IPC / América Latina en MovimientoSegún datos de Medicina Legal, en Medellín han sido asesinadas un total de 28 mujeres durante el primer trimestre de este año, 11 más que las registradas en el mismo periodo del año anterior.
Si bien la cifra representa el 5% del total de homicidios ocurridos en la capital antioqueña, entre defensores de derechos humanos existe gran preocupación por cuanto las víctimas son en su mayoría jóvenes y además, sus muertes dejan entrever que las bandas delincuenciales que libran férreas disputas armadas por el control de los barrios de la ciudad están utilizando el cuerpo de la mujer como botín de guerra para demostrar poder y supremacía frente a sus enemigos.
Casos conocidos recientemente, como el de una jovencita cuyo cuerpo fue hallado sin vida y con signos de violencia sexual a la altura de la carrera 57 con calle 83, el pasado 14 de abril, apuntan en esa dirección. Si bien las autoridades judiciales aún no entregan pistas que permitan esclarecer el crimen, versiones conocidas por la Agencia de Prensa IPC apuntan a que se trató de una vendetta entre combos del sector de Moravia que se cobró con la vida de la adolescente.
Pero todo parece indicar que este no es el único caso donde las bandas de delincuencia organizada que operan en los barrios están recurriendo a todo tipo de violencia contra la mujer como mecanismo de retaliación, control y disputa armada.
Donde se pudo observar con mayor claridad este fenómeno fue en el sector conocido como La Silla, comuna 1 de la ciudad. Desde finales del año anterior y en buena parte de lo que va corrido de 2010, este populoso sector ha sido objeto de fuertes confrontaciones entre los combos conocidos como La Galera y La Silla, disputas de las que no han salido bien libradas las mujeres.
Entre noviembre y diciembre de 2009, la Unidad Permanente para los Derechos Humanos (Updh) de la Personería de Medellín conoció cerca de 10 casos de violaciones sexuales cometidas tanto por integrantes de La Galera contra mujeres que habitaban en el sector de La Silla como a la inversa. A pesar de la gravedad de la situación, sólo una de las víctimas interpuso acción penal en Fiscalía.
Si bien cifras oficiales muestran que las denuncias por violencia sexual han disminuido en este primer trimestre, al pasar de 225 a 187, activistas de género consideran que existe un gran subregistro frente a los delitos sexuales cometidos por estos grupos en los barrios. De otro lado, la Unidad Permanente para los Derechos Humanos (Updh) de la Personería de Medellín ha podido determinar que éste se ha convertido en motivo de desplazamiento forzado intraurbano en la ciudad.
Un informe realizado por la Updh señala que de 638 casos de desplazamiento forzado intraurbano documentados y cometidos en 2009, 20 fueron producto de violencia sexual ejercida contra mujeres. En sus declaraciones, las víctimas manifestaban haber sido abusadas sexualmente por integrantes de combos, reinsertados o paramilitares, situación que originó el éxodo forzado.
La documentación señala que las zonas de la ciudad donde la violencia sexual generó desplazamientos fueron la comuna 13, con 9 casos; seguido de la comuna 7, con 3 casos; las comunas 4, 2 y el corregimiento de San Cristóbal, cada una con 2 registros y las comunas 1, 9 y 3, con una declaración cada uno.
Lo que inquieta a funcionarios de esta Agencia del Ministerio Público es que en lo que va corrido del año se han recepcionado alrededor de 15 denuncias de población femenina que ha sido víctima de delitos sexuales y de ellas, unas seis ya han tenido que abandonar sus hogares. De nuevo la comuna 13 figura como la zona donde más se cometen este tipo de abusos, seguido por las comunas 1 y 8, coincidencialmente las que registran mayores índices de homicidios y niveles de confrontación en la cuidad.
Al respecto, la Agencia de Prensa IPC conoció el caso de una joven de 16 años del barrio Caicedo, comuna 8, que en enero de este año fue retenida durante dos días por los integrantes de un combo de barrio Enciso, quienes abusaron sexualmente de ella. Tanto la víctima como su familia debieron abandonar forzosamente el barrio.
Según lo pudo establecer esta Agencia, se han registrado varios casos en la ciudad de este tipo, pero el miedo en que quedan sumidas las familias no ha permitido que se avance en las denuncias respectivas, señalaron fuentes de organizaciones sociales que pidieron no revelar sus nombres ni ahondar en la descripción de los hechos, para salvaguardar la seguridad y la dignidad de las víctimas.
Explicaciones
Análisis realizados por investigadores de la Unidad Permanente para los Derechos Humanos (Updh) de la Personería de Medellín muestran tendencias que rompen con las interpretaciones que históricamente se han entregado sobre los asesinatos en la población femenina.
Una de las primeras características observables en los casos registrados este año es el incremento de muertes violentas en el grupo poblacional que va de los 11 a los 25 años. De los 28 homicidios registrados durante el primer trimestre de este año, 17 se han presentado en este rango de edad, lo que equivale al 60.7% del total de asesinatos de mujeres. Lo anterior contrasta con los registros del año anterior, donde para el mismo periodo se registraron sólo cuatro homicidios en ese rango de edad.
Para los investigadores de la Updh, esto desvirtúa en parte las hipótesis manejadas hasta el año anterior según las cuales, las muertes violentas de mujeres estaban estrechamente ligadas con la violencia intrafamiliar, por cuanto las víctimas de este tipo de violencia se ubican en el rango de edad entre los 35 y 45 años.
“Pero el hecho de que los cuerpos de las víctimas sean hallados fuera de sus casas, en muchos casos, con signos de abuso sexual y sobre todo, que sean jóvenes, permite inferir que las causas de los crímenes están directamente ligados al conflicto”, señaló una investigadora de la Updh.
No obstante, voceros de la Administración Municipal expresan que la explicación tanto de las muertes violentas como de la violencia sexual contra las mujeres reside más en fenómenos propios de la delincuencia común que en el mismo conflicto armado que se vive en varias comunas de la cuidad.
De hecho, un informe elaborado por el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), de la Secretaría de Gobierno de Medellín titulado “Mujeres y Vulnerabilidad” muestra que, en comparación con el último trimestre de 2009, los homicidios de mujeres (y de manera general) han experimentado un descenso, al pasar de 31 a 26 asesinatos.
Allí se detalla que el 42% de los homicidios en la población femenina fueron producto de amenaza delincuencial (ajenas al crimen organizado) y 19% por causas psicoafectivas. En el Informe se destaca que más que los homicidios, hay otro tipo de problemáticas, como los hurtos callejeros, la violencia intrafamiliar y la violencia sexual que afectan sensiblemente a las mujeres.
Sobre este último ítem, Lucas Jaramillo, coordinador del Sisc, señaló que los diagnósticos también evidencian una alta participación de la delincuencia común. “Hay unas historias muy graves, dos o tres casos, de enfrentamientos entre bandas y combos donde se manda un mensaje y se hiere en el honor a la otra banda por cuenta violentar a las compañeras sentimentales o allegadas. Pero en términos estadísticos el fenómeno no lo tenemos diagnosticado así. El victimario, en un porcentaje muy alto, continúa siendo el delincuente común, personas conocidas y familiares”, aseveró Jaramillo.
Sin embargo, para Diana Barajas, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), se debe profundizar aún más en las interpretaciones sobre los homicidios de las mujeres, toda vez que contiene otras connotaciones que no se presentan en los homicidios de hombres.
“Hay una forma diferencial de producir violencia entre hombres y mujeres: hay mayor sevicia, se cometen mayores excesos en el cuerpo de las mujeres que no se ve en los homicidios de los hombres. El hecho que casi todas las mujeres asesinadas son violadas, desmembradas, es un indicativo que se quiere enviar un mensaje simbólico de retaliación por parte de los victimarios, aspecto muy presente en los contextos de confrontación armada” señaló Barajas.
En lo que sí coinciden tanto Secretaría de Gobierno y las organizaciones de género es que se requieren políticas públicas más integrales que permitan reducir los índices de violencia sexual e intrafamiliar.
“No podemos perder el foco de los diagnósticos porque eso nos pone en sintonía con las inversiones en políticas públicas adecuadas. Creemos que con el tema de la victimización de las mujeres, principalmente con las menores de edad, hay que hacer un trabajo más fuerte, sobre todo al interior de las familias y que eso reduciría en parte esta tragedia”, puntualizó el funcionario.
- Agencia de Prensa IPC, Medellín, Colombia - www.ipc.org.co /agenciadeprensa
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