Por: Mirta Rodríguez Calderón /SEMlacNuevos capítulos luctuosos se suman al zarpazo a los derechos humanos de las dominicanas del pasado 17 de septiembre, día en que la Asamblea Revisora de la Constitución adoptó un artículo que incluye, en la Carta Magna del país, que "el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte" y niega así los abortos terapéuticos; aquellos en que peligra la vida de la madre, del niño por nacer o de ambos.
La Coordinadora Nacional de Resistencia al Retroceso, creada entonces para protestar por esa decisión, se ha manifestado nuevamente contra la aprobación mayoritaria de otro artículo que niega la posibilidad de contar con asideros legales para revocar a mandatarios corruptos o venales, objetar inconstitucionalidad en leyes, y reclamar el derecho de la gente a disfrutar de la naturaleza, de playas y ríos, si se ve restringida por la frase "sin perjuicio de la propiedad privada".
Aparte de procedimientos objetables —como aprobar el derecho a disfrutar libremente de las playas, por ejemplo, y al día siguiente derogar ese acuerdo para incluir la cláusula de la "propiedad privada"—, el Congreso, en su condición de Asamblea Revisora de la Constitución, tiene en su agenda otras estipulaciones gravosas para la soberanía nacional.
Uno de estos puntos busca coartar la libertad de expresión mediante la introducción de una enmienda en la ley que diga que la información divulgada por los medios debe ser regulada.
Días atrás estuvo en discusión la inclusión de la frase "información veraz", lo cual levantó múltiples protestas. Pero Alfonso Crisóstomo, diputado que presenta la propuesta de "regulación", ha declarado que insistirá en ella. Mientras, el periodista y abogado Nanphy Rodríguez, integrante de una comisión creada por el Presidente, aboga por una ley de secretos estatales, segregada de la que consagra el derecho a la Información.
El sector periodístico, fundamentalmente colegas que hacen periodismo de investigación, han revelado múltiples actos de corrupción de parte de funcionarios gubernamentales, así como las complicidades de individuos poderosos y de algunos militares con bandas de delincuencia, estafas y narcotráfico.
La protestas que el lunes 28 de septiembre, Día de la Despenalización del Aborto en América Latina, protagonizaron un centenar de mujeres y algunos hombres, vestidos de luto delante del Altar de la Patria, en el sitio más céntrico de la ciudad, vinieron a convertirse en foro de alarma y advertencia, además de rechazo por la ya consumada adopción del citado artículo contra las mujeres y el aborto terapéutico.
Allí hubo también aplausos para los 34 diputados que votaron en contra de ese artículo, aprobado por una mayoría de 128, a quienes se acusa de someterse al dictamen de la iglesia católica.
La manifestación de las mujeres enlutadas develó que la Constitución que está aprobándose será la más atrasada de todas, incluida la promovida en 1966 por Joaquín Balaguer, presidente de la República entonces y discípulo muy cercano del tirano Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernó desde 1930 hasta su ajusticiamiento en 1961.
En República Dominicana ha habido más de 30 reformas constitucionales desde l844 y se prevé que la Constitución, ahora en debate, quede aprobada durante el presente mes.
Organizaciones y personas de la Coordinadora Nacional de Resistencia al Retroceso se enfrentan a la situación que dejaría a la nación con una Constitución no sólo atrasada, sino también desconocedora de libertades y derechos fundamentales.
La académica Lourdes Contreras, con 30 años de activismo por las mujeres dominicanas, aboga por un plan de medidas que permita, si no revertir, al menos canalizar el rechazo de buena parte de la población a lo que está haciendo una mayoría de congresistas.
"Tenemos que llamar a desconocer e impugnar la Constitución que resulte de este proceso que ignora, inclusive, lo que el Poder Ejecutivo hizo cuando llamó a consultas a las fuerzas de la sociedad. No han hecho ningún caso de ello. La gente quería reformar la Constitución mediante una asamblea Constituyente, pero lo que se ha hecho, de dejarla en manos del Congreso, es la primera arbitrariedad", explicó a SEMlac Contreras, también integrante de la coordinadora.
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