Honduras: Más feminicidio y violencia contra las mujeres tras el golpe...

Por: Tacuazina Morales / Semlac

Los feminicidios, entendidos como crímenes de odio contra las mujeres por razones de género, se incrementaron en Honduras después del golpe de Estado, ocurrido el pasado 28 de junio, de acuerdo con el documento presentado por la coalición Feministas en Resistencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Esto se debe al "estado de desprotección en que se encuentran las víctimas y al debilitamiento de las instituciones encargadas de la protección de los derechos humanos de las mujeres", expresó a SEMlac Adelay Carías, integrante de Feministas en Resistencia y presentadora del informe sobre Violación a los derechos humanos de las mujeres en el marco del Golpe de Estado.

Otra de las presentadoras del estudio aclaró que, en 2008, 312 mujeres murieron en forma violenta entre enero y diciembre en el país, con un promedio de 26 feminicidios, según el informe "Muerte de mujeres por violencia intencional 2008" del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En 2009, el número aumentó a un promedio de 31 crímenes por mes, sumando 325 hasta octubre, de acuerdo con datos proporcionados por la Fiscalía de la Mujer, en la Unidad de Investigación de Muertes violentas de mujeres, creada en 2008.

Dicha fiscalía es el organismo judicial del Ministerio Público encargado de la defensa del marco legal existente en materia de derechos humanos de las mujeres. Sólo en julio, un mes después del golpe de Estado, se denunciaron 51 muertes violentas de mujeres.

La violencia contra el sector femenino también se está desarrollando en un nuevo escenario de conflicto político, con nuevos actores y nuevas formas de ensañamiento dirigido hacia los cuerpos sexuados de las mujeres.

Las agresiones contra ellas, según Feministas en Resistencia y el Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras, suman más de 400 y de estos casos, 23 informan haber sufrido algún tipo de agresión o abuso sexual por parte de la Policía Nacional en el marco de la represión sufrida durante y después de las manifestaciones pacíficas o durante la duración del toque de queda.

"Sabemos que estas denuncias no son las únicas, ya que éstas sólo dan cuenta de un universo que ha dejado testimonio ante estas instituciones", declara una feminista en resistencia.

Los abusos cometidos tanto por la Policía Nacional, como por el ejército, incluyen golpes y manoseo en vagina, busto y glúteos, como amenazas de violación e insultos con connotaciones sexuales (prostituta o perra).

El mensaje que dan los represores, conforme a los testimonios recabados por SEMlac es que "esto te pasa por no estar en tu casa cuidando a tus hijos y tu marido" o "esto es para que aprendas a no venir a meterte en estas cosas", en referencia a las acciones de la resistencia contra el Golpe de Estado.

Resulta evidente que estos actos se realizan como castigo ejemplarizante hacia las mujeres, para que vuelvan al mundo privado, a sus casas, un castigo por haber irrumpido en el mundo público y formar parte activa de la lucha contra la asonada.

Otra expresión contundente de la violencia contra las mujeres es la aprobación y publicación en la Gaceta, periódico oficial de la República, del Decreto 2744, donde el Ministerio de Salud prohíbe "el uso, venta, comercialización o distribución gratuita de las pastillas de anticoncepción de emergencia (PAE)", basado en el criterio de que tiene un efecto abortivo, según un dictamen de 2008 del Colegio Médico citado en el mismo periódico.

Este es, según Regina Fonseca, coordinadora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Centro de Derechos de Mujeres, "otro golpe a las mujeres, un golpe simbólico para demostrar que los grupos conservadores y fundamentalistas de este país, tienen control sobre nuestros cuerpos, nuestras decisiones y nuestras vidas".

Por otra parte, expresó que "a todas luces es un acto inconstitucional, no solamente porque cualquier acto realizado por un gobierno usurpador es nulo, sino también porque el país ha ratificado convenciones internacionales, existe un marco legal a nivel nacional e internacional que protege la salud sexual y reproductiva que se ha irrespetado por el actual Ministro de facto en la Secretaría de Salud".

Fonseca recordó que el titular antes era Presidente del Colegio Médico y que "emitió el dictamen sobre las PAE basado en un estudio realizado sobre información secundaria, ya que en Honduras no existen estudios científicos al respecto".

Es importante destacar que el decreto 2744 había sido vetado por el presidente Manuel Zelaya, quien mandaba no tomar una decisión sobre el tema sin antes conocer la opinión de la Corte Suprema de Justicia, organismo que debía adoptar una resolución en los días en que ocurrió el Golpe de Estado.

Sin embargo, estas acciones no desaniman a las luchadoras de la resistencia. María Rosa López, líder campesina de la comunidad de Ojo de Agua, Comayagua, afirma que "esta resistencia tiene rostro de mujer y vamos a seguir luchando hasta el final, hasta las últimas consecuencias".

Ella cuenta su experiencia: "A mí me detuvieron el 3 de agosto, cerca de la frontera de Las Manos (Honduras-Nicaragua) cuando iba a reunirme con la marcha que apoyaba el regreso del Presidente. Nos detuvieron como a 140 personas y nos llevaron a un retén policial".

"Al día siguiente, llevaron a un comando para que nos trajera a Tegucigalpa, y nosotras le dijimos: no nos vamos en un comando porque no somos militares, a nosotras tráiganos un vehículo civil. Y no nos movimos de allí hasta que nos mandaron el bus", refiere.

Pese a estas manifestaciones, las violaciones a los derechos humanos de las mujeres no han pasado en su mayoría por las instancias de administración de justicia, debido a que —según expresan las agredidas— no confían en el sistema de justicia, ni en la policía encargada de las investigaciones, ya que representantes de esta última han violentado sus derechos y son los responsables de la investigación criminal en el sistema de administración de justicia hondureña.