AbortoterapeuticochileEn Chile se ha instalado con fuerza el debate sobre la reposición del aborto terapéutico, a partir del testimonio de una periodista afectada por un embarazo con feto inviable, quien se vio imposibilitada de abortar. Su franco reclamo, escuchado en la televisión por millones de personas, ha abierto a la discusión pública un tema tradicionalmente silenciado e incluso vetado en los debates nacionales. Otras mujeres en condiciones similares ya han comenzado a dar testimonios conmovedores.
A raíz de ello se han presentado dos proyectos de ley sobre aborto terapéutico que se suman a propuestas anteriores; y que avanzan en el sentido de reponer un derecho que fue cercenado por la dictadura militar. El gobierno de Sebastián Piñera, sin embargo, ya ha anunciado que no respaldará ninguna legislación en este sentido, demostrando con claridad su total irrespeto con la vida, la salud y los derechos de las mujeres.
Efectivamente, el aborto terapéutico estuvo vigente en el país desde el año 1931 hasta 1989, cuando fue derogado por el régimen dictatorial de Pinochet, en directa connivencia con la jerarquía de la iglesia católica. De regreso a la democracia, ningún gobierno se ha comprometido a saldar esta deuda histórica con los derechos humanos de las mujeres.
Por lo tanto, sostenemos que en Chile los derechos humanos de las mujeres en sexualidad y reproducción no son reconocidos, respetados ni protegidos, y que el Estado es responsable directo de esta grave omisión, siendo la penalización absoluta del aborto, incluso del terapéutico, la prueba más palpable de ello. Esto significa que si una mujer corre riesgo de vida y de salud por la gestación, si esta es producto de violación, o si el feto presenta gravísimas malformaciones, se verá impedida de solicitar una interrupción segura y legal del embarazo, y si decide no continuarlo, deberá acudir al mercado ilícito del aborto clandestino. Esta imposición de la institucionalidad del Estado respecto de lo que pueden o no pueden hacer las mujeres con sus vidas y sus cuerpos, es inaceptable y transgrede los principios éticos de autodeterminación y autonomía a los que todo ser humano debe tener derecho.
Anualmente, entre 120.000 y 160.000 mujeres de distintas edades y condición social se realizan abortos clandestinos en el país, la mayoría de ellos insalubres, a manos de personas no capacitadas, corriendo el riesgo de ser denunciadas, encarceladas, maltratadas, e incluso de morir a causa de estos procedimientos riesgosos, o quedar con secuelas irreversibles, como la infertilidad. Por el contrario, las mujeres con recursos suficientes acceden a abortos seguros, aunque clandestinos, en clínicas con buena calidad de atención, y no son condenadas penal ni socialmente por su decisión, lo que hace visible la existencia de un vergonzoso doble estándar social.
Por lo tanto, la penalización total del aborto en Chile constituye un grave problema de salud pública, pero también de derechos humanos y de justicia social, pues son las mujeres pobres quienes se ven gravemente afectadas por esta legislación punitiva, la que constituye una forma explícita de discriminación, inequidad, violencia y tortura que la institucionalidad del Estado impone sobre ellas, con el apoyo activo de entidades como la Iglesia Católica y otras. Esto contraviene el espíritu de diversos tratados de derechos humanos ratificados por Chile, como la Declaración Universal de DDHH, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros, que lo obligan a cautelar y proteger una serie de derechos humanos de las mujeres. Ante ello, diversos Comités de la ONU han solicitado reiteradamente al Estado chileno reparar esta situación, sin obtener respuestas satisfactorias.
Una maternidad no debe ser impuesta por mandatos culturales o religiosos ni por leyes castigadoras que, en la práctica, constituyen un gran fracaso legislativo. De hecho Chile es uno de los países con mayores tasas de aborto en nuestra región latinoamericana y caribeña. Frente a ello, llamamos a la sociedad en su conjunto, y a todos los movimientos sociales que defienden los derechos humanos en el país, la región y en el mundo, a unirse solidariamente con una campaña ciudadana para exigir al Estado chileno la inmediata revisión de la legislación punitiva sobre el aborto, así como también para que cesen las persecuciones de las mujeres que abortan, quienes a menudo son delatadas en los mismos servicios de salud, convertidos en agentes de la persecución penal del Estado.
Santiago, 23 de diciembre, 2010.
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