México: Niñas y niños víctimas de la violencia

Alicia Yolanda Reyes

(Especial de SEMlac).- Cuando Evelyn y Betsabel, de ocho y 12 años, respectivamente, salieron de la casa de su abuela junto a su hermana menor para comprar unos refrescos en una tiendita cercana, no pensaron que ese sería el último día de sus cortas vidas.

Cuando las menores se retiraban del establecimiento fueron alcanzadas por una ráfaga de balas que las privó de la vida. La pequeñita que las acompañaba, tal vez por su corta estatura, resultó ilesa. Sin embargo, será difícil que pueda borrar este episodio de su mente.

Las niñas fueron víctimas de lo que Felipe Calderón, presidente de México, ha dado en llamar 'daños colaterales de la lucha contra el narcotráfico'.

Las autoridades de Jalisco aseveran que las menores murieron por el fuego cruzado entre dos bandas rivales de narcomenudistas, nombre con el que se conoce a las personas que se dedican a distribuir droga en pequeña escala. Las tiendas de abarrotes, los pequeños puestos que se instalan afuera de las escuelas de educación primaria, media y superior, son espacios en los que se sabe se vende droga a menores de edad.

Además de las niñas, fueron heridos otros civiles que pasaban por el lugar, como Karla, de 17 años, quien se dirigía a su casa después de salir del trabajo.

La zona donde ocurrieron estos hechos es de extracción media baja y, según las autoridades, se encuentra dentro de las 10 colonias de Guadalajara consideradas inseguras por la violencia que se vive en ellas.

Pandillas juveniles, narcomenudistas y otros delincuentes conviven entre sus habitantes. Sin embargo, al decir de los vecinos, los policías que se supone deberían resguardar el lugar, no hacen nada para proteger a sus habitantes.

Tan solo en 2011 se registraron en el Estado de Jalisco más de 30 ejecuciones, pero las pequeñas no cuentan en esa cifra, porque ellas no eran el blanco de los delincuentes.

El gobernador del Estado, Emilio González Márquez, de quien se dice aspira a ocupar la presidencia del país y a quien se le cuestiona su poca atención a los problemas que enfrenta la región, se refirió a las ejecuciones como "actos entre personas del crimen organizado", y se dijo preocupado porque ciudadanos inocentes se vean afectados.

La tienda donde ocurrieron los hechos pertenece a la familia de un político de Guadalajara que labora en el Ayuntamiento Tapatío, pero él asegura estar ajeno a los hechos y asevera que fue circunstancial que las personas contra quienes iba dirigida la acción violenta se encontraran en el establecimiento.

Por su parte, David Coronado, jefe del Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de La Universidad de Guadalajara, afirma que no se puede calcular con exactitud el número de víctimas inocentes en la lucha contra la delincuencia.

Indica que hasta hace algunos años se tenía la certeza de que la delincuencia organizada solo se castigaba entre sí y con mucho tino. A la sociedad civil no la tocaban; sin embargo, las cosas han cambiado y ahora cualquiera está en riesgo, sentencia Coronado.

El especialista en temas de violencia opina que el número de víctimas inocentes es cada vez más alarmante: "Son indicadores de que todos nos encontramos en un tobogán de riesgo e incertidumbre", afirma.

En su opinión, la estrategia elegida por el Estado ha sido equivocada, por lo que habría que buscar otra más adecuada que permita definir a los protagonistas de la lucha.

En tanto, la población, a través de varias redes sociales como Facebook, mostró su indignación porque sean los miembros de las clases más desprotegidas quienes resulten afectados por esta lucha, que parece no tener fin.

Uno de los mensajes decía: "Será necesario que los hijos o la familia cercana de Calderón o de González Márquez resulten afectados para que se cambie de estrategia y se deje de seguir masacrando a población inocente".

Los llamados daños colaterales no son más que una consecuencia directa e inmediata de la falta de capacidad de las autoridades para poder articular políticas públicas coherentes, aseveró Francisco Javier Flores, académico de la división de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara.

Flores advirtió que el narcotráfico es solo una de las ramas del delito que no están combatiendo, como el tráfico de seres humanos, de migrantes, la explotación sexual, tráfico de armas, corrupción soborno, fraude, falsificación de dinero, de documentos, piratería, secuestros, entre otros.

Ante tales hechos, los familiares de las víctimas lo único que escuchan de las autoridades es que no es culpa de ellos, y los dejan indefensos, por no existir instancia legal alguna que les pueda apoyar.

La guerra contra el narcotráfico dejó en Jalisco 479 ejecuciones en 2010, lo que representa un incremento del cien por ciento en relación a 2009, cuando se registraron 230 muertes.

De acuerdo con la página de la Procuraduría General de la República, en Jalisco se reportaron 942 ejecuciones entre diciembre de 2006 a 2010.

Los homicidios dolosos también se incrementaron. De acuerdo con la Procuraduría Estatal de Justicia, en el 2008 se perpetraron 463, pero al año siguiente la cifra ascendió a 573 y en 2010 creció hasta 888, lo que representa un 35,32 por ciento con respecto al año anterior.

A nivel nacional, 2010 cerró con 15.273 crímenes relacionados con la delincuencia organizada, informó el vocero de la lucha anticrimen del gobierno Federal, Alejandro Poiret.

El funcionario detalló que desde diciembre de 2006 al cierre de 2010 se contabilizaron 34.612 crímenes relacionados con el narcotráfico, de los cuales 30.913 son ejecuciones, 3.153 productos de enfrentamientos y 544 se clasifican como homicidios-agresiones.

Asimismo, destacó que el mayor número se concentra en Chihuahua, Sinaloa y Tamaulipas, localidades donde se han realizado despliegues militares. Es el año, dijo, con mayor cantidad de crímenes vinculados al narcotráfico.

Los feminicidios también se incrementaron en la entidad y, tan solo en 2010, 81 mujeres fueron víctimas de la violencia intrafamiliar, lo que representa un doloroso récord, con 40 por ciento más respecto al año anterior.

Un altar con veladoras, flores y pertenencias de quienes fueron asesinadas se observó recientemente en la Plaza de Armas, ubicada frente al Palacio de Gobierno de la capital tapatía. Hasta ahí llegaron cientos de manifestantes, mujeres en su mayoría, convocados por el colectivo "Queremos seguir vivas", que agrupa a diversas organizaciones de la sociedad civil, como Agenda Feminista y Cladem.

Los transeúntes que se acercaban al ver los altares y prendas femeninas preguntaban si era por la muerta de Ciudad Juárez y quedaban sorprendidos cuando se les informaba que en Jalisco la violencia intrafamiliar ha cobrado mayor número de víctimas que en esa ciudad fronteriza.