Helen Álvarez Virreira
(Especial de SEMlac).- Las estadísticas de la salud sexual de las bolivianas son alarmantes y las políticas públicas insuficientes para salvarles la vida: 65 mueren cada año por abortos clandestinos y dos al día por complicaciones en el embarazo, parto y postparto.
Cada año se denuncian unas 200 violaciones a niñas y adolescentes, y una de cada cuatro mujeres ha sido víctima de violencia sexual. El 21 por ciento de jóvenes de 15 a 19 años son sexualmente activas y sólo el 1,6 por ciento usa algún método anticonceptivo moderno; el 16 por ciento de las adolescentes estuvieron embarazadas alguna vez.
El cáncer de cuello uterino, la principal causa de mortalidad femenina en Bolivia, mata a cinco mujeres a diario y el de mama a 8,71 de cada 100.000. La sífilis congénita afecta a 12 de cada 1.000 nacidos vivos, de manera que la tasa de prevalencia es 24 veces superior a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En cuanto al acceso y protección en salud, una encuesta realizada por la Coordinadora de la Mujer, en 2006, dio por resultado que 66 de cada 100 mujeres no tenían seguro de salud y que la mayoría de éstas eran indígenas.
El 25 por ciento de las mujeres entrevistadas nunca consultaron un servicio de ginecología. De ese total, el 69 por ciento correspondía a jóvenes de entre 15 y 18 años, 33 por ciento a mujeres de entre 19 y 24 años y 23 por ciento a adultas de entre 50 y 65.
Cada año se denuncian unas 200 violaciones a niñas y adolescentes, y una de cada cuatro mujeres ha sido víctima de violencia sexual. El 21 por ciento de jóvenes de 15 a 19 años son sexualmente activas y sólo el 1,6 por ciento usa algún método anticonceptivo moderno; el 16 por ciento de las adolescentes estuvieron embarazadas alguna vez.
El cáncer de cuello uterino, la principal causa de mortalidad femenina en Bolivia, mata a cinco mujeres a diario y el de mama a 8,71 de cada 100.000. La sífilis congénita afecta a 12 de cada 1.000 nacidos vivos, de manera que la tasa de prevalencia es 24 veces superior a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En cuanto al acceso y protección en salud, una encuesta realizada por la Coordinadora de la Mujer, en 2006, dio por resultado que 66 de cada 100 mujeres no tenían seguro de salud y que la mayoría de éstas eran indígenas.
El 25 por ciento de las mujeres entrevistadas nunca consultaron un servicio de ginecología. De ese total, el 69 por ciento correspondía a jóvenes de entre 15 y 18 años, 33 por ciento a mujeres de entre 19 y 24 años y 23 por ciento a adultas de entre 50 y 65.
Ese año, el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI)[1] atendía a seis de cada 100 mujeres, aunque se preveía un aumento de la cobertura, pues el servicio gratuito se amplío a todas las mujeres hasta los 60 años y se incorporó como prestación el examen de papanicolau.
En 2006 también, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Salud dieron a conocer que la salud del 65 por ciento de la población estaba desprotegida. Desde entonces, se ha proyectado el Seguro Universal de Salud, aunque la propuesta es rechazada por varios sectores, porque se plantea unir el sistema público, la seguridad social sectorial y la medicina tradicional.
A pesar de esos datos, la problemática de la salud sexual de las mujeres está pasando inadvertida en la redacción de los estatutos autonómicos de los nueve departamentos de Bolivia, que permitirán la plena aplicación del régimen autonómico, vigente desde la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez", el 17 de julio de 2010.
Sobre esto se cuestionaron las asambleístas departamentales con las que conversó SEMlac, Hilda Rea Galloso[2] y Rose Marie Sandoval Farfán[3], de los departamentos orientales de Beni y Santa Cruz, respectivamente; María Luisa Cabrera Padilla[4], de Cochabamba, y Marlene Salinas Durán[5], de Chuquisaca, ambos situados en la región de los valles, y Marilú Aguilar Mejillones[6], suplente por La Paz, que se localiza en el occidente del país.
Las asambleístas de los nueve departamentos, convocadas por la Coordinadora de la Mujer, se reunieron en la ciudad de La Paz, para articular una estrategia de trabajo que posibilite la incorporación de los derechos de las mujeres en los estatutos departamentales.
En términos generales, las problemáticas de la salud sexual de las mujeres son comunes en todas las regiones del país, así como la falta de respuestas concretas. Haciendo un resumen de los criterios de las asambleístas, esto se debe al machismo y sexismo de la sociedad y de sus instituciones, a la fuerza de las iglesias, a la inexistente educación sexual y al acceso restringido a los servicios de salud, a pesar de la existencia de un SUMI.
Entre otros aspectos en común aparecen la escasa y desactualizada información estadística, lo que limita el alcance de las políticas públicas, y la deficiente aplicación de la legislación vigente que, en general, es favorable para las mujeres, a criterio de algunas entrevistadas.
Las particularidades por región
Sin embargo, cada departamento tiene algunas particularidades. En el caso de Beni, Rea identifica al embarazo adolescente, e incluso infantil, como lo más preocupante. Esta situación también se presenta con elevada frecuencia en Santa Cruz y La Paz, lo que suele derivar en abortos.
Las adolescentes bolivianas tienen las tasas de fecundidad más altas de la región: 4,4 por ciento para menores de 19 años, en relación al 3,8 por ciento de las mujeres en edad fértil del país. Las jóvenes constituyen el 21 por ciento de los embarazos esperados, por lo que 14 de cada 100 adolescentes ya son madres o están embarazadas.
Sandoval, a su vez, se refiere al VIH/sida, ya que en Santa Cruz se encuentra 55 por ciento del total de personas afectadas en el país, según datos del Ministerio de Salud y Deportes.
Por su parte, Salinas sostiene que el mayor problema de salud que enfrentan las mujeres en Chuquisaca es el cáncer uterino; por ello, en ese departamento, así como en Oruro y en la ciudad de El Alto, se llevó adelante el primer plan de vacunación contra el virus del papiloma humano en 2009.
En Chuquisaca, el cáncer de mama tuvo una incidencia del 12 por ciento entre 2005 y 2006, sólo superado por el cáncer de cuello uterino, con un 50 por ciento del total de los cánceres registrados en ese departamento.
En Cochabamba, Cabrera identifica a las violaciones como un serio problema de salud pública que afecta especialmente a niñas y adolescentes y que deriva también en embarazos no deseados y abortos inseguros, ya que el aborto terapéutico no se realiza, a pesar de que el Código Penal lo permite desde 1972.
Aguilar, oriunda de una comunidad indígena de La Paz, considera que el problema más grave en las áreas rurales es la falta de acceso a los servicios de salud y la desconfianza que éstos generan en las mujeres. De ahí que, por ejemplo, el 78 por ciento de los partos ocurra en los domicilios, según datos del Ministerio de Salud y Deportes. Allí, el embarazo adolescente también es muy frecuente.
Los estatutos en discusión
Al ser las mujeres las reproductoras de la vida, su salud debería ser una prioridad en la adecuación de las normativas a la nueva Constitución Política del Estado (CPE), sobre todo en la redacción de los estatutos para las autonomías departamentales y de las cartas orgánicas para las autonomías municipales; pero esto no está ocurriendo, lamentó Marilú Aguilar.
Aunque llegó a la Asamblea Departamental de La Paz por el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), ella considera que el gobierno no está actuando como debería.
La Carta Magna establece que las políticas del sistema de salud son competencia exclusiva del nivel central del Estado, mientras que la promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad les competen a los gobiernos departamentales autónomos. Los estatutos deberán ser sometidos a un referendo para su aprobación por voto popular.
La percepción de estas mujeres es que, en este momento en que se redacta esta nota, las representaciones del oficialismo y de la oposición están midiendo sus fuerzas en las asambleas departamentales.
Esto ocurre, sobre todo, en los departamentos de Beni, Santa Cruz, Pando y Tarija, pues sus autoridades llevaron adelante referendos de aprobación de sus estatutos autonómicos en 2008, cuando la figura no existía legalmente en el país. En estos cuatro casos, se definió realizar una adecuación a la CPE.
Rea representa al oficialismo e indica que la adecuación del estatuto de Beni permitirá incorporar al texto los derechos de las mujeres. Sin embargo, la oposición dentro de la Asamblea, dice, se niega a abrir la posibilidad en esta y en otras temáticas.
Santa Cruz también está adecuando su estatuto y Sandoval, de la oposición, afirma que el tema de mayor debate y tensión es la distribución de competencias entre los niveles central, departamental y municipal, y la asignación de recursos para cumplir las nuevas responsabilidades. Sin embargo, en cuanto a la salud sexual ella sostiene que la juventud cruceña ha asumido la discusión y las propuestas en el marco de la Ley Departamental de la Juventud.
La Asamblea Departamental de Cochabamba aún está recogiendo propuestas para la redacción del estatuto, dice Cabrera que representa a la oposición. Chuquisaca también está en esa fase y Salinas, del oficialismo, considera que este momento parece muy politizado, porque el objetivo es modificar incluso el pensamiento. El proceso de cambio, que va lento, será acelerado con los estatutos y las cartas orgánicas, asegura.
Las políticas públicas
En tanto, desde el gobierno central se han definido algunas políticas públicas que se están llevando adelante. Es el caso de la obligatoriedad de efectuar la prueba de VIH/sida y sífilis a mujeres embarazadas, responsabilidad que ha recaído en las alcaldías municipales de todo el país, pues deben cubrir el costo a través del SUMI.
Esta decisión, anunciada por la ministra de Salud, Nila Heredia, en septiembre del año pasado, se debe al incremento de la transmisión vertical del VIH, es decir, de madre a hijos e hijas. De 162 casos detectados, que representan el tres por ciento del total, 74 corresponden a menores de cinco años, según la agencia de noticias municipales Enlared.
Por otro lado, desde 2009 se inició un plan de vacunación anual gratuita a niñas de entre 10 y 11 años contra el virus del papiloma humano, uno de los causantes del cáncer uterino. Ese año vacunaron a 3.800 niñas, en 2010 a 30.000 y en 2011 se pretende llegar a 50.000 preadolescentes en los municipios de mayor riesgo en el país.
Además, la prueba de Papanicolau para diagnosticar el cáncer de cuello uterino es gratuita desde 2005; sin embargo, datos del Ministerio de Salud dan cuenta de que sólo un 30 por ciento de las mujeres se hace el control anual.
Por esto, en abril de 2011, el Ministerio de Trabajo dispuso otorgar un día libre a todas las trabajadoras de los sectores público y privado, para que se realicen el examen.
La despenalización del aborto, por otro lado, ni siquiera está en discusión, a pesar de que es la tercera causa de muerte materna. El estudio "Situación de salud. Bolivia 2004" señala que en el país la relación es de un aborto por cada 12 partos; los peores índices están en Beni y Tarija, donde se produce un aborto por cada seis partos.
De las cinco asambleístas consultadas, Hilda Rea, Rose Marie Sandoval y Marilú Aguilar apoyan la despenalización del aborto, sobre la base de la decisión soberana de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. María Luisa Cabrera y Marlene Salinas no están de acuerdo, pero sí creen que el Código Penal debe aplicarse de forma seria y ser replanteado en el marco de la CPE.
En Bolivia, de acuerdo con los resultados de los tres últimos censos mencionados en el estudio "Situación de salud. Bolivia 2004", la tasa global de fecundidad alcanzaba a 6,7 hijos e hijas por mujer en 1976; 4,9 en 1992 y 4,39 en 2001. Actualmente, el promedio está en casi cuatro, dos más de lo que quisieran tener, según datos de la organización Marie Stopes.
Bolivia: Distribución de casos de VIH/sida por departamentos (1984-marzo 2011)
Departamento
Casos notificados
Población 2010
Chuquisaca
126
650.570
La Paz
1.010
2.839.946
Cochabamba
1.252
1.861.924
Oruro
157
450.814
Potosí
58
788.406
Tarija
133
522.339
Santa Cruz
3.541
2.785.762
Beni
144
445.234
Pando
51
81.160
Fuente: Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia
Bolivia: Distribución de casos de VIH/sida por edad y sexo (1984 - marzo 2011)
Grupo de edad
Total
Hombre
Mujer
Sin definición de sexo
Menos de 15
200
99
101
0
15 - 24
1.725
853
869
3
25 - 34
2.419
1.614
795
10
35 - 44
1.196
854
339
3
45 y más
807
619
187
1
Sin datos
125
70
27
28
Total
6.472
4.109
2.318
45
Fuente: Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia
Incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino en América
País/región
Tasas ajustadas (x 100.000 mujeres)
Mortalidad
Incidencia
Haití
90,6
50,80
Bolivia
56,55
26,30
Nicaragua
54,15
24,20
Paraguay
7,15
20,95
Perú
44,05
20,20
Ecuador
41,45
19,85
El Salvador
43,10
19,65
Guatemala
35,10
17,00
R. Dominicana
34,60
16,55
Venezuela
37,15
16,00
Colombia
34,65
15,95
México
35,00
15,60
Panamá
29,70
13,00
Am.del Sur
29,75
12,45
Brasil
27,35
10,90
Chile
27,50
10,80
Argentina
18,70
7,70
Uruguay
16,30
7,30
Canadá
7,95
2,65
Fuente: Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia
[1] El SUMI se instituyó el 21 de noviembre de 2002, mediante Ley Nº 2426, para atender todas las patologías de las mujeres durante el embarazo, parto, posparto hasta los seis meses y de la niñez hasta los cinco años. Se amplió a las mujeres desde los cinco hasta los 60 años, por Ley 3250 del 6 de diciembre de 2005. Es cubierto con recursos nacionales para el pago del personal y municipales para la adquisición de insumos y medicamentos; dispone también de fondos del programa de alivio a la deuda. El servicio se presta en los 327 municipios del país, aunque en las áreas rurales la cobertura es reducida por las dificultades de acceso a los establecimientos de salud.
[2] Hilda Rea Galloso es socióloga. Asambleísta electa por territorio del departamento del Beni por el partido gubernamental Movimiento al Socialismo.
[3] Rose Marie Sandoval Farfán es comunicadora. Asambleísta electa por población del departamento de Santa Cruz por el opositor Partido Verde.
[4] María Luisa Cabrera Padilla es maestra. Asambleísta electa por territorio del departamento de Cochabamba por el opositor Unidad Nacional-Consenso Popular.
[5] Marlene Salinas Durán es ingeniera de sistemas. Asambleísta electa por población del departamento de Chuquisaca por el Movimiento al Socialismo.
[6] Marilú Aguilar Mejillones es enfermera. Asambleísta suplente por territorio del departamento de La Paz por el Movimiento al Socialismo.
