Rebelión Al proyecto de ley de Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), que ingresó al Congreso en 2011, recién en julio de 2013 se le dio urgencia simple, sin que se discutieran los cambios que requiere para cumplir las normas internacionales. Chile aun no firma la Convención interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia y, actualmente, sigue sin tener una legislación que regule la convivencia de las parejas de igual o distinto sexo. Quienes se oponen van desde quienes rechazan cualquier regulación -como la UDI y sectores RN y la DC-, hasta los que buscan que la ley sólo regule a parejas heterosexuales. Sus argumentos son bíblicos: el “matrimonio” será debilitado por el AVP o el matrimonio gay, dañando la familia y a la sociedad, como en Sodoma y Gomorra. La actual ley de matrimonio discrimina a las personas en razón de su orientación sexual… Y ni siquiera existe una ley de uniones civiles. Tampoco, una de identidad de género que garantice a los transexuales ser identificados legalmente con su nombre y sexo; y la llamada ley Zamudio se ha evidenciado como notoriamente insuficiente para sancionar los casos de discriminación sexual.
Para el Movimiento por la Diversidad Sexual, MUMS, las deficiencias del AVP lo distancian de ser una unión civil “que responda a las necesidades de las millones de personas que hoy conviven y no ven una alternativa en el matrimonio”. Diversas organizaciones LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales) elaboraron un conjunto de observaciones al proyecto, que entregaron al gobierno de Piñera. Señalan que se limita su profundidad y amplitud, y que el AVP debiera encaminarse a una real unión civil que proteja a todas las parejas que conviven. Advierten que aun no existe una voluntad política clara frente al matrimonio igualitario. “Es urgente evitar dobles discursos y trasparentar las posturas de las fuerzas políticas, tanto en contra como a favor del matrimonio igualitario dentro de la Nueva Mayoría”, dice el MUMS.
Chile ha firmado algunas resoluciones de la ONU y la OEA, donde se insta a los países a erradicar la discriminación por orientación sexual e identidad de género. En 2009, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas exigió a nuestro país utilizar los Principios de Yogyakarta. El Principio 24 de Yogyakarta establece “el derecho a formar una familia con independencia de su orientación sexual o identidad de género, incluso a través del acceso a adopción o a reproducción asistida. Existen diversas configuraciones de familias. Ninguna familia puede ser sometida a discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes”. Según la mayoría de las organizaciones LGBTI, actualmente existe un mayoritario respaldo social y político para regular las uniones de hecho: “Sólo ha faltado la voluntad del Estado y de sus autoridades para estar a la altura de los cambios y para cumplir sus propias promesas”, dice Rolando Jiménez, del Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh).
“TIENEN DERECHO”
En 2004 la encuesta Opción sexual y discriminación, señaló que el 64% apoya las uniones civiles entre personas de igual o distinto sexo. En 2008, el 89% de los parlamentarios de la Concertación y el 32% de la Alianza apoyaban las “uniones civiles”. Aunque en 2011 el Tribunal Constitucional rechazó un recurso de inaplicabilidad sobre el artículo 102 del Código Civil, que prohíbe el matrimonio igualitario, su resolución señaló explícitamente que era competencia del Congreso resolver el matrimonio igualitario y no lo consideró inconstitucional. “Ocho ministros se pronunciaron a favor de la regulación de las uniones de hecho, y cinco consideraron que las relaciones entre personas del mismo sexo constituyen familia. Pese a contarse con un antiguo respaldo mayoritario de los sectores sociales y políticos, que ha provenido incluso de frentes considerados conservadores, los discursos y promesas no se han traducido a la práctica, es decir en la aprobación de una ley de este tipo”, agrega Jiménez.
En 2003, Mario Garrido, presidente de la Corte Suprema, rechazó el matrimonio igualitario, pero se manifestó a favor de regular las uniones de hecho. Al año siguiente, el cardenal Francisco Javier Errázuriz, dijo: “Uno puede comprender que los homosexuales se relacionen, tengan estabilidad entre ellos, que quieran tener comunidad de bienes, pero no es matrimonio, hay que darle otro nombre porque es otra realidad totalmente diferente”. En 2007, en La Serena, la Corte de Apelaciones sentenció que dos convivientes del mismo sexo también constituyen familia; y José Aldunate se convirtió en el primer sacerdote en afirmar que “los homosexuales tienen derecho a las uniones conyugales”. En 2008, con el patrocinio de los diputados Marco Enríquez-Ominami, Isabel Allende, Alfonso De Urresti, Ramón Farías, Guido Girardi y Adriana Muñoz ingresó al Congreso el primer proyecto de ley sobre matrimonio igualitario. Ese año un fallo de un Juzgado de Familia entregó la tuición de sus hijos a un padre gay. Al año siguiente, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU exigió a Chile reconocer los derechos de las familias sin discriminarlas por su orientación sexual o identidad de género; y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó a los estados miembros garantizar que dentro de sus jurisdicciones, ninguna pareja del mismo sexo sea privada de su derecho de igualdad ante la ley. En junio de 2010, el presidente Piñera se pronunció a favor de las uniones civiles, siendo la primera vez que un presidente de la República lo hacía: “Vamos a promover una legislación que resuelva problemas reales, de carácter patrimonial, salud, de herencia, de esas parejas”. En agosto de 2011, Piñera firmó el AVP y la iniciativa ingresó al Congreso.
Para el Movilh el AVP junto con regular bienes, debiera preocuparse de las personas que integran las familias, incluidos los hijos. Movilh propuso una indicación tendiente a garantizar la no discriminación para la crianza de menores. De igual manera, que se reconozcan las uniones civiles similares contraídas en el extranjero. A seis días de haber asumido la presidencia Michelle Bachelet, el ministro Alvaro Elizalde anunció: “Le hemos dado suma urgencia al proyecto de AVP. En relación a un proyecto de ley de matrimonio igualitario, se ha señalado que son cosas separadas y proyectos distintos… La prioridad legislativa actual es el AVP”. Casi al mismo tiempo, y evidenciando las contradicciones de la Nueva Mayoría, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, reafirmaba el apoyo del gobierno al AVP y al “matrimonio igualitario”. La cúpula Iglesia Católica, algunos pastores evangélicos y sectores de la ultraderecha y la DC continúan oponiéndose al matrimonio igualitario y a cualquier avance que implique poner fin a la discriminación, como podría ser un AVP que incluya las indicaciones presentadas por el movimiento LGBTI. El gobierno de Piñera se mostró abiertamente contrario al matrimonio igualitario. Sin embargo, según el Movilh, “resultó ser el gobierno que más escuchó, atendió y dialogó con los movimientos LGBTI, así como el que más políticas públicas implementó e impulsó medidas legislativas. Su promesa liberal estrella, el AVP, no logró aprobarse por la presión homofóbica de gran parte de su propio sector político. El rechazo al matrimonio entre personas del mismo sexo habla de una concepción de la igualdad legal limitada sólo en razón de la orientación sexual de la pareja, lo que es condenable”.
ACUERDO INJUSTO Y DESIGUAL
En la lucha por la aprobación del AVP y el matrimonio igualitario destacan Claudia Amigo y Claudia Calderón, que entregaron a los parlamentarios 18 mil firmas electrónicas de respaldo; Alexandra Benado, quien defendió los derechos de las familias homosexuales, tras denunciar al Estado por discriminar el derecho a ser reconocida junto a su pareja como madres de dos niños: “Hace cuatro años decidimos concretar nuestro sueño de ser mamás, y asistimos a una clínica de fertilidad, y nacieron mellizos. El Estado no me reconoció a mí como madre, y hasta hoy nuestros hijos aparecen como niños con una sola madre, a pesar de que nuestros hijos están plenamente insertados en la sociedad como hijos de una pareja de dos mamás”; y la pareja formada por Roxana Ortiz y Virginia Gómez, quienes tienen una hija de 12 años, y presentaron un recurso de protección contra parlamentarios que emitieron violentas declaraciones en contra las familias homosexuales: “Vinimos aquí para que los senadores conozcan en persona la realidad de nuestras familias. Tenemos una hija de 12 años y ella merece protección social y jurídica. El AVP se debe hacer cargo de la tuición. Una ley que sólo se preocupe de los bienes de un hogar, pero no de los integrantes de la familia, sería un absurdo”, señalaron durante una sesión que discutía el proyecto.
Pero no todos ven el AVP color de rosa: “Nos parece sospechosa toda esta urgencia oficialista por el AVP y su liviana discusión sobre ‘matrimonio homosexual o no’. No ha sido extraño ver en las campañas presidenciales y parlamentarias un uso mediático sobre tal demanda de la diversidad sexual. Ahora con Bachelet el tema parece avanzar y, supuestamente, tomar más importancia que en el gobierno de Piñera. Nos preguntamos: ¿Para qué casarnos si ni siquiera tenemos casa? ¿Para qué seguir el yugo heterosexual? ¿Con el matrimonio homosexual quiénes ganan, los gays? ¿Dejarán de asesinarnos?”, dice el Colectivo Universitario por la Disidencia Sexual (CUDS).
Para los dirigentes del MUMS Mauricio González y Elías Jiménez, coordinador y asesor jurídico respectivamente, hasta hoy la condena a Chile como violador de derechos humanos, en el caso de la jueza Karen Atala, no ha repercutido en la legislación interna: “En el caso Atala sólo se ha conseguido un descolorido reconocimiento por parte del Estado y compromisos, poco fundados, por parte de políticos y legisladores, en relación a políticas de respeto, promoción y defensa de los derechos humanos de la diversidad sexual. El poder judicial continúa sin entender los conceptos de orientación sexual e identidad de género, los tribunales civiles continúan negando el derecho a la identidad al ser requeridos por un cambio de nombre para personas trans. Los tribunales laborales continúan negando demandas de tutelas en casos de discriminación por orientación sexual de personas que sufren acoso laboral o son despedidas de sus trabajos por este motivo. Los servicios públicos siguen sin ser capacitados en el respeto por las personas y su diversidad sin discriminación. El Estado continúa sin realizar acciones afirmativas en favor de la igualdad de derechos. Las falencias de la ley Zamudio son obvias. No evita un nuevo ataque igual o peor que el sufrido por Daniel, no enseña el respeto a la diversidad, no logra que el Estado se haga cargo de su obligación Constitucional de respetar los derechos humanos. A dos años el balance es triste, Chile no ha avanzado, aun cuando ese sea el mensaje que intentan vendernos. La tragedia de Zamudio sensibiliza a muchas personas, pero son esas mismas quienes dicen no a la adopción y cuestionan el derecho al matrimonio igualitario”, señalan en un artículo publicado en la web del movimiento.
Las uniones civiles poseen efectos jurídicos que en el AVP se ven atenuados o simplemente no están pues se trata de una salida al paso, “a la chilena”. No es una unión civil propiamente tal sino que una norma de ghetto que diferencia a ciudadanos de primera y segunda categoría. Según el MUMS, “el actual proyecto no tiene como objetivo una sociedad igualitaria, justa y democrática, que contemple la diversidad y la pluralidad en sentido estricto. El Acuerdo de Vida en Pareja es injusto y desigual. Realiza una distinción discriminatoria en la edad de consentimiento de las personas; los beneficios/efectos se perfeccionan después de un año y no de forma automática; no regula régimen patrimonial de bienes raíces o bienes muebles de relevancia; no modifica el Estado Civil; no otorga igualdad de derechos hereditarios; no reconoce el carácter de familias a quienes celebran este acuerdo”.
Actualmente más de dos millones de personas conviven sin posibilidad de regular su régimen patrimonial, de salud, previsional y de herencias. “Un conviviente no puede ser carga del otro en salud o previsión. Si un miembro de la pareja fallece o se enferma, su conviviente se ve además absolutamente imposibilitado u obstaculizado de decidir sobre los bienes de ambos, de heredar, de visitar a quien ama cuando esté internado en un centro de salud, de definir trámites funerarios o de custodia o tuición de los hijos. Para el ejercicio de muchos derechos los convivientes no son nada ante la ley. De ahí la importancia de aprobar el AVP”, dice el Movilh. El primer país que reguló uniones civiles fue Dinamarca, en 1989. Para el CUDS, el debate debiera ir por otro lado: “Pareciera que a la ‘diversidad sexual’ sólo le interesa continuar reproduciendo mecanismos de control tradicionales, bajo la normalizante lógica de este neoliberalismo judeo-cristiano. Los ‘líderes’ del movimiento homosexual supuestamente se dedican a proteger la vida de las personas no-heterosexuales a través de esta demanda. No nos convence, menos cuando vemos a sus líderes pactando, aplaudiendo y negociando con la derecha neoliberal y sus empresarios. Creemos que con el matrimonio homosexual ganan sólo las Isapres, las AFPs y las inmobiliarias que tendrán más clientes. Mientras los homosexuales de clase alta se quieren casar, las mujeres en las poblaciones siguen estando obligadas a parir porque el aborto es ilegal. Pero no vemos como un imposible que, luego del bullado AVP, se pueda hablar seriamente de matrimonio homosexual. Es cosa de analizar el contexto político de la clase dominante. La homosexualidad ya ha dejado de ser peligrosa para el sistema y es esa misma demanda de la diversidad sexual la que los ha vuelto inofensivos, normales y perfectos para continuar desarrollando un mercado cada vez más pluralista y multicultural.
El aborto y la educación no parecen ser demandas urgentes, sin embargo, esa necesidad sospechosa de igualarse al régimen heterosexual, reproduciendo institucionalidades burguesas como el matrimonio y la familia, cada día gana más tribuna. Por esto la política homosexual, a diferencia del feminismo, ha logrado un mayor ‘reconocimiento’. En Chile los homosexuales reconocidos por el Estado ya casi no son cuerpos polémicos. Unos cuerpos pensados como iguales. Pero nos preguntamos: ¿Iguales a quién? ¿Iguales a los cuerpos normativos de los heterosexuales identitarios? ¿Es que acaso somos iguales? ¿Están nuestros cuerpos expuestos a las mismas violencias? ¿Son nuestras vidas iguales de frágiles que las de una madre inmigrante que mantiene y establece su familia a distancia o que las de un homosexual ABC1 que se refugia de su pena en un bar gay del barrio alto? No se trata de estar en contra del AVP o del matrimonio homosexual. Estamos en contra del matrimonio y la familia patriarcal. Sólo hemos visto torturas en el interior de tal institución burguesa que tanto emociona en las cúpulas homosexuales. Las mujeres siguen siendo asesinadas por sus maridos y los hijos adoctrinados bajo esa misma educación violenta, tan masculina”, dicen.
Por su parte, para la Fundación Iguales, la promesa de Piñera no se cumplió: “El emblemático proyecto aún no logra ver la luz como ley debido a las trabas que han puesto sectores conservadores que no quieren que se apruebe, principalmente las dirigencias de RN y la UDI. Pretender crear un AVP destinado a proteger solamente a las parejas del mismo sexo implica una grave violación del principio de igualdad establecido constitucionalmente, consagrando un verdadero apartheid jurídico, donde las parejas de distinto sexo podrán optar en forma exclusiva por el matrimonio, mientras que el AVP queda relegada a una condición de institución de segunda categoría con menos derechos”, agrega.
Según el Censo 2012, más de dos millones de personas declararon convivir con parejas de igual o distinto sexo: 34 mil y fracción son familias homosexuales. La opinión del CUDS es crítica sobre cómo los movimientos gays alcanzaron relevancia mediática y política con la demanda del AVP y el matrimonio: “No creemos que la única lucha del movimiento gay sea pedir matrimonio o exigir reconocimiento como parejas. Hay otros problemas político sexuales radicales y más cotidianos como la discriminación laboral por ser no-heterosexual o la falta de una educación no sexista que no genere discriminaciones contra personas no-heterosexuales. También observamos con recelo cómo el movimiento homosexual es liderado por ‘hombres’ gays de conductas autoritarias y masculinas, que marginan de su lucha a ‘cuerpos’ como los de trabajadores y trabajadoras sexuales y otros. Por último, creemos que la lucha homosexual debe hacer gestos con la lucha feminista, no se trata de generar políticas por territorios distintos. Gays, trans y feministas deben combatir en conjunto a esta sociedad patriarcal”, concluyen.
(*) Historiador y Periodista. Una versión de este reportaje fue publicada por revista Punto Final.
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