martes, noviembre 22, 2011

México: 1,235 mujeres

Daños colaterales
Por: Sanjuana Martínez / Tomado de: Mujeres por la Democracia
Un día, salieron de casa y ya no volvieron. Las encontraron tiradas en una cuneta; cortadas en pedazos en bolsas de basura, en costales, en cajas de plástico; las encontraron decapitadas, mutiladas, violadas… son las vidas del feminicidio: 1,235 mujeres convertidas en cadáveres en los últimos 18 meses. Una auténtica pandemia.

Algunas, sencillamente no regresaron. No las encontraron ni vivas ni muertas. Están desaparecidas: son 3 mil 282 mujeres en el mismo período. Todas, las 4 mil 517 tienen nombre y apellidos. Todas tienen una familia, una historia de vida.

Las cifras del feminicidio en México son frías; poseen además el silencio ominoso del Estado, el mutismo de la impunidad, la quietud de la falta de voluntad política para disminuir y desaparecer este flagelo que coloca a nuestro país en los primeros lugares de criminalidad con componente de género del mundo.

La pandemia silenciosa de las mujeres refleja la enfermedad de todo un pueblo; la parte activa que agrede, asesina y desaparece mujeres; y la otra que permite, silencia, normaliza y observa los crímenes sin hacer nada. Una enfermedad como la masculinidad desde la superioridad, el poder y el sometimiento a la mujer; una enfermedad en la discriminación, la religión que oprime y la desigualdad endémica.




En México, la vida de una mujer vale muy poco, casi nada. Lo demuestran las frías estadísticas: de enero 2010 a junio 2011, se registraron mil 235 asesinatos de mujeres; en ocho entidades de la República: Estado de México (320), Tamaulipas (169), Sinaloa (168), Jalisco (142), Nuevo León (138), Distrito Federal (125), Oaxaca (102) y Sonora (71), según el último informe del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) denominado “Una mirada al feminicidio en México: 2010-2011”.

Las cifra total de este tipo de criminalidad no existe, porque los otros 24 estados de la República mexicana se han negado a dar información, con lo cual, las mil 235 muertas son solamente la punta del iceberg. Lo peor es que sólo el cuatro por ciento de estos asesinatos recibieron sentencia, el resto sigue en la impunidad.

Los gobiernos estatales niegan información sobre los delitos contra las mujeres. Están convencidos de que borrando las estadísticas de la abyección los delitos desaparecen. Sólo nueve estados aceptaron entregar las cifras de las 3 mil 282 desaparecidas. En Veracruz, por ejemplo, se registraron 747 casos, de los cuales, sólo 108 mujeres han sido encontradas, pero la cifra entregada no especifica si fueron halladas vivas o muertas.

Los números muestran algo más: la simulación y la inacción de los distintos gobernadores. El primer lugar de esta ignominia se lo lleva Enrique Peña Nieto, ex gobernador del Estado de México y virtual candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional. Se negó a declarar una alerta de género argumentando que había un “interés político” para perjudicarlo a pesar de que más de 43 organizaciones civiles de 18 estados de la República exigieron la medida por la elevada tasa de impunidad en el Estado de México. Peor aún, su procurador Alfredo Castillo fue más allá justificando el asesinato de mujeres “las matan porque consumen drogas, alcohol o usan inhalantes; trabajan en bares en los que alternan con los clientes o salen a altas horas de la noche”. Este tipo de declaración demuestra que los feminicidios son crímenes de odio, llenos de misoginia y desprecio a la mujer.

La agenda de la mujer para los políticos es asumida solo en tiempos electorales. Es por eso que ahora, el sucesor de Peña Nieto ha querido corregir a través de la simulación reformando el Código Penal del Estado de México, para imponer prisión vitalicia a quien cometa feminicidio, homicidio calificado y violación. Cualquiera pensaría que se trata de un avance, el problema es que este tipo de reformas se convierten en letra muerta porque difícilmente se llevan a la práctica, son una mera decoración del momento para solventar el rechazo provocado por la mala relación de Peña Nieto con las mujeres. No olvidemos las más de 26 mujeres violadas por policías del Estado de México, en el caso de Atenco, un caso de tortura sexual que sigue en la impunidad. Y que acaba de ser admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Lo mismo sucedió con las nuevas leyes y reglamentos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia instrumentalizada por los estados como mero “maquillaje” sin hacer realidad su aplicación, sin presupuesto, sin capacitar a los miembros del poder judicial. De seguir así, esta ley tarde o temprano será también letra muerta.

A la lista de los gobernadores misóginos encabezada por Enrique Peña Nieto, se unen otros ilustres priístas: Rodrigo Medina de Nuevo León, Javier Duarte de Veracruz, Egidio Torre Cantú de Tamaulipas, Mario López Valdez de Sinaloa, Guillermo Padrés de Sonora y César Horacio Duarte Jáquez de Chihuahua; ocupando un lugar especial en este ranking el panista de Jalisco, Emilio González, machista y homófobo declarado.

La falta de prevención y voluntad política para erradicar la violencia contra las mujeres debe ser considerada de manera importante por las votantes en las próximas elecciones. La agenda de las mujeres es muy amplia y el número de necesidades también. Ningún candidato hasta ahora ha sido capaz de exponer un programa amplio y completo relacionado estrictamente con las necesidades de la población femenina. Este tema deberá ser rigurosamente obligatorio a nivel electoral el próximo año.

La narcoguerra ha invisibilizado los feminicidios, cada vez más crueles y sanguinarios. La Misión Internacional sobre Feminicidios de la ONU que inició ahora una visita en México debe condenar la falta de una política de Estado del gobierno de Felipe Calderón para tipificar el asesinato de mujeres como delito particularmente grave.

¿Por qué México no ha tipificado aún el delito de feminicidio? Por desigualdad, desprecio y criminal indiferencia.


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