ALEJANDRA LAPREA / LA ARAÑA FEMINISTAalejalaprea@gmail.com
Se aprobó la agenda legislativa para este primer período de sesiones de la Asamblea Nacional (AN) y esto supone un doble reto para las organizaciones feministas y de mujeres. Por un lado, tenemos el compromiso con el país de hacer efectiva la mesa asesora en materia de gé nero y sexo-género-diversidad a la Presidencia de la AN y por otro, en la agenda están contempladas las leyes del Trabajo, Seguridad Social y el Código Penal. Tres bastiones históricos de la lucha de las mujeres venezolanas.
La mesa asesora se instaló el pasado 10 de marzo, luego de una gran marcha por el centro de la ciudad en la que fueron recibidas más de 500 mujeres y hombres por el camarada Soto Rojas y la camarada Blanca Eekhout.
El principal trabajo de esta mesa es garantizar que cada una de estas leyes sea revisada por las mujeres organizadas, transversalizando una visión de género, feminista, socialista e inclusiva.
A finales del 2010 se presentaron 33 artículos para la reforma de la Ley del Trabajo, artículos que persiguen adecuar esta ley a leyes como la Ley de Protección de la Lactancia Materna y el Derecho a una Vida Libre de Violencia. Allí, ofrecemos una visión revolucionaria del trabajo y las condiciones de equidad que debe tener.
La Seguridad Social es otro de los temas que se ha tratado con especial énfasis, pues si nuestra constitución reconoce que el trabajo del hogar es una actividad económica que crea valor agregado, produce riqueza y bienestar social y si todas las mujeres somos trabajadoras, entonces, debemos gozar de derechos laborales y de seguridad social como cualquier trabajador o trabajadora con remuneración formal.
También se persigue proteger a todas las mujeres que se ven obligadas a tener trabajos fuera del sistema formal, es decir, jornaleras, cocineras, asistentes domésticas, cuidadoras por horas, entre muchas otras.
El Código Penal es un punto aparte, son muchas las propuestas que impulsamos, sin embargo, hago mención en particular a la importancia de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Como reza la consigna “Las ricas abortan en clínicas privadas, las pobres mueren desangradas”, una realidad que condena a un gran número de venezolanas pobres a morir por ejercer el derecho a decidir sobre su cuerpo.
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