jueves, noviembre 29, 2012

Un frente contra la violencia de género, en un continente extremadamente violento hacia las mujeres

María Ortiz

COMUNICAR IGUALDAD- Una vez más este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que recuerda el brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal en República Dominicana. Fue en Colombia durante el cierre del Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe donde se proclamó en 1981 la fecha conmemorativa y no es casual: América Latina sigue siendo un continente extremadamente violento hacia las mujeres.

Las cifras de la región son alarmantes: el Observatorio de femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” registró un total de al menos 260 femicidios en 2011 reportados en los medios de comunicación. Perú reportó oficialmente 130 víctimas de femicidio entre enero y diciembre de 2010; el Observatorio Manuela de Bolivia registró 157 casos en 2011 y en lo que va del 2012 se registraron 97 decesos; en Quito, Ecuador, se reportaron 1831 femicidio entre 2000 y 2006. Entre tres y cinco de cada diez mujeres de Perú, Ecuador, Bolivia y Paraguay son afectadas directamente por la violencia.

El III Informe Internacional Violencia contra la Mujer del Instituto de Estudios sobre Violencia Centro Reina Sofía de la Universidad Internacional Valenciana (VIU), que analiza comparativamente el estado de la violencia en 45 países desde el año 2000 hasta 2006, destaca que 11 de los 14 países en el informe que están por encima del valores de prevalencia promedio internacional -de 19,14 casos de femicidio por millón, o prevalencia – pertenecen a América Latina; entre los más violentos, se encuentran El Salvador (prevalencia 129,43), Guatemala, Colombia y Honduras; del cono sur, Bolivia y Paraguay (con valores de prevalencia de 34,17 y 27,54 respectivamente); Argentina, con una prevalencia de 15,19 casos de femicidio por millón, se ubica dos posiciones por debajo del valor medio.

A pesar de la elevada prevalencia del femicidio de América Latina y el Caribe, esta región se encuentra entre las más avanzadas del mundo jurídicamente en temas de violencia de género. Frente a los 603 millones de mujeres que hoy en día viven en países donde la violencia doméstica aún no es considerada un crimen, según ONU Mujeres, en América Latina casi todos los países ratificaron la Convención de Belém do Pará, un instrumento especifico para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y cuentan con legislación que califica a la violencia de género como una violación a los derechos humanos de las mujeres. La reciente inclusión del femicidio y su tipificación en el Código Penal argentino fue un avance importantísimo. Pero como las cifras acusan, persiste una enorme brecha entre el deber ser de la ley y una realidad que apenas empieza a destaparse. Para lograr un cambio, no basta con la aplicación efectiva de la legislación, se necesita asimismo introducir cambios socio-culturales.

Pues en sociedades multiétnicas y multiculturales como las latinoamericanas, la violencia de género se manifiesta independientemente de las fronteras culturales, de clase o de nacionalidad. Se trata de un problema sustentado en las relaciones de poder estructural e históricamente desiguales, desequivalentes entre varones y mujeres, y que se inscribe en sociedades profundamente marcadas por el orden patriarcal, la discriminación y el racismo.

La influencia de la iglesia católica más conservadora, así como el nivel de aceptación social e institucional de la violencia de género y su naturalización, son algunos de los factores que dificultan su abordaje. A ellos se suman el subregistro y la resultante información deficiente sobre el tema, debido al hecho que generalmente la violencia se calla y se oculta por parte de las mismas víctimas. Sacar a las mujeres del aislamiento y del silencio no es una tarea fácil, y menos en países con amplios sectores de población rural e indígena.

Un importante esfuerzo en esta dirección es el que está llevando a cabo el programa ComVoMujer de la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ). Con un enfoque dirigido específicamente a las mujeres indígenas, afroamericanas y de zonas rurales de Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú, ComVoMujer tiene como finalidad lograr un cambio de mentalidad para efectivamente proteger a las mujeres de la violencia de género así como erradicar prácticas discriminatorias basadas en prejuicios y estereotipos.

Las acciones y medidas del programa responden a una doble estrategia: por un lado, desarrollar las capacidades de los actores relevantes y por otro, hacer cumplir las convenciones regionales y los planes de acción nacionales contra la violencia de género a través de subsidios locales y medidas de asesoramiento. Esto incluye la mejora de los servicios estatales y no estatales en las zonas rurales y el fomento de la cultura empresarial para combatir la violencia.

Un aspecto crucial del programa es su enfoque centrado en la colaboración y participación de “los tres pilares más importantes de la sociedad – entidades de gobierno, del sector privado y de la sociedad civil -”, según la directora del programa regional, Christine Brendel. ComVoMujer parte de la base de que “sólo mediante un trabajo conjunto se logrará enfrentar eficiente y eficazmente un problema multidimensional que, para solucionarse, requiere del esfuerzo de todas y todos“. Considera por lo tanto prioritario trabajar con estos actores y vincularlos entre sí, promover el diálogo y el intercambio, generar redes y demás acciones similares. El trabajo en colaboración, de hecho, se reproduce en los distintos órdenes: entre los tres actores ya nombrados hacia el interior de cada país, entre los países participantes en el plano regional y entre Alemania y los países participantes en el plano internacional, pues ComVoMujer propone la construcción de una plataforma de intercambio de conocimientos Sur-Norte que se nutre del aporte de experiencias y expertisia por parte del programa.

Frente a la inacción y la falta de protección que ofrecen los Estados, ComVoMujer demuestra que aún queda mucho por hacer, al desplegar un abanico muy nutrido de medidas intersectoriales en distintos niveles. Entre otras, se firmaron convenios con cámaras empresariales para abordar la violencia de género en el ámbito de trabajo, se brindaron cursos de capacitación a las variopintas entidades que implementan las leyes: desde las comisarías, los refugios, el personal médico hasta las autoridades de justicia comunitaria, las fiscalías y las cortes -como las Brigadas de Protección a la Familia en Bolivia-, se realizaron encuentros de diálogo con entidades de mujeres, se promovieron mesas de informes y asesoría jurídica, se promovieron y difundieron leyes y proyectos de legislación, se llevaron a cabo actividades de prevención y promoción en comunidades locales y con entidades de mujeres, se diseñaron y promovieron campañas de información nacionales y otras actividades de sensibilización.

Ejemplo de la orientación del programa a las poblaciones indígenas es el documento audiovisual “Voces de dignidad” que el Grupo Sunu de Acción Intercultural de Paraguay está terminando, en base a una investigación en varias comunidades del país que tuvo como objeto relevar la percepción de las mujeres indígenas sobre género y violencia y, en casos de violencia, cuáles son los circuitos a los que se acude en busca de ayuda.

Mariana Franco, investigadora de este grupo que formó parte del trabajo de campo, contó que es la primera vez que el tema de género es investigado en comunidades indígenas paraguayas y señaló que todo este material quedó registrado audiovisualmente. Describió que en las entrevistas en profundidad, al partir de la discusión sobre género, en todos los casos salió el tema de la violencia. Destacó que para ninguna de las mujeres entrevistadas el tema de la violencia resultó desconocido, que “un 100% de las mujeres conoce un caso en el seno de su comunidad“. Entre las conclusiones, destacó que estas mujeres identificaron como violencia el que no se escuche su voz: “por más que hay participación, ellas manifestaron que… no se tiene en cuenta su voz“. A raíz de las entrevistas, las mujeres indígenas expresaron una enorme necesidad por conocer más sobre sus derechos; se detectó por lo tanto una demanda concreta de capacitación sobre este tema.

También Franco señaló la ausencia del Estado para responder a las necesidades de las mujeres en las zonas más alejadas de estos países. Quienes suelen acudir a la justicia comunitaria como alternativa señalan que tampoco es de utilidad para las víctimas de la violencia de género: la convivencia de los dos sistemas de justicia implica, a menudo, que las mujeres más bien terminan siendo revictimizadas en ambos sistemas. Como los códigos culturales y la justicia comunitaria de las comunidades indígenas son muy distintos a los oficiales, “entre las tareas pendientes del Estado se encuentra el armado de códigos interculturales y en varios idiomas para responder a la realidad lingüística de estos pueblos, así como la formación de promotoras comunitarias, que puedan asesorar en cuanto a las instancias a recurrir y derechos”.

En relación a la colaboración con el sector privado, Brendel explica que las formas específicas de violencia de género afectan al pleno desarrollo y la economía de la región. “Una vez que se les demuestra [a los empresarios] el impacto que la violencia hacia las mujeres tiene en su emprendimiento“, aclara, “se comprometen de manera asertiva en el marco de sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial”. Éste fue el caso de las empresas florícolas en Ecuador, quienes además de montar capacitaciones destinadas a su personal y establecer rutas críticas de apoyo en situaciones de crisis para la derivación a los servicios estatales correspondientes, incluyeron indicadores de violencia de género en el proceso de certificación Flor-Ec; similares procesos de capacitación tuvieron lugar en 21 empresas prestadoras de servicios de saneamiento y en la empresa pesquera TASA de Perú.

Los éxitos de ComVoMujer pueden medirse en la provisión y el fortalecimiento de capacidades y herramientas, en la apropiación de las medidas conjuntas y en la generación de medidas innovadoras para combatir la violencia en los países participantes. Brendel agrega que la asesoría técnica del programa y el proceso de trabajo realizado han llevado hacia una mayor visibilidad y una percepción importante del tema para la región. Asimismo, ComVoMujer ha ampliado el circuito de la cooperación internacional, pues las experiencias y ejemplos provenientes del programa, en el marco de este intercambio Sur-Norte, ya se encuentran sistematizados, a disposición del Estado alemán y podrán aprovecharse en otras regiones para definir estrategias innovadoras en la lucha contra la violencia de género.

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