miércoles, octubre 03, 2012

México: Reforma laboral perjudica a las mujeres

Sara Lovera

(SEMlac).- Una fuerte controversia social generó una iniciativa del presidente Felipe Calderón para cambiar más de 1.000 disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, enviada el primero de setiembre al Congreso, y que se discute aceleradamente con el aval del nuevo partido gobernante, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Se espera que los cambios ocurran en los próximos 40 días, pero desde ya esta propuesta se considera un retroceso.

Las modificaciones significarán la pérdida definitiva de derechos sociales y la profundización de las responsabilidades familiares para las mujeres trabajadoras, actualmente 42 por ciento de la fuerza de trabajo, y un porcentaje adicional de 11 por ciento que laboran en el trabajo informal o precario.

Según la iniciativa, ellas son vistas solo como reproductoras, concluyeron especialistas y sindicalistas en un Foro para analizar la propuesta, realizado en la Cámara de Diputados el pasado 17 de septiembre.

En esa reunión las participantes advirtieron que la idea del Presidente de la República se ha lanzado con una sospechosa y "perversa" justificación de que se introduce una visión de género en la reforma, cuestión totalmente falsa, dijo a SEMlac la politóloga Teresa Inchaústegui, diputada en la pasada legislatura.

Inés González, representante de la Red de Mujeres Sindicalistas, señaló que la iniciativa "regulará" todas las ilegalidades contra las que han luchado las sindicalistas en los últimos 30 años y dijo que, enviada para resolverse en 30 días, es un verdadero albazo, en alusión a un acto intencionado y premeditado, que se hace para ganar tiempo y adelantarse a los hechos.

Las participantes en el Foro exigieron discutir la propuesta ampliamente, antes de ser aprobada.

Una tendencia, encabezada por la exdiputada Rosario Ortiz, sí busca transformar la Ley, basándose en que la actual está obsoleta y no reconoce los cambios ocurridos en el mercado laboral, donde se incorporaron crecientemente las mujeres, las modificaciones en los procesos de trabajo y, sobre todo, no se ha tocado la regulación sindical, que impide el desarrollo de sindicatos independientes.

Pero ello no pude fundarse en violaciones sustantivas a los derechos humanos y del trabajo. Ortiz hizo notar que podría lograrse una buena ley si hay debate real.

Las participantes en ese foro se constituyeron el mismo 17 de septiembre en una Coordinadora Nacional, según informó la actual legisladora Malú Micher.

El abogado Carlos Reynoso, representante la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, explicó que el derecho universal de las trabajadoras a tener un descanso de hasta 90 días por parir -45 días antes del nacimiento y 45 días después-, que en la iniciativa da la opción de acumular el descanso luego de dar a luz, realmente es una falacia, porque está condicionado a la voluntad del patrón y a otra serie de requisitos.

Ello es una muestra de la manipulación que, pretextando introducir el género, realmente no ofrece ningún nuevo derecho; lo mismo sucede en los tiempos para lactancia y otras cosas, trascendió en el foro.

En cambio, como analizó largamente Inchaústegui, la iniciativa propone la exigencia de una certificación laboral para el ejercicio de cualquier oficio, que perjudicará principalmente a las mujeres, quienes en mayoría no acceden a la educación formal. "¿Cómo y cuándo certificar a una mesera, a una recamarera?", se preguntó.

También dijo que es una trampa la implantación del período de prueba para obtener un empleo, puesto que actualmente la ley lo prohíbe. Ahora se legaliza, argumentando que un nuevo trabajador o trabajadora estarán a prueba durante seis meses capacitándose, lo que equivale a transitar por ese plazo sin contrato y sin derechos.

Actualmente, más bien, la ley señala que al laborar seis meses automáticamente se adquiere una plaza laboral. Las mujeres son más vulnerables para este tipo de contrataciones, dijo.

Además, se sabe que 25 por ciento de las mujeres que trabajan lo hacen con una bajísima capacitación y ahora estarán en peligro de perder su empleo. La ley, dijo, está evidentemente legalizando también el desempleo.

Una de las cuestiones que más acosan a los sindicatos es el trabajo a terceros, lo que significa que una empresa -grande, sobre todo- tiene un grupo de trabajadores, con derechos y sindicato, pero ahora el patrón podrá contratar servicios por fuera para ahorrarse salarios, derechos, antigüedad y ascensos. Así, el Estado se desentiende, precisamente, de tutelar los derechos laborales.

En lo que las sindicalistas independientes están de acuerdo es en la libertad sindical. Ahora la ley dota a los dirigentes de gran poder. La iniciativa prevé esta libertad, demanda de hace cuatro o cinco lustros. Pero todo hace suponer que también este ha sido un señuelo para que se negocie con los grandes dirigentes, que tradicionalmente han apoyado a "la clase política", de modo que no se les quiten sus privilegios si aceptan la reforma en todos los demás aspectos.

El antecedente

Desde los años ochenta, en México las relaciones laborales se han conducido fuera de la Ley Federal del Trabajo, aprobada en 1931. En esos años se desarrolló el trabajo de "maquila" en la frontera norte, realizado principalmente por mujeres en empresas donde se estableció un régimen laboral "especial" de facto. Una de las principales consecuencias de este trabajo, sin protección de la ley, es el salario miserable y efectos preocupantes en la salud.

Las crisis recurrentes y los cambios en los procesos productivos chocaron sistemáticamente con esa ley de los años treinta y se hicieron cambios en la práctica, en empresas industriales y de servicios, que afectaron el derecho al trabajo, la antigüedad, la seguridad social y el empleo.

También hubo cambios en los contratos colectivos, con cuestiones pactadas fuera de esa ley. Paralelamente, los trabajadores organizados fueron perdiendo fuerza de negociación y los empleos se precarizaron. La creciente incorporación femenina a todos los sectores laborales sirvió a los patrones para pagar mal, en ocasiones por horas, sin seguridad social y sin derechos fundamentales, lo que hoy afecta a 18 millones de mujeres.

El desempleo creció. Sólo en los últimos seis años siete millones de personas, jóvenes y mujeres, no tienen trabajo, según el Instituto Nacional de Estadística Informática y Geografía.

No obstante, los sindicatos conocidos como "oficiales", definidos como "charros" y que dependen del capital del gobierno, mantuvieron privilegios, como que un solo individuo o un comité por rama o empresa regula la fuerza de trabajo, hace contratos a modo, llamados de protección y cobra millones de pesos en cuotas.

Pero, además, ese comité puede pedir el despido de cada trabajador que no esté de acuerdo con dicho comité. Se llama cláusula de exclusión, con lo cual las dirigencias históricas se han mantenido en el poder.

Hoy, por la vía de centrales, federaciones o confederaciones, las dirigencias tienen una cuota de representación en el Congreso, en gobiernos locales o estatales y contratos especiales con las grandes empresas, sean estas del Estado o privadas, y sean las dirigencias de un partido político o de otro.

En este panorama, patrones y diversos gobiernos, desde hace 30 años, han buscado cambiar la legislación. Existen 164 iniciativas en el Congreso Federal sin aprobarse.

La ley vigente se fundó en el tutelaje del Estado a los trabajadores, hoy podría ser integralmente modificada en los próximos 40 días, legalizando todas las violaciones y reforzando solo las necesidades patronales.

La iniciativa puede acordarse rápidamente, en virtud de que existe el derecho del Presidente de la República a proponer dos leyes al comienzo de un período camaral, y que estas tienen que dictaminarse aprobando o rechazando en los siguientes 30 días.

Desde 1931 solo hubo un cambio profundo, en los años setenta, que modificó exclusivamente lo que se llama asuntos procesales para el tema de los conflictos obrero patronales, fortaleciendo los tribunales laborales, llamados en México Juntas de Conciliación y Arbitrajes, las que se construyen con representantes del gobierno, los patrones y los trabajadores.

Estas juntas debían desaparecer, dijo a SEMlac el abogado Arturo Alcalde, integrante de la Asociación de Abogados Democráticos, y pasar los conflictos a los tribunales comunes, porque hoy las juntas son el coto de poder patronal y del sindicalismo oficial. Hay asuntos que se tardan en resolver hasta cinco años.

Alcalde reconoce que hay que cambiar la ley y dijo que existen propuestas dignas, democráticas y justas, que Felipe Calderón no tomó en cuenta.

La Reforma, según la politóloga Inchaústegui, atenta contra la tutela del Estado a la clase trabajadora, deja libres a los patrones para mercadear la fuerza de trabajo, engaña con los derechos de las mujeres, quita responsabilidades al Estado y privatiza la movilidad de las y los trabajadores, que solamente queda en manos de los patrones.

El representante para México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo, Thomas Wissing, dijo a SEMlac, vía telefónica, que la propuesta presidencial sería la legalización del trabajo precario y daría un golpe severo a las organizaciones sindicales.

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