Catolicadas: episodio Nº 1

Reflexiones de Católicas por el Derecho a Decidir sobre la sexualidad, el celibato y el doble discurso de la jerarquía católica

En días pasados vivimos como comunidad internacional, sucesos de enorme trascendencia que colocaron en la opinión pública y en la vida cotidiana de nuestras comunidades el difícil tema de la sexualidad, tal y como se concibe y vivencia desde la visión de la jerarquía católica.

Nuevamente, bajo investiduras presidenciales, mediáticas, generacionales, que convergen en un desgastado discurso eclesial sobre la sexualidad y la reproducción humanas, los andamiajes de poder masculino y religioso se evidencian sobre la vida y el cuerpo de mujeres, niñas y niños.

Los distintos casos de paternidad de sacerdotes y obispos en diferentes partes del mundo, la recurrencia de hechos de estupro, violación sexual y pederastia claramente comprobada, la desobediencia del celibato como compromiso, la negativa del Vaticano a escuchar las voces de la iglesia viva y dialogar sobre la demanda de celibato voluntario, el sacerdocio de las mujeres y una visión positiva de la sexualidad, entre otros hechos, evidencian la crisis que atraviesa la iglesia católica respecto de un largo debate sobre el ejercicio de la sexualidad de sus integrantes.

Estos hechos, que no son ni han sido aislados a lo largo de la historia del catolicismo, ratifican el poder que esta institución ha impuesto sobre los cuerpos de las mujeres, las niñas y los niños, un poder que se transforma en delitos acallados y temores de las víctimas ante lo que implica enfrentarse al poder de la jerarquía eclesiástica y sus distintas investiduras, entremetidas en los espacios públicos políticos, sociales y culturales de la mayoría de los países del mundo, y los espacios privados de la feligresía.

El poder de seducción de la fe y la impostura de una cantidad cada vez mayor de sacerdotes en el altar, los viste de un halo de impunidad que les permite caer en sistemáticas violaciones a los derechos humanos fundamentales, en el territorio más íntimo y valioso de todas las personas, el cuerpo, particularmente el de las mujeres, que se explicitan en las dificultades que enfrentan para decidir sobre su sexualidad y su reproducción. En pleno siglo XXI, las estructuras familiares, la normatividad social y cultural, los valores morales conservadores, las influencias retardatarias de las iglesias y de otros sectores fundamentalistas en las diferentes esferas de la sociedad, la descalificación de los avances científicos en la materia, continúan siendo barreras poderosas que impiden el derecho a decidir autónomamente sobre el cuerpo y el ejercicio de las libertades sexuales y reproductivas.

Los enfoques y lenguajes, hasta ahora utilizados, para abordar esta problemática desde distintos ámbitos y pasando por diferentes visiones sobre el celibato, las mujeres y la sexualidad, hasta el sensacionalismo habitual en los medios de comunicación, resultan terriblemente insuficientes para plantear un debate que no puede seguir en la antesala de la iglesia católica y de la sociedad en su conjunto. El encubrimiento y la precariedad de reglas con las que se maneja esta institución, sus estructuras y sus prácticas feudales, aletargan el ejercicio de los derechos humanos, particularmente de las mujeres.

Es tiempo de un debate abierto y de transformaciones al interior de la iglesia, tiempo de trascender el ejercicio de la sexualidad sujetada a una doble moral, a una desobediencia silenciosa, que se niega a reconocer que "los seres humanos son seres sexuados y sexuales”, no siendo para nada la excepción, sacerdotes, obispos, religiosos ni religiosas.

No basta con reconocer las faltas y pedir perdón, es necesaria la reparación de los daños y las sanciones correspondientes, así como es necesaria una iglesia incluyente, respetuosa de las diferencias y las diversidades, cuyos principios rectores sean la verdad, la libertad, la justicia y la defensa de los derechos humanos de hombres y mujeres; es urgente que la iglesia católica deje caer el velo que no permite el encuentro entre la sexualidad con lo humano, como una prueba de verdadera honestidad.

Hace cincuenta años el Concilio Vaticano II abrió las puertas para una iglesia en el mundo, sensible a sus angustias y esperanzas; proclamó la autonomía de la conciencia y una visión positiva de la sexualidad; habló de una permanente reforma para ser siempre congruentes con lo que se predica; proclamó una iglesia pueblo de Dios, donde la dignidad de las personas está por encima de cualquier norma o dogma.

Hoy, nuestra voz se alza en exigencia de esa iglesia humanizada, incluyente y democrática donde la sexualidad sea concebida y vivida en libertad, autonomía y respeto a las diversidades en el seno mismo de la Iglesia Católica, dentro de nuestras comunidades y en la sociedad toda.

Proponen católicas ejercer sin culpas derechos sexuales y reproductivos

Por: Lourdes Godínez Leal / CIMAC

Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) celebra hoy 15 años de trabajo en la defensa del Estado laico y la promoción de los derechos humanos de las mujeres, en especial los sexuales y reproductivos a partir de la libertad de conciencia.

Para conmemorarlos, organizaron en casa Lamm un foro para compartir con otros organismos civiles, la academia y representantes de comunidades eclesiales, lo que la organización ha logrado durante estos 15 años de aportes y acompañamiento a las mujeres católicas que buscan ejercer su fe desde otras perspectivas.

María Consuelo Mejía, directora de la organización, explicó que el trabajo de Católicas se da con base en argumentos sólidos que sustenten “el derecho a decidir y la defensa de los derechos de las mujeres desde una perspectiva católica y feminista”.
Elena Zúñiga y Regina Tamés, integrantes del consejo asesor de CDD, reconocieron la labor que Católicas ha hecho en estos 15 años en la construcción de ciudadanía, de políticas públicas, de transformación social y de puente de diálogo entre la sociedad civil y funcionarios del gobierno.

Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, destacó el trabajo de CDD sobre la propuesta de reforma constitucional en materia de derechos humanos, donde planteó el derecho a la autonomía reproductiva y la modificación del artículo 130 constitucional referente al Estado laico.

También, precisó, participaron activamente en los trabajos del Examen Periódico Universal, en el informe presentado desde las organizaciones civiles a los Estados miembros en el tema de derechos sexuales y reproductivos, cuyas observaciones fueron hechas por éstos como parte final del Examen.



Con lemas como “María fue consultada para ser madre de Dios, elegir es un derecho de todas, maternidad voluntaria, maternidad libre” y “debajo de tu lengua se encuentra leche y miel, disfrutar no es pecado, arriesgar tu vida y la de tu pareja, sí, protégete del VIH y el SIDA, usa condón”, CDD defiende el derecho a decidir de las mujeres y a disfrutar su sexualidad sin la culpa que impone la Iglesia.



Asimismo, ha hecho acompañamiento a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado, convencidas de que la despenalización del aborto salva vidas, principalmente de las mujeres que se encuentran en condición de pobreza.



Entre los temas que la organización trabajara en estos 15 años se encuentran aborto, derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, Estado laico, VIH/sida, pederastia en la Iglesia católica, y feminicidio.

Actualmente CDD forma parte del Observatorio Nacional del Feminicidio, integrado por organizaciones civiles de diferentes estados de la República que investigan y documentan los asesinatos de mujeres en las entidades federativas.



Ha recibido diversos reconocimientos y premios por su labor en defensa de los derechos humanos de las mujeres, como el premio nacional Don Sergio Méndez Arceo, en abril de 2002; la medalla Omeccíhuatl que cada año otorga el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, el reconocimiento Hermila Galindo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y uno más, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.