisiones según lo que les parece adecuado a cada uno: 'no le podemos negar el derecho a estar informada'; 'a mi cada vez que me preguntan y yo les tengo que decir, les digo 'usa el oxaprost'; yo les digo cuales son los riesgo, cuales son las cuestiones porque la mujer tomo la decisión…una vez que tomaste la decisión, listo, las formas son estas, los riesgos son estos…';

Otra tensión se genera al momento de acceder al medicamento, que no está aprobado por la ANMAT para uso ginecológico: 'viste, porque vos me estas aconsejando todo, me estás diciendo todo (dice la paciente) doctor bárbaro, y? quien me coloca la pastillita? me la da? me da la receta? No, yo no te la puedo dar (el médico)'.

'En definitiva y ante la inexistencia de una política consensuada las resoluciones son particulares y varían significativamente según una serie de variables contextuales, 'tenemos una farmacia que nos vende a dos cuadras del hospital la pastilla fraccionada y a comprar…'

Entre las recomendaciones finales, las autoras proponen que en el plano de las políticas sanitarias a nivel nacional 'se pongan en marcha los mecanismos necesarios para normatizar y garantizar la accesibilidad y el uso del misoprostol de 200mgs para uso gineco-obstétrico'.

Argentina: Un reclamo con amplio apoyo en favor de la despenalización

Artistas, intelectuales, políticos, periodistas, científicos y entidades de diversos ámbitos suscribieron un documento titulado “Aborto legal, una deuda de la democracia”, que se publica hoy en una solicitada. Aquí, algunos referentes explican su apoyo.

Por Mariana Carbajal / Página 12

Hebe de Bonafini, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo; Nora Cortiñas, de Madres-Línea Fundadora; Estela de Carlotto, de Abuelas; Víctor Hugo Morales, las actrices Florencia Peña, Inés Estévez y Soledad Silveyra y el actor Gustavo Garzón, el humorista Diego Capusotto y los intelectuales Horacio González, Noé Jitrik, Ricardo Forster y Beatriz Sarlo son algunos de los casi cuatrocientos nombres de referentes de la cultura, los medios de comunicación, el espectáculo y la ciencia y de entidades de diversos ámbitos, que acompañan una solicitada a favor de la legalización del aborto, que se publica hoy en Página/12 y otros diarios del país. El texto reclama al Congreso el tratamiento y la sanción del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, presentado un año atrás por cincuenta diputadas y diputados de un amplio arco político, y considera que se trata de “una deuda que la democracia tiene con las mujeres en Argentina”. Consultados por este diario, un actor, un juez, una periodista, una escritora, una funcionaria nacional, un economista, un diputado porteño y un conductor de radio, explicaron por qué apoyan el reclamo.

La solicitada refleja un vasto respaldo a la iniciativa legislativa, que establece el derecho al aborto en el primer trimestre de gestación. “Afirmando nuestro compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos, las organizaciones, grupos y personas abajo firmantes consideramos imprescindible que el Congreso nacional debata y sancione el proyecto ley de interrupción voluntaria del embarazo elaborado por la Campaña”, comienza el texto. La Campaña está conformada por 301 organizaciones de todo el país.

Consultado por Página/12, Víctor Hugo Morales explicó su apoyo a la despenalización y legalización del aborto. “Cada año unas 500 mil mujeres abortan, según indican estimaciones con base científica. Muchas mueren por llevarlos a cabo en lugares no preparados. Pienso que si la salud pública se ocupase estaríamos en una situación de protección de la mujer. No dudo de que habría menos abortos y que entre quienes necesitan interrumpir un embarazo, no existiría la despreciable diferencia que su condición social establece hoy. La estadística será saludada por el Cristo de mi corazón al que concibo muy justo. Así como están las cosas el fracaso es absoluto. No creo que Dios quiera lo que sucede”, señaló el conductor, que se define como católico practicante.

La escritora Beatriz Sarlo fundamentó su respaldo. “La libertad de decisión sobre los caminos de la propia vida me parece el principio que funda una sociedad democrática, abierta y pluralista. En ella cada uno puede optar según lo indiquen sus normas morales, religiosas o ideológicas, pero todos deben estar en condiciones iguales para ejercer el derecho a elegir según los principios que suscriban. El acceso a ese derecho de elección no puede restringirse ni, mucho menos, ser un privilegio de quienes pueden acceder a él porque disponen de más plata o mayores recursos sociales”, apuntó Sarlo, en diálogo con este diario.

Para el actor Gustavo Garzón es “ridículo” que esté prohibido el aborto y que tenga que hacerse clandestinamente “cuando se sabe que las parejas recurren a esa práctica y lo hacen. En vez de hacerlo con riesgo, podría realizarse bien. No entiendo por qué está penalizado”, sostuvo.

Entidades académicas, organizaciones de derechos humanos, sociales y gremiales, también sumaron su respaldo. Alejandro Dolina, Federica Pais, Antonio Grimau, Mex Urtizberea, Carla Czudnowsky, Carla Conte, Jean Pierre Noher, Marta Bianchi, Albertina Carri, Cristina Banegas, Liliana Herrero, Claudio Morgado, Hugo Yasky, Pablo Michelli, Stella Maldonado, Aníbal Ibarra, Martín Sabbatella son algunas de las figuras que firmaron la solicitada. También lo hicieron el juez federal de La Plata Carlos Rozanski, que integró el tribunal que condenó a prisión perpetua al comisario Miguel Etchecolatz y al sacerdote Christian Von Wernich por crímenes de lesa humanidad; el presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Eduardo Tavani; la abogada y profesora consulta de la UBA Nelly Minyersky; el doctor en Biología y divulgador científico Diego Golombek, la vicepresidenta del Inadi, María Rachid y los periodistas Pedro Brieger y Liliana Hendel, entre otros. “El maternaje es un contrato de por vida. Nadie debería obligarme a ejercerlo. En particular, en nuestro país manda la hipocresía. La que tiene dinero, simplemente aborta sin riesgos y se embaraza cuando quiere. ¿Y para los varones que engendran? Absolución y silencio”, indicó Hendel, periodista de Telefé.

El juez Rozanski consideró que las mujeres que mueren en el país como consecuencia de abortos inseguros son “víctimas dobles”. De género –indicó el magistrado– por ser mujeres y de condición social por ser pobres. “Esa combinación no es una injusticia aritmética sino geométrica. Es una muestra cruel de que las mujeres con mayores recursos económicos tienen hoy la posibilidad de optar por la interrupción de un embarazo no deseado, sin riesgos médicos ni legales, mientras que las restantes quedan una vez más a merced de un sistema injusto y discriminatorio que mira para otro lado en un caso y culpabiliza en el otro. Negar esa realidad y no despenalizar y legalizar el aborto, ofende, duele y fundamentalmente contradice el paradigma actual de derechos humanos y el modelo de sociedad que surge de la Constitución nacional en el artículo 75 inciso 22 y que todos estamos tratando de consolidar”, destacó Rozanski a Página/12.

El legislador porteño Francisco “Tito” Nenna (Encuentro Popular para la Victoria) también advirtió que la penalización del aborto “sólo consigue que muchas mujeres lo hagan en condiciones inseguras y mueran”. Las consecuencias de los abortos inseguros son la principal causa de mortalidad materna en el país hace más de treinta años. “Solucionar este problema es una asignatura pendiente de la democracia, y un compromiso que nuestro país ha asumido ante organismos internacionales. Como educadores, estamos a favor de la vida y consideramos que la clave está en la educación. La ley propuesta por la Campaña va en ese sentido y su sanción será un logro para todas las organizaciones de mujeres que vienen dando esta lucha, y un importante avance para nuestra sociedad”, opinó Nenna.

Para el profesor consulto de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA Pablo Levin, la penalización es “un resabio de costumbres y tiempos bárbaros”. “Es una vergüenza que haya que pedir el tratamiento al Congreso por un método como una solicitada, y que no tomen la iniciativa de aprobar la despenalización los propios legisladores”, consideró el economista.

El proyecto de la Campaña y otro con similar espíritu presentado por el bloque de Nuevo Encuentro están en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Su presidente, Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica, se comprometió públicamente a avanzar este año con su tratamiento. La discusión en torno del tema se inició el 30 de noviembre con una audiencia pública, donde la única oradora invitada fue la danesa Marianne Mollmann, especialista en derechos de las mujeres y directiva de la organización internacional de derechos humanos Human Right Watch. Mollmann expresó la necesidad de despenalizar y legalizar el aborto y sostuvo su posición con sólidos fundamentos jurídicos y de salud pública.

Ordena CIDH a México garantizar aborto legal

Cimac Noticias

El Estado mexicano debe garantizar el derecho de las mujeres a la maternidad libre y voluntaria, y crear medidas globales de protección para las y los defensores de Derechos Humanos, demandó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Durante el 141 periodo de sesiones de la CIDH, al menos 12 organizaciones mexicanas señalaron las consecuencias de las legislaciones estatales que restringen la interrupción legal del embarazo, como por ejemplo los abortos en condiciones inseguras y la muerte materna.

Con relación a las modificaciones que en México hicieron los Congresos locales en 17 de las 32 entidades federativas, de 2008 a 2010, con el objetivo de penalizar el aborto, la CIDH reiteró que “la salud reproductiva de las mujeres debe ocupar un lugar prioritario en las iniciativas legislativas y los programas de salud nacional y local en las esferas de prevención y protección”.

Ello conlleva al análisis pormenorizado de “todas las leyes, normas, prácticas y políticas públicas que en su texto o en la práctica puedan tener un impacto discriminatorio en las mujeres en su acceso a servicios de salud reproductiva, y prevenir las consecuencias negativas que estas medidas pudieran tener en el ejercicio de sus Derechos Humanos en general”.

Además indicó que los Estados están “obligados a eliminar todas las barreras de derecho y de hecho que impiden a las mujeres su acceso a servicios de salud materna que ellas necesitan, como la sanción penal al acudir a estos servicios”.

La CIDH asimismo recuerda a los Estados que el aborto terapéutico es reconocido internacionalmente como un servicio de salud especializado y necesario para las mujeres cuya finalidad es salvar la vida de la mujer cuando ésta se encuentra en peligro a consecuencia de un embarazo.

DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

Durante este período de sesiones, la CIDH decidió crear una Relatoría sobre la situación de las y los defensores de Derechos Humanos (DH), para visibilizar la importancia del rol de las y los activistas “en consideración de las denuncias” que recibió por parte de organizaciones de México y de otros países de la región.

La Comisión recibió información en varias audiencias temáticas sobre la grave situación de las defensoras y defensores humanitarios en países como México, Honduras, Colombia, Guatemala, Ecuador, Chile, Brasil, Paraguay y Venezuela.

La CIDH tomó conocimiento de un preocupante número de asesinatos y ataques contra defensores y defensoras en México, Guatemala y Honduras.

La Comisión reiteró que “los agentes del Estado deben abstenerse de estigmatizar y usar expresiones que tiendan a deslegitimar la labor de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos o de sus miembros que participan en las audiencias ante la CIDH”.

El organismo instó a los Estados a que adopten políticas globales de protección a las defensoras y defensores y a que den cumplimiento cabal a las solicitudes de los órganos del sistema interamericano en esta materia.
http://www.cimacnoticias.com/site/11040106-ordena-cidh-a-mexic.46655.0.html

Despenalización del aborto...

Por: Delia Raquel Añón Suárez / Fuente: Cortadas por la misma Tijera

La consigna, muy apropiada para los tiempos que corren en los que por fin podemos poner el tema en debate, es expresar qué cambia con el aborto legal.

El aborto legal cambia mucho las cosas en algunos aspectos. En otros sabemos que una ley, por sí misma, no impacta demasiado en los comportamientos sociales. Al menos en el corto plazo.

Pero antes de responder en forma concreta a la consigna planteada, quiero expresar que la “bandera” a favor de la despenalización del aborto no nos resulta a muchas feministas tan fácil de alzar como, por ejemplo, la de reclamo de igualdad salarial con los varones. No es tan sencilla de enarbolar porque al hacerlo queremos siempre respetar la experiencia de vida de cada mujer, sus deseos, sus sentimientos.

También porque, sobre todo las que somos más grandes, hemos asistido a proyectos colonialistas de control de la natalidad –para nosotras de control de nuestros cuerpos y subjetividades- que venían financiados por organismos internacionales con visiones Malthusianas e incluían la despenalización del aborto con el único fin de intentar controlar las tazas de natalidad en nuestros países, los periféricos.

Por estas razones fundamentalmente, es que digo que no es una “bandera” que nos quede cómoda, sobre todo en una sociedad formateada en el Boca-River. Siempre la pregunta rápida, para top de noticias es ¿Estás a favor o en contra?

Y yo dudo de esas simplificaciones extremas, reduccionistas.



Aún así, y pese a la sensación de vértigo que me produce en lo personal responder a las preguntas así planteadas, me declaro pública e indudablemente a favor.

Con matices, obvio. Como nos pasó frente al debate de Ley de Matrimonio Igualitario. Una puede plantearse muchas disquisiciones, pero siempre teniendo claro con quiénes quiere estar. O, más claramente, al lado de quiénes NO quiere estar. O no podría nunca estar.

La despenalización del aborto cambia mucho el estado de cosas: expande derechos y ciudadanía. Iguala. Podemos políticamente estar a favor o en contra de tener más derechos dentro de este sistema liberal; pero sin oponernos a expandir sus alcances en tanto otras realidades no se subsanen.
Dicho más claro: de aborto clandestino mueren las mujeres pobres. Esa sola razón basta para despenalizar su práctica existente y extendida.

Porque estoy harta de escuchar que “Bueno, en realidad hay que impartir educación sexual antes, no llegar a la situación”. Quienes así lo ven me indignan, porque invisibilizan la situación de vulnerabilidad de TODAS las mujeres al momento de tomar la decisión de cuidarnos.

Otra cosa que va a cambiar mucho con la legalidad va a ser la situación de las mujeres que lo practiquemos: por fin podremos decidir sobre nuestras vidas sin sentirnos delincuentes que se deben esconder. De estar sometidas a los malos tratos de quienes lo realizan en la clandestinidad. Ahora, el maltrato y la violencia del personal de salud que nos asista podrá denunciarse.

Y las cosas que la ley sola, rapidito, no podrá cambiar son varias de nuestras otras banderas como feministas. Siempre iremos por más, hasta lograr alcanzar nuestra utopía de se consideradas iguales.

Utopía que nos lleva a luchar por no se tratadas como objetos; contra las violencias que –entre otras cosas- nos pueden llevar a esos embarazos no deseados; contra la feminización de la pobreza; contra la precarización laboral; por nuestro derecho a tener una vida sexual que nos plazca sin temores; por una verdadera igualdad de oportunidades en nuestras vidas de laburantes o estudiantes… En fin, por todos esos anhelos que miles de veces interrumpe un embarazo.

Por eso, francamente a favor.

Educación sexual para decidir,
Anticonceptivos gratis para no abortar,
Aborto legal para no morir.

Derecho al aborto en riesgo en Francia

Sandra Chaher

Artemisa Noticias En Francia, donde las mujeres tienen garantizado el derecho al aborto desde 1975, el acceso a este servicio se dificultó en los últimos años. Los problemas se enmarcan en una reforma del sistema de salud denunciado por la sociedad civil como liberal y privatista. El 6 de noviembre del 2010 miles de personas salieron a protestar y ahora acaba de presentarse un recurso administrativo ante el Primer Ministro que debe ser respondido antes de dos meses.

A mediados de enero, tres organizaciones defensoras del derecho a la planificación familiar y el acceso al aborto - Planificación de la Familia, CADAC (Coordinación de las asociaciones para el derecho al aborto y la anticoncepción) y Asociación Nacional del aborto y la anticoncepción, ANCIC- presentaron un recurso administrativo ante el Primer Ministro Francois Fillon, quien tiene dos meses para responderlo.

El documento pide que se ejecute la normativa existente sobre el acceso al aborto y la educación sexual y tiene su antecedente en una marcha multitudinaria convocada el 6 de noviembre del 2010 por las mismas asociaciones –y apoyada por 70 organizaciones sociales- que reclamó por las calles de Paris que no se cerraran los centros que realizan abortos, que no se desmantelara el hospital público y que las y los pacientes recibieran una atención humanizada.

Francia cuenta, desde 1975, con la Ley Veil, que despenalizó el aborto, y cuatro años después fue sancionada una ley que lo legalizó. No sólo eso, sino que en el año 2001, una nueva norma sobre aborto y anticoncepción, conocida como Ley Aubry (por la socialista Martine Aubry) perfeccionó el servicio ampliando el plazo de 10 a 12 semanas, suprimiendo para las mujeres menores de edad la necesidad de la autorización de las y los progenitores, y permitiendo la posibilidad de elegir la técnica utilizada.

Sin embargo, el sistema no funciona como la ley indica. Esto no sólo es reclamado por las asociaciones de planificación familiar y de mujeres, sino que a comienzos del 2010 un informe de la Inspección de Asuntos Sociales (IGAS) confirmó lo que las organizaciones venían denunciando: cada vez hay menos servicios privados que ofrecen la realización de abortos, en el contexto de un recupero monetario por el servicio mucho menor al de los abortos no voluntarios (el sistema de salud paga la mitad por un aborto voluntario de lo que abona por uno involuntario); resistencias de las instituciones a realizar interrupciones del embarazo hasta la semana 12 –como marca la normativa del 2001- ; demoras de hasta tres semanas en la recepción de pedidos ; vulneración del derecho al secreto de las mujeres menores de edad; y el derecho de las y los jóvenes a la educación sexual desde las escuelas y a la anticoncepción gratuita.

'Todo esto en un contexto en el que los médicos tienen dificultades para escucharle decir a una mujer que no quiere un niño en ese momento. Hay una visión única y positiva de la maternidad en Francia, como que somos campeones de la fertilidad', señaló en una entrevista en el diario Liberation Danielle Gaudry, obstetra e integrante de la organización Planificación Familiar.

A la vez, si bien aumentó la realización de interrupciones legales del embarazo en el sistema público –pasando del 60% al 74% en los últimos 15 años- las organizaciones denuncian el creciente desmantelamiento del sistema público de salud luego de la sanción de la Ley Bachelot en el 2009 (algunas de las consecuencias de esta norma descripta como liberal y privatista fueron: rentabilización de la salud a través de un sistema tarifado en los hospitales públicos, supresión de puestos, externalización de actividades, cierre de camas consideradas no rentables y de hospitales de proximidad y maternidades, y una situación de abuso por parte de la medicina privada que elige a qué pacientes atender y deriva los tratamientos más onerosos al sistema público).

Abortar en El Salvador cuesta 50 años de prisión

Nueva Prensa de Guayana/Melissa Silva Franco (Tomado de Palabra de Mujer)

Centenares de mujeres sospechosas de abortar son perseguidas por el sistema de justicia de este país centroamericano y deben vivir el infierno de la cárcel, condenadas al olvido y enterradas en la miseria.

En el 2007, las autoridades registaron 6.500 abortos, de los cuales un casi 30% fueron de niñas entre 10 y 18 años de edad. Mientras que en el 2008, se atendieron 6,856 casos de abortos, entre espontáneos y sépticos. Hubo 29 muertes maternas

Para el Estado salvadoreño, Karina Climaco era una asesina. Sin más matices, los jueces ordenaron su traslado directo del hospital a la cárcel, donde debía pagar una condena de 30 años. La sospecha de haber inducido su aborto fue la primera causa por la que el sistema de justicia decidió privarla de libertad. Y es que en El Salvador, al igual que Nicaragua, Chile y República Dominicana, las leyes reconocen "como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción" y atentar contra ella es un delito de homicidio.

La historia de Karina del Carmen Clímaco es un ejemplo de lo que ocurre a muchas mujeres jóvenes en países como El Salvador. Esta joven a pesar de haberse sometido a una esterilización en un hospital público, salió embarazada de su cuarto hijo. En la madrugada del 17 de enero de 2002, mientras el resto de su familia dormía, Karina sufrió fuertes dolores y se dirigió como pudo al baño, donde vivió un doloroso parto sin ayuda médica, ni de nadie, sufriendo una intensa hemorragia que le provocó que se desmayase.

De inmediato, su familia se enteró de lo sucedido, por lo que decidió llevarla al hospital más cercano para salvarle la vida, donde los doctores que la atendieron determinaron que se había provocado un aborto. Desde ese momento, Karina, de 22 años, pasó de ser una paciente a una sospechosa de aborto y luego de homicidio. Tuvieron que pasar 7 años, para que su caso se hiciera público, y despertara así la solidaridad de las mujeres organizadas de El Salvador y comenzaran a trabajar por su libertad. Un trabajo duro, pero que tras lograr su libertad, se sembró un precedente de gran importancia para las mujeres de este país.

"La mayoría son mujeres que viven en situación de pobreza. Si tienen una complicación en el momento del embarazo, no pueden acudir a un hospital privado. En las clínicas privadas, cuyo número se multiplicó por tres en diez años, se respeta el secreto profesional, no hay denuncias. Las mujeres que sufren de la ley anti-aborto son mujeres jóvenes con bajo nivel de instrucción. No tienen recursos para contratar defensoría legal. Son mujeres que han transitado literalmente del hospital a la cárcel. Nosotras, con la ayuda de abogados, les ofrecemos la posibilidad de acceder a la justicia", explica Morena Herrera, integrante de la Colectiva de Mujeres por el Desarrollo Social

Esta persecusión comenzó en 1997, cuando la Asamblea modificó el Código Penal para eliminar la posibilidad de dispensar las sanciones penales cuando la vida de la mujer se encuentre en peligro, cuando el embarazo sea resultado de una violación, o cuando el feto padezca malformaciones severas y previsibles. Como resultado, las mujeres que se realizan abortos en el país corren el riesgo de ser sancionadas penalmente, aún en el caso de que sus vidas sean puestas en peligro por un embarazo.

"Ese día en la Asamblea estaban todos los grupos de pro-vida, de la iglesia, diputados con miedo a pronunciarse en un tema tan ético. Sólo eramos 4 mujeres a favor de que no se eliminara la posibilidad de abortar cuando el embarazo era por violación, ponía peligro la vida de la madre. Aunque era una discusión desigual yo pedí el derecho a palabra y les dije: Vengo a hablar en nombre de las mujeres que ustedes están condenando" detalla Morena Herrera.

Perseguidas, pacientes criminales

Desde 1997, la ley no concede ningún permiso, ni evalúa las condiciones sociales de las mujeres. La vida de un feto es antepuesto a la vida de la madre y al derecho de decidir sobre su cuerpo. Esta premisa cobra cada vez más víctimas en un país donde el sistema sanitario es deficiente y la violencia callejera tiene como blanco constante a las mujeres.

Un ejemplo de ello es María (nombre fícticio), quien con 18 años de edad fue violada por varios pandilleros en el barrio donde vivía. De esa violación quedó embarazada, y a los meses se detectó que había malformación y que no era un embarazo viable. La chica tuvo un aborto y los médicos que la atendieron avisaron a la fiscalía. Su delito fue juzgado, mientras que su violación nunca fue investigada. "Ojalá tuvieran la misma diligencia para otros homicidios", es lo único que comentan sus familiares.

"En El Salvador, la legislación se aplica de manera oficial y oficiosa. Estamos frente a un tipo de "delitos" en que la fiscalía es bastante eficaz en la persecución de mujeres. Eso genera unas condiciones de miedo entre el personal hospitalario presionándolo para que renuncie al secreto profesional y denuncie los casos de aborto", agrega Herrera.

En un medio de comunicación local, el director del hospital público, Carlos René Fernández, declaró que “el aborto es un delito”, y como tal están obligados a alertar a las autoridades correspondientes. “El secreto profesional nos ordena mantener la confidencialidad”, pero eso no significa, de acuerdo al director, licencia para la comisión de un delito.

En su entrevista asegura que el personal médico no inculpa a cualquier joven que asiste ahí con un parto extrahospitalario. "Todo depende del caso particular, de la misma historia clínica, entonces es cuando los médicos toman la decisión. En estas situaciones tenemos nosotros que hacer prevalecer la ley primaria que es la Constitución. Las cuestiones legales deben ser en otras instancias donde las deben aclarar".

Interpretación de la ley

Una mujer que aborta, por las condiciones personales que sea, se enfrenta a una serie de dificultades. La más importante de ellas es la interpretación de la ley que hace el sistema judicial de El Salvador.

Si se acusa por aborto consentido y propio, son 8 años de cárcel. Lo que ocurre con esas mujeres es que la fiscalía cambia el motivo del delito. Al principio es delito por aborto y luego, por el hecho de no haber protegido la vida de su hijo, se transforma en homicidio. Cambian la calificación del delito y la acusan de homicidio agravado. Entonces la pena es entre 30 y 50 años.

Para el subdirector de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Abraham Ábrego, “lo que se evidencia es una inadecuada forma de investigación de la mayoría de casos. Hay una presión social por penalizar estos casos sin investigar adecuadamente”.

"El año pasado tuvimos un caso de una muchacha, Marlene, quien tuvo un aborto natural, tuvo que ir al hospital, y del hospital a la cárcel, está en tercer año de bachillerato. La clave está en la palabra homicidio, ella no tiene derecho a audiencia preliminar, va directa a la cárcel. En el caso de esta muchacha ya la habían acusado inmediatamente de doble delito, aborto y homicidio. Cosa que no se puede legalmente. Así encontramos el caso. Logramos que saliera libre el 14 de enero de este año", narra Herrera.

Lucha

El cambiar esta realidad que encierra a muchas mujeres en las cárceles no es un trabajo fácil, pero se ha comenzado el largo camino. Así lo confirma Morena Herrera, quien explica que el pasado 28 de septiembre han presentado al Congreso de los Diputados de San Salvador un recurso de anticonstitucionalidad para avanzar en la lucha a favor de la despenalización del aborto.

También intentan sensibilizar a la población, promoviendo reflexiones sobre los fundamentalismos religiosos en la sociedad. Trabajan también con religiosas feministas para "despenalizar las conciencias" como decía la periodista cubana María López Vigíl.

"Intentamos mantener una actitud, lo que no significa que no tengamos miedo. Pero solo por el miedo, no haríamos nada. Y sí, creo que hay un nivel de conciencia de la gente que es una ley injusta", concluye Morena Herrera.

Demanda de mujeres

El pasado 28 de septiembre, Día por la Despenalización del aborto en América Latina emitieron un comunicado las organizaciones de mujeres, en el cual demandaban lo siguiente:

1. Despenalizar el aborto terapéutico entendido este como aborto eugenésico, ético y por la salud de la madre.

2. Promover la información sobre sexualidad y anticoncepción, especialmente en la población joven.

3. Dotar a los Hospitales y Unidades de Salud de los distintos métodos anticonceptivos, incluida la anticoncepción de emergencia. Garantizando que los proveedores de salud informen de manera científica sobre estos recursos.

4. Promover una educación sexual sin prejuicios y científica en las escuelas e institutos; como en ambientes no escolarizados.

5. Exigir la laicidad, desvinculación de la iglesia de los asuntos del Estado y la educación.

6. Respetar y garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.

En Nicaragua entregan miles de firmas para pedir restitución aborto terapéutico

Un grupo de mujeres entregó hoy al Gobierno de Nicaragua miles de firmas recogidas en Europa por la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) para demandar la restitución del aborto terapéutico en este país centroamericano.

Las firmas fueron entregadas en la Secretaría General del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que sirve de Casa de Gobierno, por dirigentes del Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico y recibidas por un delegado del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

El grupo de mujeres entregó una muestra de las 37.000 rúbricas recogidas al término de un recorrido de unos 500 metros por las calles de la capital, hasta llegar a las inmediaciones de la sede sandinista, donde también entregaron una muestra de 6.000 postales enviadas por activistas de AI en solidaridad con Nicaragua.

"Esperamos que el presidente Ortega tome medidas en el sentido de cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales que han mandado al Estado de Nicaragua ajustar la legislación en materia de aborto (terapéutico) para poder salvar la vida de las mujeres", dijo a Efe Wendy Flores, de la comisión coordinadora del grupo.

Flores dijo que en Nicaragua han muerto mujeres por "tener prohibido el aborto, por negarles el acceso a servicios de salud" y acusó al Gobierno de no brindar datos sobre muertes maternas asociadas al aborto terapéutico.

"Esperamos que el Gobierno, con su ánimo de solidaridad y respetando lo cristiano que dice que es, despenalice el aborto terapéutico para salvar la vida de un montón de mujeres y no queden más niños en la orfandad", declaró por su lado a Efe Mayte Ochoa, también dirigente.

Durante la manifestación se corearon consignas a favor de la restitución inmediata del aborto terapéutico para defender la vida y la salud de las mujeres.

En medio de la campaña electoral de 2006, que ganó Ortega, el Parlamento nicaragüense escuchó las peticiones de las iglesias católica y evangélica y prohibió el aborto terapéutico, que estaba permitido en el Código Penal desde hacía más de un siglo para casos de peligro para la madre.

La legislación facultaba a practicar este tipo de interrupción del embarazo si era "determinado científicamente", y consentido por el "cónyuge o pariente más cercano a la mujer".

Esa decisión ha sido criticada por la asociación de médicos de Nicaragua, grupos de mujeres, la organización Human Rights Watch, la ONU y la Unión Europea, que han demandado una mayor discusión sobre el tema.

Un grupo de mujeres interpuso un recurso de inconstitucional contra esta prohibición en enero de 2007 ante la Corte Suprema de Justicia, que aún no se ha pronunciado.

Fuente: EFE

Colombia: Se reglamenta la objeción de conciencia contra aborto

AmecoPress/Cimac.- La abogada Mónica Roa, directora de programas de Women’s Link Worldwide, hizo un llamamiento al Congreso de Colombia para que preste atención al debate legislativo sobre la objeción de conciencia contra el aborto, propuesto por el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, ya que la activista consideró que cualquier reglamentación debe ajustarse a los lineamientos ya establecidos.

Durante su participación en el VI Encuentro de Diálogos Constitucionales de la Corte Constitucional, el pasado 2 de septiembre, la abogada manifestó que “un adecuado uso de la objeción de conciencia frente al aborto ayudaría a eliminar los obstáculos que durante cuatro años y medio, han encontrado las mujeres que buscan hacer efectivo su derecho a una Interrupción Voluntaria del Embarazo” (IVE) en Colombia.

En agosto pasado, Ordóñez Maldonado anunció que presentará un proyecto de ley para reglamentar la objeción de conciencia contra el aborto, con el objetivo de dotar a la sociedad de instrumentos que protejan el derecho a la objeción de conciencia de las personas que consideran que el aborto es un delito que afecta la vida y agravia la conciencia de los colombianos.

El Procurador argumentó que no se puede obligar a un médico a actuar contra su conciencia, debido a que es un acto totalitario e inadmisible en un Estado de Derecho.

Situación por la cual, la abogada propuso que se garantice la objeción de conciencia aprobada por la Corte el 27 de noviembre de 2009, para utilizarla como “escudo” de protección a las creencias más íntimas de las personas, pero no para permitir que se convierta en una “espada” que haga oposición y deje inoperantes los avances logrados en materia de derechos sexuales y reproductivos.

De acuerdo con la doctora en Filosofía, Paulette Dieterlen Struck, la objeción de conciencia es una contradicción entre las obligaciones establecidas entre el derecho y la moral, y reconoce el derecho individual de no cumplir con una determinada obligación jurídica.

El aborto fue despenalizado en Colombia el 10 de mayo de 2006. A partir de esa fecha, la IVE se puede practicar en tres casos: cuando la vida o la salud física o mental de las mujeres esté en peligro, cuando el embarazo sea producto de violación o incesto, o cuando una malformación fetal haga inviable la vida fuera del útero.

La abogada afirmó que es preferible que un médico haga objeción de conciencia de manera respetuosa con los derechos de las mujeres, y la refiera a otro profesional que la quiera atender, en lugar de usar su posición como médico para hacer juicios de valor sobre la decisión de las mujeres, o brindar información científica inexacta, como advertir los peligros que las mujeres correrían si deciden interrumpir su embarazo.

Reconoció la labor de la Corte Constitucional por su claridad conceptual en el desarrollo de la jurisprudencia en materia de objeción de conciencia y aborto, y el rigor y compromiso con el que busca proteger los dos grupos de derechos en tensión, el derecho al aborto y el derecho a objetar conciencia.

Activistas piden la liberación de 6 mujeres encarceladas en México por abortar

(EFE).- Decenas de activistas mexicanos pidieron hoy en una protesta en Ciudad de México al gobierno de Guanajuato, centro del país, que dejen en libertad a seis mujeres encarceladas "por causas de aborto", y que se detengan treinta procesos más contra otras tantas por el mismo motivo.

Tras el acto de protesta, al que acudieron unas ochenta personas, la activista Verónica Cruz, del Centro Las Libres, dijo a Efe que pretenden que el estado reconozca "la inocencia de las mujeres y en consecuencia las libere".

Un representante del gobierno del estado de Guanajuato a quien le entregaron una carta para el gobernador, Juan Manuel Oliva, les contestó que en cuanto a una posible revisión de los casos "no hay nada que hacer" porque las mujeres incriminadas "son asesinas" y deben ir "a la cárcel", según la versión de los hechos de Cruz.

En relación con las seis encarceladas, que cumplen penas de entre 25 y 30 años de cárcel, se presentarán recursos ante la justicia federal mexicana contra los encarcelamientos, agregó Cruz.

La activista sostuvo que "el problema más serio" que tienen en Guanajuato, donde gobierna el conservador Partido Acción Nacional (PAN), es "que sigan metiendo más mujeres a la cárcel", lo que podría ocurrir en 150 casos más en los que se quiere juzgar a las mujeres por abortar.

Los activistas que hoy protestaron crearon en diciembre pasado el Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres (PVLDM) movidas por "la preocupación constante por el clima que enjuicia y criminaliza a las mujeres por decidir sobre su cuerpo y su vida reproductiva".

Así lo explicó a Efe la portavoz del Pacto, Guietzuun Ortiz, quien también estuvo en la manifestación y reclamó más atención a los casos en que mujeres mexicanas han sido penalizadas en distintos puntos del país.

"Se les ha acusado de homicidios en razón de parentesco pero todos los casos son por aborto", dijo la portavoz.

Desde comienzos de la década, más de cuarenta mujeres de Guanajuato han sido procesadas por aborto, penado con hasta tres años de cárcel por el código de justicia de ese estado.

La legislación sobre el aborto varía en los 32 estados de México.

La normativa federal establece que la interrupción del embarazo es legal sólo si la vida de la madre está en peligro, si el feto presenta malformación o si el embarazo fue producto de una violación o de una inseminación artificial no autorizada.

Fuera de esas causas el aborto puede implicar penas para la mujer que lo autorice y el médico que lo practique excepto en el Distrito Federal, la capital del país, donde está legalizado desde 2007 en las primeras doce semanas.

Mañana está previsto que la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos de la ONU, Kyung-wha Kang, se reúna con algunos activistas de los que hoy se manifestaron para conocer de primera mano los casos durante una visita que realiza a México.

Los derechos humanos para las humanas...

3000 mujeres muertas por abortos clandestinos inseguros en democracia:

En Argentina se calcula que entre 460 mil y 600 mil mujeres recurren cada año al aborto clandestino. Altísima cifra que demuestra que la penalización no impide su práctica. La realidad del aborto clandestino insiste, está aquí fungiendo en nuestros escenarios cotidianos, porque las mujeres desacatan (y van seguir haciéndolo) la ley y el mandato de la iglesia católica que les impide abortar. En este contexto histórico la pelea es por el reconocimiento de un derecho personalísimo. No es la primera vez que a las mujeres se les deniegan derechos, en otra coyuntura histórica se ponía en duda la posibilidad de que una mujer eligiera políticamente en las urnas. Las voces del pasado nos habilitan la pregunta: ¿cuándo será hora de que las mujeres ejerzamos plenamente nuestros derechos individuales? Elegir como sujetas responsables y soberanas es un acto anterior al reconocimiento de ciudadanía. No hay leyes que puedan contra la voluntad de aquellas que deciden abortar. Sí hay injusticias sociales.

Esta realidad genera un negocio altamente redituable. Según una investigación realizada por un equipo de periodistas de Radio Nacional, el aborto en nuestro país involucra mil millones de pesos anuales***. Cifra que dista abismalmente de los 35 millones con los que contó -durante el año 2009- el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

abortolegalseguroygratuito.blogspot.com

Cada año mueren en Argentina según estadísticas oficiales 100 mujeres por prácticas de abortos clandestinos e inseguros, aunque investigaciones médicas informan de un sub-registro en el registro de la mortalidad por gestación (mortalidad materna). Por una obvia y recurrente razón, siempre son mujeres pobres y jóvenes. El aborto constituye la principal causa de muerte de mujeres gestantes (1). Desde el retorno a la democracia, las estadísticas oficiales revelan que la primera causa de muerte en mujeres embarazadas es el aborto clandestino; esto quiere decir, que en casi treinta años de democracia ininterrumpida esta cifra no se ha modificado. Por lo tanto, no ha habido ningún gobierno que a través de políticas públicas coherentes y sistemáticas repare y ponga fin de manera histórica y contundente a tantas muertes absurdas, muertes evitables. Son mujeres a las que se les niega un derecho humano principalísimo: el derecho a existir, a ser y no sólo a reproducir. Tienen vedado el acceso a la “justicia social” y a los llamados “planes de igualdad de oportunidades”.

El escándalo surgido a raíz de las irresponsables idas y venidas de parte del Ministro de Salud, Juan Manzur, acerca de la existencia o no de la firma que elevara a rango de Resolución Ministerial la Guía Técnica para la Atención de los Abortos No Punibles, volvió a instalar la urgente necesidad de discutir la despenalización y legalización del aborto, y no sólo quedarnos con la exigencia de la aplicación del Artículo 86 del Código Penal, código que cuenta con 89 años de existencia (pese a que muchas veces las causales allí contempladas se siguen judicializando innecesariamente). Numerosas encuestas se generaron desde distintos medios de prensa, nacionales y provinciales; en líneas generales se constatan allí los avances y las opiniones favorables por parte de importantes franjas de la sociedad en relación al reconocimiento de este derecho. Y estos resultados los leemos en sintonía con las batallas culturales que en estos tiempos que corren venimos ganando a los fundamentalismos y conservadurismos, como es la sanción de la ley de matrimonio igualitario.

La consultora Ibarómetro realizó un sondeo en todo el territorio nacional para evaluar la opinión de los y las argentinas sobre el tema del aborto y su despenalización. Los datos arrojados sostienen que: casi un 60% de los argentinos no está de acuerdo con penalizar a una mujer que se realizó un aborto. En el área Metropolitana este porcentaje llega al 70% de las personas entrevistadas y en el llamado interior ese porcentaje alcanza al 49, 9%. Además, un 58,5% cree que las mujeres tienen el derecho de interrumpir su embarazo conforme a sus necesidades y convicciones personales(2).

Es responsabilidad del Estado y sus gobiernos proteger la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Mantener la ilegalidad del aborto es condenar a las mujeres al circuito millonario del aborto clandestino y también a la muerte. Este país y esta democracia tienen una enorme deuda con los derechos de las mujeres, en particular con el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Hemos presenciado con satisfacción en estos días la reglamentación de la Ley Nacional 26.485 para proteger, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Ley que también es el resultado del trabajo sostenido de grupos de mujeres y activistas que en y desde distintos espacios, construimos su posibilidad de existencia. Pero debemos señalar que las declaraciones recientes del poder ejecutivo de la Nación, en la figura de la presidenta Cristina Fernández, sobre la negativa a legalizar el aborto, nos preocupan y alertan. En materia de política pública las definiciones personalísimas no pueden estar por encima de un derecho humano y de ciudadanía de las mujeres; es necesario que el gobierno escuche el silencioso y paradójicamente ensordecedor ruido de ese medio millón de mujeres que aborta cada año en este país; el reclamo que desde hace más de 5 años llevamos adelante desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, campaña que agrupa a 289 organizaciones sociales, políticas, sindicales, de derechos humanos; escuchar a los 50 diputados y diputadas (de distintos bloques) que ya firmaron nuestro proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado en el Congreso de la Nación y que pretendemos sea debatido y aprobado en el año del bicentenario.

Es urgente resolver el grave problema de salud pública que significa la ilegalidad del aborto, que constituye una deuda interna enorme profundizando las desigualdades sociales; y también una forma de violencia contra las mujeres y sus derechos. La plena vigencia de los derechos humanos significa condenar a los genocidas de ayer, porque es parte de una lucha en la que estamos plenamente comprometidas, como garantizar el pleno derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Nos resulta extremadamente paradójico que en este clima de debate social y definiciones políticas tan contundentes haya tanta pobreza argumentativa reducida o supeditada incluso a posiciones personales en relación a un tema tan importante como es el aborto legal(3).
No hay ni habrá democracia sustantiva, mientras el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sea vulnerado por un Estado incapaz de avanzar en la definición de políticas públicas laicas.
Las creencias particulares de quienes gobiernan y legislan en el país, no pueden ser aplicables al conjunto de la ciudadanía.

El derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas de manera autónoma y responsable, y a acceder a la posibilidad de abortar voluntariamente en condiciones legales, seguras y de gratuidad, forma parte de la aspiración a una vida digna y plena para las mujeres, una vida que no debiera verse amenazada sino garantizada por los Estados, sus funcionarias y funcionarios, protegida y promovida por médic@s y jueces, trabajador@s de la salud, del poder judicial, de la educación, etc.
Insistimos en una premisa que comprobamos ante cada nuevo relato de las mujeres que abortan: ninguna mujer aborta alegremente, leyes que despenalicen y legalicen el aborto no alientan su práctica.

Quienes reclamamos aborto legal, seguro y gratuito, partimos de una consideración integral: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir porque pretendemos programas y políticas públicas que den respuestas al conjunto de situaciones que involucran derechos sexuales y derechos reproductivos.

Quienes niegan el derecho al aborto legal, no hacen más que promover su clandestinidad, pronuncian un voto de muerte para las más empobrecidas y niegan la condición de ciudadanía plena para las mujeres. Nuestra sociedad viene demostrando capacidad y madurez para afrontar el desafío de discutir y aprobar una ley que garantice esta práctica en hospitales públicos, de manera segura y gratuita. Habrá que ver si los y las representantes en el Congreso de la Nación y en los órganos de decisión de este país están a la altura este histórico reclamo y de ampliar a todas las mujeres los derechos que hoy otorga a algunas su mayor poder adquisitivo.

Argentina es el primer país en Latinoamérica que aprobó el matrimonio igualitario, el que actualmente lleva adelante juicios y manda a la cárcel común a los militares de la dictadura, el que busca la verdad sobre los hijos e hijas de desaparecidos y desaparecidas apropiados ilegalmente. Es hora de que esté dispuesto también a figurar entre los que reconocen el derecho elemental de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, primer territorio para el ejercicio de soberanía. Es hora de ser el país en el que la presidenta, los gobernantes y legisladores/as y la democracia estén dispuestos a que los derechos humanos contemplen las necesidades particulares de las humanas.

Exigimos:
1. La sanción inmediata de una ley que despenalice y legalice el aborto en Argentina.
2. La aplicación efectiva, no judicializada, del Artículo 86, del Código Penal.
3. La efectivización de una Resolución Ministerial que garantice la realización de abortos acorde a la Guía de Atención de Abortos No Punibles en los servicios de salud.
4. La plena vigencia y aplicación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (Ley 26.150) y de los programas de salud sexual y reproductiva con presupuestos adecuados.

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Argentina,
Julio 26 de 2010


*** La investigación de Radio Nacional se basa en el “Segundo informe sobre la atención de la línea ‘Aborto: más información, menos riesgos’”, presentado por Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto Presentado el 26 de Noviembre de 2009 en el Salón Auditorium del Senado de la Nación.
1. Según datos del Ministerio de Salud en 2008, murieron 40 mujeres cada 100,000 nacidos vivos por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio. En doble de lo que se registró en el mismo período en países como Chile y Uruguay que presentaron niveles de 19,8 x 100.000 NV y 15 x 100.000 NV, respectivamente. En el quinquenio que va de 2004 a 2008 la principal causa de muerte materna es de embarazos terminados en aborto (26,7%) (OSSyR, abril de 2010). Para mayor información consultar Hoja Informativa Nº1 del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, disponible en: http://www.ossyr.org.ar/
2. “La despenalización del aborto para los argentinos”, Ibarómetro, Informe de prensa, julio de 2010. Sitio: www.ibarometro.com.ar
3. Inclusive en el informe de avance del Examen del de cumplimiento de Pactos sobre Derechos Políticos y Civiles de Argentina con arreglo del artículo 40 (UN, Nueva York, marzo de 2010) , si bien el comité acoge con satisfacción una serie de avances del país en materia de derechos humanos, en su artículo 13 dice “13. El Comité expresa su preocupación por la legislación restrictiva del aborto contenida en el artículo 86 del Código Penal, así como por la inconsistente interpretación por parte de los tribunales de las causales de no punibilidad contenidas en dicho artículo. (Artículos 3 y 6 del Pacto)”, y por esta razón indica que “El Estado Parte debe modificar su legislación de forma que la misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas. El Estado debe igualmente adoptar medidas para la capacitación de jueces y personal de salud sobre el alcance del artículo 86 del Código Penal”. (Informe disponible en Biblioteca Legal de http://www.rimaweb.com.ar/).