lunes, septiembre 01, 2014

Mañana entre en vigor en España el convenio europeo para prevenir la violencia contra las mujeres

AmecoPress. El convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, conocido como Convenio de Estambul -ciudad en la que se aprobó en 2011-, entra este viernes 1 de agosto en vigor en once de los trece países que lo han ratificado, entre ellos España.

El tratado está centrado en la detección, prevención y lucha contra todas las formas de violencia sobre las mujeres, desde el maltrato a manos de su pareja o expareja hasta el matrimonio forzoso, la mutilación genital femenina o la trata con fines de explotación, y compromete al Estado que lo ratifica a adoptar medidas legislativas, punitivas y de información y sensibilización para perseguir estos delitos y proteger a las víctimas.

También persigue contribuir a la eliminación de toda forma de discriminación y promover la igualdad real entre mujeres y hombres, mediante la autonomía de las primeras, para lo cual apoya a las organizaciones civiles y las fuerzas y cuerpos de seguridad a fin de que cooperen de manera eficaz en un enfoque integral.

El Convenio de Estambul define y criminaliza varias formas de violencia contra las mujeres. Sobresalen, entre ellas, el matrimonio forzoso, la mutilación genital femenina, el acoso sexual y la violencia física y psicológica contra las mujeres.

A la par, establece un mecanismo de seguimiento específico para garantizar la aplicación efectiva de sus disposiciones por los Estados comprometidos, así como la creación de un grupo de expertos independientes para examinar si los países ratificantes cumplen o no sus compromisos.

De algún modo, el Convenio de Estambul se propone atacar las causas que originan la violencia contra las mujeres y aboga por cambiar estereotipos, perseguir a los culpables. Pero, sobre todo, impulsa que los Estados criminalicen de forma jurídica, con duras penas, todas las formas de violencia que atentan contra las mujeres, lo que ya ha empezado a acontecer.

El artículo 17 de la Convención de Estambul es específico sobre el papel del sector privado y los medios de comunicación, así como su participación en el desarrollo de políticas y directrices a fin de modificar los actuales modelos que promueven la violencia contra las mujeres con contenidos degradantes sobre violencia sexual, muy

"¡Actúa contra las violaciones! ¡Utiliza la Convención de Estambul!". Con esta campaña en 33 países de Europa, celebrada en diciembre del año pasado, se dio a conocer ampliamente el Convenio del Consejo de Europa, con el cual el continente ha abierto el camino para establecer un marco jurídico propicio que proteja a las mujeres contra todas las formas de violencia.

La elaboración del Convenio de Estambul le valió al Consejo de Europa el VIII "Premio de Reconocimiento a la labor más destacada en la Erradicación de la Violencia de Género 2012", concedido por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

Ese es el primer tratado europeo que aborda específicamente la violencia contra las mujeres y la violencia de género. Los países que lo ratifiquen deberán establecer, además, servicios como líneas de asistencia telefónica, centros de acogida, servicios médicos, orientación y asistencia legal.

España, que ratificó el convenio el pasado mes de abril, se compromete, entre otras medidas, a perseguir internacionalmente la mutilación genital femenina cuando la haya cometido un español o residente habitual en el país sobre una víctima que cumpla una de estas características, sin que sus restricciones de la justicia universal puedan ser impedimento.

Asimismo, contrae otras obligaciones, como adoptar las medidas necesarias para que la persecución por razón de género sea tenida en cuenta como causa para obtener asilo o protección subsidiaria. España, en toda su historia, sólo ha concedido la protección por motivo de género en una ocasión, se trataba de una víctima de trata.

En este sentido, establece que las partes firmantes "adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para desarrollar procedimientos de acogida sensibles al género y servicios de apoyo a los solicitantes de asilo, así como directrices basadas en el género y procedimientos de asilo sensibles al género, incluidos los relativos a la obtención del estatuto de refugiado y a la solicitud de protección internacional".

El Convenio va más allá y recuerda a los Estados el principio internacional de no devolución, de manera que les compromete a adoptar las medidas necesarias para respetarlo a fin de garantizar que "las víctimas de violencia contra las mujeres necesitadas de protección, con independencia de su condición o de su lugar de residencia, no puedan ser devueltas en circunstancia alguna a un país en el que su vida pudiera estar en peligro o en el que pudieran ser víctimas de tortura o de tratos o daños inhumanos o degradantes".

Otros compromisos recogidos en el texto son la obligación de adoptar una legislación específica contra la violencia de género (La Ley Integral cumple ahora 10 años) que incluya la posibilidad de adoptar órdenes y medidas de protección urgente para las víctimas, prohíba los sistemas de mediación o conciliación en estos casos y que tome como agravante el parentesco, entre otras medidas vigentes en el sistema judicial actual.

Pérdida de custodia para los maltratadores

También plantea la posibilidad de que los jueces y juezas dicten "la pérdida de sus derechos dimanantes de la patria potestad (del maltratador) si el interés superior del menor, que puede incluir la seguridad de la víctima, no se puede garantizar de ninguna otra forma" o que se arbitren mecanismos de seguimiento y vigilancia de los condenados por estos delitos de violencia sobre las mujeres.

Sobre este asunto, el Convenio dice que "las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que, en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos, se tengan en cuenta los incidentes de violencia" así como para que "el ejercicio de ningún derecho de visita o custodia ponga en peligro los derechos y la seguridad de la víctima y de los niños".

Para el seguimiento de los compromisos adquiridos con la ratificación, el Convenio prevé la creación del Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (GREVIO), que estará integrado por un mínimo de 10 y un máximo de 15 miembros de países diferentes y con una participación equilibrada tanto en términos de género como a nivel disciplinar, que tendrá un mandato de cuatro años.

El GREVIO visitará los Estados, recibirá información de organizaciones sociales y organismos oficiales y elaborará un informe con sugerencias que serán elevadas al país afectado y al Comité en el que tendrán presencia todos los que hayan ratificado el Convenio. De este Comité saldrán las recomendaciones al país en cuestión en relación con el cumplimiento de los compromisos adquiridos y serán públicas.

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