La candidatura de una mujer indígena y el racismo en México

Alicia Castellanos Guerrero y Gilberto López y Rivas

Rebelión La gran noticia de que el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) buscarán una candidatura independiente de una mujer indígena para las elecciones presidenciales del 2018, antes que ser reconocida por su valor histórico, ha despertado un racismo velado y abierto entre sectores sociales diversos y algunas voces de la izquierda institucionalizada, lo que no debiera sorprender en una sociedad como la mexicana.

En caricaturas, artículos y opiniones en las redes sociales, se personifica en el Subcomandante Marcos-Galeano, toda idea o decisión que surja del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y en este caso, del V Congreso Nacional Indígena, negando la participación de cientos de hombres y mujeres que con esfuerzos y penurias llegaron de sus comunidades próximas y lejanas a deliberar en la Universidad de la Tierra, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. No se toman en cuenta los debates previos de los y las zapatistas y de los y las delegadas, así como de los pueblos representados en el Congreso Nacional Indígena. A estos sujetos políticos le son negadas la capacidad de decisión, de hacer política y de pensar un proyecto incluyente; para estas mentalidades que operan con una lógica de menosprecio, el subcomandante Marcos-Galeano es el “autor” y “actor” de toda iniciativa que surge de estas organizaciones.

Desde el inicio de la rebelión de los mayas zapatistas, los indígenas han sido clasificados como cobayas manipuladas por el mestizo visible del grupo insurgente. Esa fue la perspectiva sostenida por Mario Vargas Llosa y la derecha ilustrada, y, lamentablemente, incluso, por quienes, en el diálogo de San Andrés, y a lo largo de estos 20 años de reuniones con los rebeldes, preveían que éstas serían un “fracaso” si el Sub Marcos no asistiera.

Este pensamiento no registra que actualmente la vocería del grupo zapatista radica en el Sub Comandante Insurgente Moisés y que existe una Comandancia General integrada totalmente por indígenas y jerárquicamente superior a los dos Subcomandantes. Se pretende ignorar, asimismo, el proceso de consulta en asambleas de todo paso político importante dado por el EZLN, del extraordinario proceso de votación para iniciar la guerra en 1994, y para aceptar o no, los acuerdos de San Andrés. En otras palabras, habituados a los monótonos discursos de mítines en los que el papel de los ciudadanos se reduce al de ser escuchas, no se alcanza a imaginar que es posible una democracia directa y asambleísta de los pueblos indígenas.

Después de siglos, se sigue pensando que los indígenas pueden ser controlados políticamente, y que de los pueblos sólo puede haber sometimiento y obediencia a las ideas y órdenes que provengan de los no indígenas. Así, por ejemplo, al inicio del levantamiento, en la propia academia se llegó a afirmar que los indígenas no eran capaces de sostener perspectivas nacionales, por lo que habría que descartar que la rebelión de 1994 tuviera una matriz indígena.

Otra forma de visibilizar estas perspectivas prejuiciadas es considerar que los indígenas no deben ni pueden irrumpir en los espacios considerados exclusivos de una clase política organizada en la partidocracia y la mestizocracia dominantes. Al hacerlo, se tornan “enviados de Salinas”, “peligros para el cambio real”, “aliados de la derecha”, “causantes del fracaso de AMLO”, “divisionistas del voto de izquierda”, “cómplices del fraude”, entre otras descalificaciones. El irrespeto a los acuerdos tomados colectivamente por dos formas organizativas que agrupan a numerosos pueblos indígenas, muestra ese temor a perder una supuesta representatividad única de la izquierda y de la oposición al gobierno. Según esta visión, la “unidad de las izquierdas” sólo se puede lograr sumándose acrítica y subalternamente a un partido político, y excluye la posibilidad de una unidad en torno a proyectos de nuevos sujetos políticos.

Mientras tanto, paralelamente, las opiniones que saludan la iniciativa de candidatura de una mujer indígena se hicieron públicas: Neil Harvey destacó que este proyecto tiene “el mérito de poner en el centro de atención la defensa de la tierra, bosques, agua, y todo lo que es amenazado por los megaproyectos de desarrollo y el despojo de los bienes comunales.” (La Jornada, 17 de octubre de 2016)

Luis Hernández Navarro piensa que la iniciativa es: “una nueva forma de acción, que tiene como eje central la participación directa en la coyuntura electoral, como una forma de resistencia, organización y lucha. De colocar a los indígenas y a su problemática en el centro de la agenda política nacional. De hacer visibles las agresiones contra los pueblos originarios. De construir el poder de los de abajo” (La Jornada, 19 de octubre de 2016).

En una carta suscrita entre otros, por Pablo González Casanova y publicada en la sección de Correo Ilustrado de La Jornada, se considera que la propuesta “deriva de un pensamiento colectivo; de una práctica histórica de los pueblos que han utilizado distintas estrategias de lucha para asegurar su continuidad y autonomía; de construcción de alternativas que den un sentido distinto al sistema de representación hegemónico, hoy deslegitimado y en grave crisis; surge de quienes mandan obedeciendo, cimientan poder desde abajo, y desean erigir una nueva nación por y para todos y todas; abre un camino de paz en el contexto de violencias de Estado, impunidad, desvío de poder y recolonización de los territorios que está sufriendo nuestro patria. Esta posible candidatura cuestiona, asimismo, el monopolio de la política y de la representación de la sociedad y la nación, supuesta prerrogativa de la partidocracia; descubre la preocupación de fuerzas políticas que menosprecian las luchas seculares de los pueblos indígenas, y no indígenas, y hacen pública su preocupación por la eventual pérdida de la exclusividad de espacios de la acción política.”

La propuesta de la candidatura de una mujer indígena abrió un debate que no puede ser reducido a los intereses de un grupo, o de un determinado sector social; esta discusión debe hacerse responsablemente a partir de lo que conviene a la nación, los trabajadores, los explotados y oprimidos, al mundo de los de abajo y sus luchas emancipadoras y anticapitalistas. Una discusión que debe llevarse al cabo con respeto a la pluralidad y en la perspectiva de construir una nación donde quepamos todos.