lunes, noviembre 07, 2011

Gobierno mexicano pidió "perdón" por feminicidios: familiares exigen justicia

Fuente: EFE
Las autoridades mexicanas inauguraron este lunes un monumento dedicado a siete de las cientos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez desde 1993, en una ceremonia en la que irrumpieron madres de víctimas para exigir justicia y un memorial "completo".

El memorial fue construido sobre un campo de siembra de algodón, donde en 2001 fueron hallados los cadáveres de ocho mujeres con signos de violación y malos tratos, de los cuales solo siete fueron identificados.

Se trata de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez, Claudia Ivette González, María de los Ángeles Acosta Ramírez, Mayra Juliana Reyes Solís, Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz y María Rocina Galicia, cuyas edades van de los 15 a los 19 años.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en noviembre de 2009 al Estado mexicano por no prevenir el asesinato de tres de esas mujeres , Herrera, Ramos y González, un caso conocido como "Campo Algodonero", e incumplir en su deber de investigar y garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad.

El tribunal ordenó al Estado pagar a las familias de las víctimas un total de 383 mil dólares, así como realizar, en el plazo de u año, un acto público de reconocimiento de la culpa y construir un monumento en memoria de las mujeres que han muerto por razones de género en Ciudad Juárez, entre otras medidas.



El subsecretario de Gobernación, Felipe Zamora, quien acudió a la inauguración del memorial en representación del Presidente Felipe Calderón, pidió una disculpa pública a las madres de las mujeres asesinadas.

"Hoy vine a pedir perdón a los familiares de todas las víctimas en nombre del Estado mexicano", aseguró.

"Los errores y negligencias en la integración de los expedientes contribuyeron en el retraso de las indagaciones para encontrar a los responsables de esas muertes. El Estado mexicano es consciente del sufrimiento de los familiares de las víctimas", dijo.

Los familiares, quienes acudieron al lugar con volantes, mantas y fotografías de sus hijas asesinadas o extraviadas, interrumpieron los discursos de los representantes de los tres niveles de Gobierno, a quienes los acusaron de "mentirosos".

La madre de Merlín Elizabeth Rodríguez, una adolescente que fue encontrada sin vida y semienterrada en el campo algodonero, dijo que el miedo a ser asesinada le ha impedido exigir Justicia a las autoridades.

"Yo nunca voy a este tipo de eventos porque me da miedo que me pase lo que le ha pasado a las activistas. Esta es la primera vez que vengo con una fotografía de mi hija a pedir Justicia", manifestó.

El memorial, que tuvo un costo de 16 millones de pesos, rescata las siete cruces de color rosa que fueron puestas en el campo algodonero unas semanas después del hallazgo de los cadáveres.

Las cruces están acompañadas por arreglos florales, mientras que los nombres de las víctimas, así como sus fotografías, fueron colocados en los muros que rodean el lugar.

Los familiares de las jóvenes del "Campo Algodonero" decidieron no acudir al acto porque consideran que el memorial "está inconcluso", además de que la disculpa del Estado debía ser emitida por un funcionario de mayor jerarquía, dijo la abogada Karla Micheel Salas.

Salas, quien junto a su colega David Peña presentó el caso ante la CIDH en 2007, explicó que en febrero pasado acordaron con el Gobierno incorporar en el memorial el nombre de las víctimas de feminicidio en Juárez, al menos 500 entre 1993 y 2006.

Además de las placas con los nombres, debía incluir un parque y un espacio "para recuperar la verdad histórica de los hechos, que ya fue reconocida por la sentencia de la CIDH", apuntó la abogada, quien destacó que el acto de hoy no cumplió con lo ordenado por ese tribunal.

"De los 13 resolutivos de la CIDH, el Gobierno mexicano solo ha cumplido cabalmente uno de ellos, que es el de la indemnización", aseveró.

En su sentencia, el tribunal ordenó reiniciar las investigaciones, castigar a funcionarios sospechosos de cometer "irregularidades" en las pesquisas e indagar supuestos hostigamientos a familiares de las víctimas.

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