miércoles, junio 01, 2011

Argentina: Un servicio “invisibilizado”...

Informe: Leonardo Rossi / Página 12
Un informe presentado ayer en la Legislatura porteña revela que en la Ciudad de Buenos Aires, pese a que la ley habilita consejerías pre y post aborto en centros de salud públicos, en pocos lugares se cumple con el programa.

“El 62 por ciento de las mujeres adultas y la mitad de las adolescentes prefieren no acudir a los servicios de salud cuando buscan atención por aborto, por miedo a la represalia del médico.” El dato se desprende del cuarto informe sobre la línea telefónica que brinda asistencia sobre anticoncepción y aborto seguro, a cargo de la ONG Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto. La organización dio a conocer ayer en la Legislatura porteña el relevamiento correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires donde, aseguraron, a pesar de contar por ley con consejerías pre y pos aborto en centros de salud públicos, estos “son invisibilizados por la gestión de Mauricio Macri”. Por otra parte, se evidenció la necesidad de implementar en forma eficaz la ley de Educación Sexual ya que, por ejemplo, “la mitad de las adolescentes que consultaron la línea manifestaron no tener información previa sobre aborto seguro y un cuarto había accedido a información errónea”.

En el Día de la Acción por la Salud de las Mujeres, la ONG se despachó con un consistente informe sobre la tarea realizada en los últimos 22 meses, desde que comenzó a funcionar el servicio, disponible para todo el país. “Llamar a la línea 15-6664-7070 es una política de salud que las mujeres se dan a sí mismas, ante la ausencia del Estado”, arremetió Verónica Marzano, vocera de la organización. Acto seguido, pidió a la sociedad: “Saquemos este tema del closet”.



A entender de la vocera, las 2785 personas que, en estos 22 meses, llamaron desde la Ciudad de Buenos Aires a línea, “cuentan con una ventaja sobre las del resto del país” y es que existen consejerías pre y pos aborto garantizadas por ley a las que pueden asistir en los centros de salud. No obstante, dijo que “hay una política gubernamental de presión sobre trabajadores de la salud y de la educación para que no se las dé a conocer. La consejería es legal y clandestina” a la vez.

Marzano explicó que “sólo el 10 por ciento de los Centros de Salud (Cesac) brindan el servicio de consejería avalado por todo el equipo profesional” y en un 23 por ciento “funciona el programa, pero es obstaculizado por las direcciones y otros colegas”. En los hospitales, solo “en un 12 por ciento la consejería se realiza en forma sistemática”.

Otro eje de la conferencia pasó por remarcar la imperiosa necesidad de que se aplique la Ley de Educación Sexual de la ciudad. En ese sentido, Marzano planteó que “si las mujeres se practican un promedio de dos abortos a lo largo de su vida, no puede no hablarse del tema en las escuelas”. La vocera de la ONG sostuvo su posición con datos surgidos de las llamadas hechas por adolescentes: “A pesar de que 77 por ciento dijo usar métodos anticonceptivos, la mitad no tenía información sobre aborto seguro y el 23 por ciento había accedido a información errónea”. Y agregó que de las chicas que utilizan el sistema público de salud, sólo un “25 por ciento accedió a las consejerías” y obtuvo una solución efectiva. Mientras que el 50 por ciento prefiere no usar esa vía por miedo a que el profesional la estigmatice.

Un lugar destacado se dio a la importancia de que el Estado facilite el acceso al Misoprostol, un medicamento que, administrado en forma local, produce la interrupción del embarazo. “Según la Organización Mundial de la Salud, es barato de producir y seguro para utilizar en las casas. Se puede usar hasta la semana 12 de embarazo”, apuntó Marzano, quien definió el producto como “tecnología popular de aborto seguro”. A eso añadió que es importante avanzar en la “producción pública del medicamento y en su entrega gratuita en farmacias sociales, Cesacs y hospitales”. En torno de esto, la presidenta de la Comisión de Mujer, Diana Maffía (Coalición Cívica), analizó: “El Misoprostol cuesta 400 pesos y un aborto clandestino entre 3000 y 4000 pesos. Todo lo que el hospital público no brinda, es lucro en el mercado negro”.

Participaron los legisladores María Elena Naddeo (Diálogo por Buenos Aires), Rafeal Gentili (Proyecto Sur) y Francisco Nenna (Encuentro Popular para la Victoria). Asimismo, disertaron Jimena Gallo, del Programa de Retención de Alumnas Madres del Ministerio de Educación porteño, y Viviana Mazur, de la Asociación Metropolitana de Médicos Generalistas.

Marzano pidió “que se avance en una campaña de difusión masiva sobre aborto seguro y acceso al Misoprostol, que se cree una línea 0800 (gratuita) para prevenir y reducir daños en torno del aborto y que se extiendan las consejerías a todo el nivel primario de la salud”.



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