Las mafias controlan más de 4.000 locales y mueven 18.000 millones de euros al año
España es uno de los principales países escogidos por las mafias de la trata de seres humanos para instalarse. En nuestro país ya controlan más de 4.000 prostíbulos, que mueven más de 18.000 millones de euros al año. Las cifras de mujeres explotadas son preocupantes: la Policía estima que más de 300.000 son obligadas a prostituirse. Según la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp), el 90 por ciento son extranjeras, la mitad procede de América Latina (Colombia, Paraguay, República Dominicana y Brasil) y una tercera parte de Europa (Rumanía, Bulgaria y Albania y Polonia). El resto son africanas (Nigeria, Ghana y Sierra Leona).
Ofertas falsas de empleo
Las víctimas de estas redes suelen ser mujeres de 18 a 32 años (aunque cada vez hay más casos de menores de edad), con escasos recursos económicos, desempleadas, con bajos niveles educativos y dificultades para emigrar. De ello se aprovechan estas mafias, que acuden a sus lugares de origen y utilizan los medios de comunicación, agencias de viajes, matrimoniales o de modelos que trabajan para la organización para ofrecer papeles y trabajo en España, sobre todo en la hostelería y el servicio doméstico. En otros casos, la captación se realiza directamente a través de otras mujeres que ya han ejercido la prostitución en España y que perciben comisiones de la organización por cada nueva víctima que acaba formando parte de la red delictiva.
Normalmente la mafia facilita a las mujeres captadas la financiación del viaje y los documentos para entrar en el país (pasaportes, visados Schengen, cartas de invitación). Las latinoamericanas llegan en avión, en la mayoría de los casos a través del aeropuerto de Barajas. Las europeas se trasladan sobre todo por carretera (furgoneta y autocar) y las africanas lo hacen en autobús o atravesando el estrecho en patera.
Los miembros de la organización esperan a que las víctimas estén en España para comunicarles que todas las gestiones realizadas han generado una deuda que deben saldar trabajando. Esta cantidad inicial, que ronda los 15.000 euros, suele incrementarse de forma arbitraria para complicar el pago y alargar la explotación. Los proxenetas obtienen una media de 110.000 euros por cada de sus víctimas, dinero que nunca llega a parar a manos de ellas. Muchas se niegan a acceder a las pretensiones de la organización que, para conseguir sus objetivos, les quita el dinero, las amenaza con hacer daño a sus familias y no les dan ningún tipo de información del lugar en el que están. Así, se les inculca la idea de que no deben recurrir a la Policía y de que si se encuentran con un agente deben declarar que se prostituyen de forma voluntaria porque, de lo contrario, las enviarían de vuelta a su país.
Las mujeres captadas suelen vivir hacinadas en pisos o chalets, donde son explotadas, maltratadas y vejadas, con constantes palizas y encierros en habitaciones oscuras.
Las mafias se preocupan mucho por mantener a las prostitutas aisladas: no les permiten salir a la calle solas, tratan de que no vean demasiadas veces al mismo cliente para que no puedan recibir información del exterior y las cambian de lugar de trabajo, incluso de provincia, para que no consigan estrechar lazos con nadie.
Ante esta realidad, el Gobierno ha puesto en marcha el Plan Nacional contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual que, en el último año, ha conseguido algunos avances en favor de estas mujeres. Uno de ellos ha sido la inclusión en la Ley de Extranjería de un periodo de reflexión de 30 días para que las víctimas liberadas por las Fuerzas de Seguridad valoren si quieren denunciar a sus explotadores. Otra de las novedades es el incremento de penas (de cinco a ocho años) previstas en la reforma del Código Penal que prepara el Ejecutivo.
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