Ante el femicidio de Jennifer Carolina y la indiferencia de las instituciones

Las personas que refrendamos este documento, individualidades, organizaciones sociales de Derechos Humanos y Redes Sociales queremos expresar nuestro más profundo dolor y repudio ante el Femicidio de Carolina Vieira de Valero en manos de Edwin Valero, mejor conocido como el “Inca” Valero, quien se suicidó en la madrugada del 19 de abril. Durante un mes, aproximadamente, la sociedad venezolana y sus Instituciones y las organizaciones presenciaron indolentes, como esta mujer era víctima de una espiral de violencia que culminó la madrugada de este 18 de abril en tan horrendo crimen: fue asesinada por su condición de ser Mujer prácticamente frente a nuestros ojos.

Ella fue dejada en manos del agresor, vulnerable y sin capacidad de gritar o defenderse, sola y por eso no pudo zafarse de quien sabía sería su verdugo y en eso tenemos que señalar de quienes ha sido la responsabilidad ante esta tragedia que nos maltrata a todas y todos.

En este caso el Estado venezolano, una vez más, se muestra complaciente y tolerante ante la violencia doméstica contra las mujeres, por ineficacia de la acción judicial; esto ocurre en el marco de una flagrante violación a la “CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE BELEM DO PARA" suscrita y adoptada por Venezuela en el año 1995. Recordemos que al ser Venezuela suscriptor de esta Convención se hace Estado parte de la misma y por lo tanto está obligado a aplicarla.

El artículo 7 de la mencionada Convención señala: “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo; f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.

El Estado Venezolano representado en el Ministerio Publico y todas las Instituciones, las cual paradójicamente tienen a mujeres en los máximos puestos de poder, como responsables de la aplicación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia (LOMDVLV) y de la garantía de todos los Derechos Humanos, no hicieron más que mirar a otro lado y por lo tanto son responsables por omisión de este crimen. El Sistema de Justicia del Estado Venezolano no actuó con la debida diligencia, no fue justo y eficaz, no dictó y vigiló adecuadamente las medidas de protección que Jennifer Carolina requería.

La Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional de la Mujer, el Ministerio para la Igualdad de Géneros, los Institutos estadales y municipales y la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer así como la Defensorías estadal y municipal correspondiente, cuya obligación es velar por ejercicio efectivo de la protección de las mujeres víctimas de violencia, y de su acceso a la Justicia también son responsables en este caso que durante más de un mes fue del conocimiento público y noticia criminis.

Quienes presionaron para que se levantaran los cargos bajo el argumento que Carolina, su víctima, lo había exculpado, quienes realizaron trabajos especiales y entrevistas para sobreponer la imagen del boxeador, tratando de hacerlo ver como una víctima de su estrato social e incluso de su adicción a las drogas y quienes presionaron para que quedara en libertad con el argumento de llevárselo a Cuba para su rehabilitación, dejándolo a su libre albedrío y a ella en sus manos y bajo su absoluto poder, también son responsables.

Este Femicidio deben ser objeto de averiguaciones exahustivas para que se determinen las responsabilidades y reciban las sanciones pertinentes por su inacción y omisión como representantes del Estado Venezolano y garantes del Derecho a la vida de las mujeres y vivir libres de violencia.

Es un hecho comunicacional público y notorio que Edwin el “Inca” Valero fue una figura representativa del deporte venezolano y mundial, que gozaba de reconocimiento dentro y fuera de nuestras fronteras y que fue colocado como ejemplo para los niños, niñas y futuras generaciones de nuestro país. Razón por la cual se hace insoslayable e imperante que la condena de este caso en todas sus instancias sea ejemplarizante y que a su vez sirva para que la sociedad en su conjunto sepa lo que no puede ni debe ocurrir nunca más. Que ante el asesinato de Jennifer Carolina se haga Justicia pueda de alguna manera ser ejemplo y redimir a las tantas mujeres anónimas que ayer y hoy están viviendo esta tragedia. Un compromiso ético y social para con el futuro de la convivencia en nuestro país que implica un compromiso a su vez de todos los Medios de Comunicación públicos, privados y alternativos, haciéndolo del conocimiento público.

Aunque no contamos con estadísticas detalladas y solo podemos hacer aproximaciones, se estima que un 10% de los asesinatos que ocurren en Venezuela las víctimas son mujeres. Eso significa que en 2009 de 16.047 asesinatos conocidos 1.604 fueron mujeres asesinadas y de estas cerca del 90% tiene por causa la Violencia Basada en Género (Marcos Tarre, Violencia y Reciliencia El Nacional del 11 de Abril de 2010) tomando estas cifras solo como una referencia, tenemos que de 3 a 4 mujeres mueren diariamente en Venezuela en manos de los hombres de sus vidas.

La sociedad Venezolana necesita de muestras acciones concretas que den respuesta a la violación de los Derechos Humanos y a la violencia contra las Mujeres y debe ser doblemente ejemplarizante cuando las faltas provienen de actores/as públicos/as y estructuras que representan y están obligadas a su defensa y la implementación de Justicia para las víctimas. Su contrario, dada la notoriedad de este caso, crearía un precedente de valor incuantificable cualitativa y cuantitativamente para abonar a la Impunidad e Indefensión de las víctimas ante la obligación del Estado para garantizar los compromisos adquiridos en Defensa de los Derechos de las Mujeres.

La Sociedad toda y las Mujeres como colectivo social, exigimos que este Femicidio por su significado público y comunicacional se convierta en un caso de Justicia Ejemplarizante. Sabemos que ya no es necesaria la Imputación del Femicida Edwin Valero por el delito que cometió, su doble condición de victimario-víctima se encargo de ello, sin embargo, las responsabilidades del Estado Venezolano ante su omisión no pueden quedar IMPUNES. Hoy como nunca pedimos que se haga JUSTICIA.

¡NO MAS IMPUNIDAD! ¡CASTIGO PARA LOS Y LAS RESPONSABLES!
¡HOY CAROLINA SOMOS TODAS Y TODOS!
¡NO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES!

A los 19 días del mes Abril, 200 años de la Independencia y 100 años del día Internacional de las Mujeres.

Dirigido al TSJ (Dra. Luisa Estela Morales), a la responsable de los tribunales de violencia del TSJ ( Dra. Yolanda Jaimes), a la Defensora del Pueblo (Lic Gabriela Ramirez) a la Presidenta de la AN, ciudadana Cilia Flores; a la Ministra de la Igualdad de Género, ciudadana María León, a la Presidenta del CNE, ciudadana Lic Tibisay Lucena; a los jefes de redacción de todos los medios de comunicación.