Perú: Feministas exigen venta de la ‘píldora del día siguiente’ a 10 céntimos

Fuente: Adital

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) lanzó, en Perú, una campaña para exigir la venta legal de AOE (anticoncepción oral de emergencia), en los centros de salud, a la cuantía módica de 10 centavos de Nuevo Sol (PEN), moneda local. En fines de octubre, una decisión del Tribunal Constitucional (02005-2009-PA/TC) prohibió la distribución de la llamada "píldora del día siguiente" por el Ministerio de la Salud, pero la medida no impide su venta en las farmacias.

La campaña "Compra tu AOE a 10 céntimos" exige la creación de una Resolución Ministerial que ordene la venta simbólica de la píldora, para no perjudicar, principalmente, las mujeres pobres, las que más se utilizan del servicio público. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene la AOE como método anticonceptivo de emergencia.

El organismo Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) - que integra el Cladem - repudió el "retroceso" en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres.

Para la entidad, la aprobación de la medida está ligada al actual debate sobre el aborto. Recientemente, la Comisión Especial Revisora del Código Penal mantuvo la ampliación de los supuestos de despenalización en casos de embarazos por violación, eugenésico y por inseminación artificial.

"No se ha tenido en cuenta el alto número de mujeres víctimas de violaciones sexuales y de la ocurrencia de relaciones sexuales sin protección que originan embarazos no deseados, principal causa de los abortos, cuyas complicaciones por realizarse en condiciones clandestinas y de riesgo al estar penalizado, constituyen la tercera causa de mortalidad materna", complementó Demus.

Según el organismo, está demostrado que la AOE reduce los abortos y, por lo tanto, la sentencia "obliga a las mujeres a enfrentar embarazos no deseados", lo que vulnera sus derechos a decidir cuándo y cuántos hijos tener.

El grupo más conservador del Tribunal Constitucional ya había intentado aprobar la prohibición otras dos veces, en el 2006 y el 2008. Hasta entonces, la mayoría de la Casa había recusado la sentencia.