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La lucha y la organización feminista en Venezuela en los últimos años ha generado una serie de logros y cambios en favor de todas las mujeres venezolanas, entre los que podemos mencionar la ocupación territorial de espacios, la militancia activa en todas las instancias del Poder Popular, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y muchos más.
Sin embargo, la lucha por la despenalización del aborto, es decir, la interrupción voluntaria del embarazo, ha sido un punto en la agenda de lucha que, si bien ha estado en discusión en algunos momentos, no se ha tratado en profundidad y con todas las aristas que esta problemática presenta, sobre todo para las mujeres de la clase pobre, que sin duda alguna son las más afectadas.
Hay una realidad que no puede ser negada: todas abortamos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en el mundo se practican aproximadamente 20 millones de abortos de alto riesgo cada año, y que 99.9% de la mortalidad materna por aborto ocurre en los llamados países en desarrollo. Estas cifras reflejan que esto es un problema de salud pública que no puede seguir invisibilizándose.
Ya sea mediante métodos quirúrgicos en clínicas clandestinas con médicos que los practican para beneficiarse de la salud y la seguridad de las mujeres, mediante métodos caseros que
son igualmente inseguros o, por medio del tráfico de pastillas, el riesgo de las mujeres que abortamos es inmenso.
La lucha por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo tiene un componente de clase, porque las mujeres con recursos económicos lo hacen en clínicas privadas, en las que pueden acceder a ciertas condiciones sanidad, mientras que las mujeres pobres recurren a los métodos inseguros, que ponen en riesgo su integridad física e incluso su vida.
Despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro Código Orgánico Procesal Penal sería sin duda algún un avance gigantesco, pero no suficiente. Se requiere que sea tomado en cuenta como un problema de salud pública y un derecho humano; además es imprescindible el desarrollo de una educación sexual de calidad, el acceso pleno y gratuito a los métodos anticonceptivos. Solo así las mujeres podrán disfrutar del derecho a una salud sexual y reproductiva plena y en condiciones igualdad.
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