Perú: Mujeres de las comunidades nativas exigen sus derechos

Julia Vicuña Yacarine
SEMlac.- "Existe gran desconocimiento de nuestra realidad por parte de las autoridades, por eso les pedimos que visiten nuestras comunidades, conversen con nosotras, con nuestros líderes y conozcan en directo los problemas económicos, de salud y educación que enfrentamos día a día", reclamó Andrea Campos Jari, dirigente de la Federación Regional de Mujeres Ashaninkas, Nomatsiguengas y Kakintes (Fremank).

Campos, junto a medio centenar de lideresas amazónicas, ataviadas con sus trajes típicos y acompañadas por sus hijos e hijas pequeñas y los líderes de sus comunidades, llegaron a la capital peruana desde la selva central del Perú para participar en la Audiencia Pública: "Situación de las Mujeres Indígenas Amazónicas y Propuestas de Cambios Elaboradas por las Mujeres", que se llevó a cabo en el Congreso de la República.

Mujeres Ashaninkas y Nomatsiguengas de la Selva Central, mujeres Awajun del Alto Marañón, representantes de poblaciones históricamente excluidas del ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, explicaron por qué el territorio es un elemento fundamental para ellas y sus comunidades y demandaron una adecuada aplicación de las normas nacionales e internacionales, principalmente el Convenio 169 de la OIT.

El Congreso Peruano suscribió y ratificó el 2 de diciembre de 1993 el Convenio 169, cuyos principios básicos son respeto y participación de las comunidades nativas; respeto al territorio, a la vida, a la salud, a la cultura, a la religión, a su organización político social, económica e identidad propia; y participación en las decisiones estatales que los afecten directamente y participación en la vida política y económica nacional.

Educación que no llega

En la sede del Poder Legislativo peruano, las lideresas amazónicas señalaron que la falta de acceso a la educación es otro problema gravitante en la Amazonía peruana, donde la tasa de analfabetismo femenino fluctúa entre 76,3 por ciento, en el caso de la población Nomatsiguenga, 54,2 en la Ashaninka, 38,4 en la Kakinte y 73,9 en el caso de la Awajun, situación que se agrava por las grandes debilidades del sistema educativo nacional.

"Nosotras siempre hemos sido excluidas y discriminadas, tenemos derecho a una atención intercultural bilingüe como lo establece el convenio 169 de la OIT, pero los profesores, en su mayoría, solo hablan castellano", denunció en la Audiencia Pública Maritza Casancho Rodríguez, comunera del sector Casancho de la Comunidad San Ramón de Pangoa, ubicada en el sureste del departamento de Junín.

Por su parte, Campos, de la Fremank, denunció que en las escuelas de su comunidad, Betania, ubicada en el distrito de Rio Tambo, provincia de Satipo, también en Junín, muchos profesores no son bilingües. "Solo enseñan en español y ese es un problema, porque desconocen que las comunidades nativas tenemos derecho a una educación intercultural bilingüe", precisó.

Las mujeres demandaron la implementación de una educación intercultural bilingüe que ponga fin al racismo y exclusión que siguen caracterizando al país y la realización de campañas de alfabetización para las mujeres adultas en las comunidades, en coordinación con los sectores de Educación, Salud y el Ministerio de la Mujer, entre otras acciones.

El abandono en el que viven las comunidades nativas también se expresa en los sistemas de salud. Menos de la mitad (49,9%) de comunidades indígenas cuenta con algún tipo de establecimiento de salud y sólo el 45,5 por ciento posee botiquines adecuados para atender emergencias. La mitad de las muertes ocurren antes de los 42 años, 20 años menos de vida en relación con el promedio nacional.

"Nunca hemos tenido una atención con calidad. Los servidores de salud desconocen el convenio 169 de la OIT que establece que las comunidades nativas tenemos derecho a una atención intercultural bilingüe. Es necesaria la presencia de traductores en las postas y hospitales, para atender adecuadamente a la población indígena que no habla español", reclamó Casancho.

Para enfrentar esta dramática situación exigen el incremento de recursos de Salud para las comunidades indígenas, campañas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos, la incorporación de la medicina tradicional dentro del sistema de salud, la sensibilización y capacitación del personal de salud para brindar una atención con calidad y calidez en el marco del convenio 169 de la OIT.

Las mujeres amazónicas también denunciaron que son víctimas de violencia y demandaron la capacitación y sensibilización de sus comunidades para enfrentarla.

"Pedimos la capacitación de toda la comunidad: mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños sobre los derechos de las mujeres y el grave problema que significa la violencia", reclamó Claudia Alegría Potsoteni, secretaria de economía de la FREMANK y miembro de la Comunidad San Miguel de Otica.

En el caso de las autoridades y los jefes de las comunidades nativas, señaló que además de "ser sensibilizados, deben ser capacitados sobre las leyes y acuerdos nacionales e internacionales para que puedan aplicar bien la justicia. Nosotras no luchamos en contra de nuestros compañeros hombres, lo que queremos es igualdad de oportunidades", explicó la dirigente amazónica.

Entre enero y octubre de 2010, según el Centro de Emergencia Mujer de Satipo, fueron atendidos 314 casos de violencia familiar y sexual y lo más grave es que los funcionarios encargados de este servicio no conocen los idiomas nativos, a lo que se suma que los enfoques de atención no incorporan la diversidad y la cosmovisión de la mujer amazónica sobre la violencia y la injusticia.

Reparación para víctimas de violencia política

Sobre los efectos del conflicto armado que sacudió este país entre la década de los ochenta y 2000, tema del cual se habla poco, Jonatan Sharete Quinchoker, presidente de la Organización Campa Ashaninka del río Ene, expresó su preocupación por las víctimas de la violencia política y exigió que sean beneficiarias del Plan Integral de Reparaciones.

"Durante la década de los ochenta los terroristas llegaron a nuestra comunidad y se llevaron a muchos jóvenes causando gran dolor a las madres que sufrieron por su partida. Nosotros no queremos violencia, pero ahora el narcotráfico es un gran problema para nosotros porque crece día a día. Las mujeres indígenas temen por sus hijos, porque pueden ser captados o secuestrados para que trabajen en los cultivos de coca", explicó.

En plena selva central, en la zona del VRAE (siglas de Valle del río Apurímac y Ene), colindante con los territorios asháninkas, subsisten los últimos baluartes de Sendero Luminoso (organización terrorista que se enfrentó al estado peruano en la década de los ochenta) en alianza con grupos de narcotraficantes.

Se estima que en la zona existen unas 17.000 hectáreas de hoja de coca que arrojan una producción anual de 160 toneladas de cocaína, según la Oficina Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Onudd).

Por su parte, David Juan Chanqueti Chumpate, jefe de la Comunidad alto Kiatari, ubicada en el distrito de Pangoa, provincia de Satipo, señaló que el gobierno de turno no presta atención a las comunidades indígenas del país; sin embargo, "me siento contento porque por primera vez hay una reunión interétnica en el Congreso de la República para presentar las propuestas de las mujeres".

Las lideresas entregaron la agenda de propuestas, elaborada de manera conjunta entre las instituciones que las agrupan, al congresista Washington Zeballos Gámez , presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso.

La audiencia pública se desarrolló el 29 de abril, en el marco del Proyecto "Acciones para Promover el ejercicio de los Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas Amazónicas en la Provincia de Satipo (Junín)", implementado por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán con el apoyo de la Cruz Roja Española.