México: Avalancha contra derechos reproductivos

Sara Lovera

(Especial de SEMlac).- Sobre la cabeza de las mexicanas pende "una espada de Damocles" que atenta contra sus derechos sexuales y reproductivos, denunció a SEMlac Julia Escalante, integrante de la campaña por el Derecho a Decidir y del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres.

Escalante informó que el partido gobernante, Acción Nacional (PAN) está dando pasos legales para restringir definitivamente el aborto legal que en el país tiene una tradición de más de 60 años, al proponer un paquete de cuatro disposiciones legales en el Congreso de la Unión, violatorias a la tradición laica y liberal de la nación, y que complementan las modificaciones constitucionales en 18 entidades, donde se ha declarado el reconocimiento del feto como si se tratara de un humano nacido.

Estas disposiciones, que aún constituyen iniciativas sin resolver, son: la objeción de conciencia del personal de salud para no atender abortos incompletos e inducidos,; modificar la ley de salud para incluir un letrero en los paquetes de condones que diga que éstos son lesivos a la salud,; la prohibición de esta práctica en la iniciativa de una maternidad subrogada, y una iniciativa para modificar la Constitución general del país con el propósito de otorgar derechos civiles al feto, como si se tratara de una persona.

Se trata, dijo la activista, de una avalancha jurídica que está ganando terreno y justifica la persecución y encarcelamiento de mujeres por la sola sospecha de haber interrumpido su embarazo.

La situación se agudizó en los últimos días cuando en Guadalajara, Jalisco, en el occidente del país, un conjunto de organizaciones ciudadanas pretendió constituirse en una agrupación política "antiaborto" denominada "Por la vida, la esperanza y la renovación en México".

Está encabezada por Daniel Gallegos Mayorga, quien también es promotor de la iniciativa para modificar la Constitución local que protege la vida desde la concepción y que está avalada por el gobierno de Jalisco.

Mujeres encarceladas

Las mujeres del Pacto contabilizaron, en el último año, al menos 100 casos de procesadas en los tribunales del país no por aborto, sino por la figura de homicidio calificado en grado de parentesco: 30 en el estado de Puebla, 31 en Hidalgo, 15 en Guanajuato, 10 en Veracruz, algunas en Sinaloa, Baja California y el Estado de México.

El último caso es el de Lesly Karina Díaz Zamora, de 21 años, condenada a 23 años de cárcel por el Juez Cuarto de lo Penal en Baja California, el pasado 20 de enero, quien la encontró culpable del delito de homicidio agravado por razón de parentesco, argumentando que se practicó una interrupción de embarazo, cuando se trató de un aborto espontáneo.

Las integrantes del Pacto, unas 350 mujeres de todo el país que celebrarán su segunda reunión nacional los primeros días de febrero en la ciudad de Xalapa en el estado de Veracruz, también denuncian que las disposiciones tienden a prohibir el uso de anticonceptivos, restringir la anticoncepción de emergencia y violentar el derecho a decidir, previsto y convalidado en los acuerdos y convenciones internacionales que el Estado Mexicano ha firmado.

No obstante, mientras los sectores conservadores avanzan en sus propósitos de penalizar, castigar y perseguir el aborto legal —instituido en los Códigos Penales como excepciones del delito de aborto desde los años 30 del siglo pasado y ampliadas en la década de los setenta— las activistas mantienen desde hace 13 meses una movilización permanente de denuncia y oposición, a través del Pacto, y se aprestan a llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La andanada conservadora, que Escalante califica de campaña discriminatoria contra las mujeres y que puede considerarse violencia institucional, podría constituirse en una controversia constitucional, toda vez que las mujeres aglutinadas en el Pacto han promovido una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, levantado más de 2.000 amparos contra esas acciones y se aprestan a crear nuevas estrategias, debido a que, según reportes de la organización IPAS México, en el país murieron en la última década 1.786 mujeres por aborto, la cuarta causa de muerte materna.

Los estudios indican que el 6,7 por ciento de las mexicanas estuvieron hospitalizadas por interrupción de embarazo en los últimos 10 años y que las mujeres que acuden a un aborto son católicas, casadas y ponen en peligro su vida por practicarse un aborto inseguro. Siete por ciento de las fallecidas tiene menos de 20 años y se sabe que las hospitalizadas con efectos colaterales a su salud, son mayoritariamente pobres y de los estados sureños.

La estadística señala que el 65 por ciento de las que van a los centros hospitalarios en condiciones graves, no tienen seguridad social y acuden a los hospitales públicos que administra la Secretaría de Salud. Muchas de las que han muerto tienen entre 20 y 35 años, es decir en la plenitud de la vida y dejando huérfanos a un número indeterminado de menores.

La directora de IPAS México, Raffaella Schiavo, sostiene que la iniciativa que pretende modificar la ley de Salud respecto a los condones, agravaría el peligro del avance del VIH/sida, y explicó que la letalidad del aborto afecta principalmente a siete zonas geográficas de mayor pobreza como son los estados de Guerrero, Chiapas, Estado de México, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

También incluye al Distrito Federal debido a que las mujeres en situación de alto riesgo, que acuden a los hospitales de la capital del país, provienen de otros estados de la República.

Lo grave es que los cambios constitucionales y otras modificaciones, como la efectuada en el Estado de Morelos —donde se reformó también el Código de Procedimientos Penales, profundizando la penalización del aborto— da armas a los médicos para denunciar a las mujeres. Tal es el caso de las 31 procesadas en el estado de Hidalgo, donde se descubrió que la mayor parte de las encarceladas fueron denunciadas por el personal de salud.

En Veracruz, explicó a SEMlac la activista Karina Soto, se detuvo el cambio constitucional y se logró definir en la ley que las mujeres no irán a la cárcel. Sin embargo, la norma estableció que las mujeres que abortan necesitan tratamiento psiquiátrico por no responder a "su naturaleza", lo que equivale a decir que quien transgreda el papel social femenino de la maternidad "está loca".

Los congresos han avanzado en las leyes antiaborto porque hombres y mujeres de distintos partidos las avalan y quienes no lo hacen están en absoluta minoría.

Por ello las integrantes del Pacto, explicó Escalante, tratan de informar a los congresos locales, hacen negociaciones con diputadas y diputados, y acuden con frecuencia a las propias estadísticas oficiales para demostrar que mantener al aborto como un delito propicia la clandestinidad y pone en riesgo la vida de muchas mujeres, lo que convierte a la prohibición en un atentado a los derechos humanos.

No obstante que en la capital del país el aborto es permitido legalmente hasta las 12 semanas de gestación, su práctica clandestina en el resto del país, donde vive 80 por ciento de la población, mantiene en riesgo a la mayoría de las mexicanas que ahora ven profundizada la amenaza a sus derechos.

Las movilizaciones frenaron los cambios constitucionales en el estado de Michoacán, en Chiapas, donde se aprobó pero el gobernador de esa entidad no los ha publicado aún, y en Veracruz, donde se logró que no se encarcelen a más mujeres; sin embargo, son muy pocos cuando se mira la actividad conservadora que está abriendo varios frentes al mismo tiempo, dijo Escalante.

Es decir, se proponen iniciativas en la cámara de Diputados, otras en el Senado, se presiona a los congresos estatales, se abre la puerta a la iniciativa en Jalisco para crear esa asociación política "antiaborto" y se propicia una percepción simbólica de que no pueden practicarse los abortos legales y seguros en ninguna parte y ni siquiera por violación, cuando en México la violencia sexual es muy frecuente.

Pero además, dijo, en los procesos electorales se están construyendo alianzas políticas entre los partidos de "izquierda", antiguos aliados y el partido gobernante Acción Nacional, con el pretexto político de no permitir el regreso del antiguo partido de estado, PRI, con miras a la renovación presidencial de 2012, sin importar los derechos de las mujeres.