Por: Mirta Rodríguez Calderón/ SemlacLas mujeres que alberguen un embarazo inviable tendrán que morir. Esa ha sido la sentencia que la sociedad civil dominicana recibió la semana pasada por parte del conservadurismo decimonónico de un parlamento susceptible de ser coactado por la Iglesia católica.
Según mandato aprobado el último jueves (17 de setiembre) por la asamblea revisora de la Constitución, "el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte".
El parlamento puso fin así a una pugna que, durante meses, mantuvo enfrentados a diversos sectores de la sociedad y que se fue agudizando semana tras semana, con todo tipo de manifestaciones: callejeras, de opinión, con impresos y pancartas.
En las marchas y plantones participaron campesinas y estudiantes, y hubo una presencia importante de varones, así como una curia beligerante, aunque no homogénea, que sostuvo no pocas discusiones frente a las razones defendidas por el movimiento de mujeres, en primer lugar las feministas, la Academia de Ciencias, las sociedades científicas de Ginecología y Obstetricia, juristas, académicos y una muy numerosa pléyade de periodistas.
Todo ellos estuvieron en contra de la redacción de este artículo, tal cual fue aprobado, pues cierra el paso a los abortos terapéuticos; es decir, aquellos en que está en peligro la vida de la madre, del niño por nacer o de ambos.
Mientras, los segmentos retardatarios se exhibieron con pollos degollados para compararlos con fetos; desarrollaron mensajes de castigos divinos, chantajes y aseveraciones engañosas.
Pocas veces el país vio antes expresiones tan notorias de las divergencias de criterios que se mantienen en su seno. Los métodos, sin embargo, han sido muy diferentes.
El Cardenal católico Nicolás de Jesús López Rodríguez no se anduvo con sutilezas y amenazó abiertamente a los congresistas, muchos de los cuales aspiran a ser reelegidos en mayo del año entrante, cuando habrá elecciones congresuales y municipales. Les dijo que la feligresía no votaría por quienes favorecieran el aborto terapéutico.
En materia de campañas, el Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional, la Coordinadora Nacional de Resistencia al Retroceso (esta última quedó conformada ahora y constituye, sin dudas, otra ganancia para futuros empeños), las entidades científicas y los grupos populares se empeñaron en afiches y mensajes de vuelo, buena parte consumados por la artista plástica ecuatoriana Lorena Espinoza.
La sociedad dominicana, en un 80 por ciento —según una encuesta Gallup de julio de este año—, está de acuerdo con el aborto terapéutico. Poca gente cree que los más de 100.000 abortos que ocurren anualmente van a cesar con esta alusión constitucional.
Pero cada vez más las mujeres pobres se los harán en condiciones de extremo riesgo, muchas a escondidas, con sentimientos de culpa; y las más vendiendo sus bienes más necesarios para pagar entre 3.000 y 8.000 pesos (el cambio está alrededor de 36 pesos por un dólar estadounidense).
La República Dominicana proclamó como Objetivo del Milenio, meta que obviamente ya no podrá alcanzar, reducir en tres cuartas partes la mortalidad materna, que se halla en 176 por cada 100.000 nacidos vivos, según cifras de 2002, no obstante que 97 por ciento de los partos se produce con asistencia especializada.
La queja mayor es la calidad de la atención. Aunque la tendencia estadística apunta a una leve reducción de esa tasa, el país se halla en el quinto lugar en la región en mortalidad materna.
Con la adopción del artículo constitucional que postula: "el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte", el país se mantiene entre las cinco naciones aferradas a esta posición, según datos del Instituto Allan Guttmacher, de Estados Unidos: El Salvador, Nicaragua, Malta y Chile.
Pero esto es sólo lo más evidente del problema y lo que echa por la borda otros esfuerzos de la nación, que ha firmado convenciones y tratados internacionales de derechos humanos. Más aún: acuerdos y normativas que estimulan el desarrollo científico, la lucha contra el sida y acciones que involucran el empleo de células madre.
El Vaticano planificó muy bien
Aunque la mayoría de la población dominicana se declara católica, son poco notorias las manifestaciones de devoción más allá de la que se rinde a la Patrona del país, la Virgen de las Mercedes, y a la Altagracia, nominada Protectora de la nación.
En tiempos recientes ha cobrado mayor envergadura la Iglesia evangélica, que está a punto de conseguir el reconocimiento de los matrimonios realizados en su seno, tal y cual ocurre con la católica. En este debate, evangélicos y católicos estuvieron aliados.
Pero lo que más movió al catolicismo en este caso fue un mandato directo y explícito del Vaticano, declarado por el presidente del pontificio Consejo para la Familia, el cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, en mensaje del 24 enero de 2008, difundido desde Roma por la agencia AP.
"López Trujillo fue designado por el papa Benedicto XVI para llevar a cabo esta campaña internacional, en que pedirá a los jefes de Estado y a los líderes políticos la moratoria del aborto. Señaló que iniciará esta campaña en Sudamérica, que proseguirá en Centro y Norteamérica, Canadá, África, Medio Oriente y Europa", señaló la agencia de prensa.
Cuestionado por el diario italiano La República, el prelado recordó cuando el Papa Juan Pablo II "le escribió una histórica carta para implorar a las monjas violadas en Zagreb (el conflicto de la antigua Yugoslavia) de llevar adelante, de todos modos, el embarazo".
Con la constitucionalización de ideas semejantes, la iglesia dominicana refuerza el poder de que disfruta desde que, en tiempos del tirano Rafael Leónidas Trujillo, en 1954, firmara el Concordato que oficializó esta religión.
Y no es tampoco la primera vez que consiguen imponer sus criterios. En 2004, en un rejuego parlamentario que no permitió a las fuerzas de la sociedad conocer sus intenciones, aquí se aprobó la Ley del Niño No Nato, que consagra el 25 de marzo como día de exaltación. En esa fecha, presumiblemente, María habría sido concebida de Jesús.
Impugnar ante organismos internacionales
Las proclamadas intenciones del Vaticano de comenzar por América Latina esta campaña de penalización a las mujeres pobres obtuvieron frutos cuando los vínculos del presidente Daniel Ortega con el clero implantaron en Nicaragua esta misma propuesta de penalización.
Con esa ley, Nicaragua se colocó fuera de la normatividad internacional. Cuatro organismos de las Naciones Unidas, incluidos el Comité de Derechos Humanos y el Comité de las Naciones Unidas Contra la Tortura, han declarado que "…la penalización total del aborto, sin dejar excepciones, violenta el estatus legal de las mujeres..."
En declaraciones exclusivas a SEMlac, la abogada Zobeida Cepeda anunció que, en noviembre próximo, el país debe informar ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. "En ese momento, se evidenciará su pobre aplicación del derecho a la vida, que es uno de los que protege el Pacto de Derechos Humanos y contra la Tortura. Con esto —dijo apenada— nos convertimos en un país con una de las constituciones más atrasadas".
La frustración de la sociedad dominicana, partidaria del aborto terapéutico, no impide que personas tan dinámicas en esta lucha como Sergia Galván, directora ejecutiva de la Colectiva Mujer y Salud, reconozca que ha habido también ganancias.
"Ha sido un proceso histórico", explicó a SEMlac. Por primera vez en República Dominicana se "despenalizó el debate" sobre el aborto, que es una discusión que estaba en el closet y ahora se generalizó.
"La diversidad de sectores que se implicó en este esfuerzo es un hito también. Autoridades que jamás se interesaron por ese tema lo hicieron ahora. Es muy importante que aún el presidente Leonel Fernández tuvo que discutir este asunto con su Comité Político y debió dejar en libertad a los legisladores de su Partido de votar según su conciencia".
"Para mí lo más errado en todo lo que ocurrió —subrayó la dirigenta feminista— es que el Partido Revolucionario Dominicano, (liberal y socialdemócrata en el pasado) se haya dejado cooptar por el Cardenal, que los ha endulzado con la promesa de garantizarle votos. Para mí eso es lo peor…"
Ciertamente, esto significó una opción riesgosa para Miguel Vargas Maldonado, aspirante a la presidencia de la República en 2012 y presidente de ese Partido, quien perdió en las elecciones de 2006. Entonces recibió sólo 35 por ciento de la votación femenina.
Al parecer, las presiones fueron muchas. En conversación con SEMlac, la vicepresidenta de ese partido, Janet Camilo, dijo que "la realidad se impone muchas veces". Cuando esta agencia le preguntó qué era lo prevaleciente, afirmó que "tenemos que aceptar a la mayoría: estamos comprometidas con el país, pero sobre todo con una línea de partido.
El Parlamento no fue unánime en su votación: 128 lo hicieron a favor del artículo 36 y 34 legisladores estuvieron en contra. Fue significativo que el presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, varió su voto y esta vez se pronunció a favor de la vida de las mujeres. Se ratificaron en sus posiciones 12 diputados del Partido Reformista Social Cristiano.
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