Fuente: Cimac NoticiasCon las enmiendas al artículo 30, el aborto es ya inconstitucional en República Dominicana, lo que generó polémica en el país y propició que organizaciones como Amnistía Internacional (AI) advirtieran sobre las graves consecuencias de esta medida.
De acuerdo con agencias internacionales, las reformas aprobadas ayer -con 128 votos a favor y 34 en contra- a la Constitución de la República Dominicana prohíben el aborto, lo que pone en peligro la vida de las mujeres y niñas en edad reproductiva e incrementa potencialmente las muertes maternas en el país, advirtió AI la víspera de que el Congreso local se pronunciara por modificar el artículo 30 e incorporar en éste el concepto de la inviolabilidad de la vida.
El organismo internacional pidió al Congreso dominicano rechazar la parte del artículo 30 que dice: desde “la concepción hasta la muerte”, y lo instó a tomar las medidas necesarias para garantizar la existencia de servicios de aborto seguros, legales, accesibles y de buena calidad para todas las mujeres que los necesiten en todos los casos en que el embarazo sea consecuencia de violación o incesto y cuando constituya un peligro para la vida o la salud de la madre.
El polémico artículo 30, que ahora pasará a ser el 38 de la reformada Constitución, ya había sido aprobado en una primera lectura, en abril pasado y, de hecho, el aborto ya era ilegal, según el Código Penal dominicano de 1948, que establece que la mujer no está habilitada a interrumpir su embarazo, ni siquiera cuando esté en peligro su salud y/o pueda ocasionarle la muerte.
El Código sanciona con penas de dos a cinco años a toda mujer que se provoque un aborto, con o sin asistencia, en tanto que impone penas de entre cinco y 20 años al personal médico que interviene en su realización.
“Tal como está formulado actualmente, el cambio propuesto en la Constitución tendría un efecto devastador sobre el acceso de mujeres y niñas a una atención efectiva de la salud reproductiva”, manifestó días antes de conocerse la aprobación Susan Lee, directora del Programa para América de AI.
Si el artículo se aprueba conforme a lo propuesto, añadió, limitaría gravemente el acceso a abortos seguros, incluso en los casos en que una mujer sufre complicaciones que ponen en peligro su vida o necesita un tratamiento que puede salvar su vida pero es incompatible con el embarazo, como en casos en que se está en tratamiento contra la malaria, el cáncer o el VIH/sida.
“Cuando se prohíbe por completo el aborto, los índices de mortalidad materna aumentan, ya que los médicos no pueden –o temen– proporcionar tratamiento fundamental pero contraindicado con el embarazo, incluso cuando es la única forma de salvar a la paciente”, agregó .
Amnistía Internacional publicó recientemente un informe donde examina las repercusiones de la prohibición total de todas las formas de aborto en Nicaragua, y concluyó que la prohibición incide en el aumento de la mortalidad materna en todo el país, donde 33 mujeres y niñas fallecieron a consecuencia del embarazo en lo que va de 2009, frente a las 20 que murieron en el mismo periodo del año pasado. Dado que la recopilación de datos relativos a la salud materna en el país es deficiente, se cree que estas cifras oficiales representan sólo un mínimo.
Por su parte, la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología advirtió sobre las repercusiones “catastróficas” que el artículo 30 puede tener en la mortalidad materna. Si se adopta con su formulación actual –como se hizo--, pondría en peligro la capacidad de los médicos de proporcionar tratamiento oportuno y efectivo a las mujeres y niñas que sufren complicaciones durante el embarazo.
POLÉMICA
Organizaciones feministas, la coalición de organizaciones no gubernamentales y algunos legisladores rechazaban esta modificación a la Constitución pues, con base en una investigación del Centro de Estudios Sociales y Demográficos dominicano, aseguran que el país tiene una de las tasas más altas de aborto en la región: 82, 000 por año, de los cuales casi la décima parte se practican en adolescentes de entre 10 y 15 años de edad.
"Realmente éste ha sido un retroceso. Este Congreso no representa a la población, que en un 73 por ciento, según la encuesta Gallup-Hoy, dijo que ése no era un tema constitucional", expresó la doctora Lillian Fondeur, quien aseguró que tras esta aprobación se incrementarán la mortalidad, los embarazos no deseados y los abortos.
Varias organizaciones sociales realizaron el jueves pasado protestas por la modificación del artículo, pues afirman que viola el derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo en caso de que éste se hubiera dado tras un incesto o una violación.
La medida es defendida por la Iglesia Católica y los principales partidos políticos. El sacerdote Luis Rosario, coordinador de la Pastoral Juvenil, aseguró --según consignó el diario dominicano Hoy-- que con la reforma ganó el principal de los derechos, que es el relativo a la vida.
Listín Diario, en tanto retomó lo dicho por la jerarquía eclesiástica cuando señala que "el señor hizo el milagro" y que el país eligió su propio camino y no "el desorden internacional".
09/LG
De acuerdo con agencias internacionales, las reformas aprobadas ayer -con 128 votos a favor y 34 en contra- a la Constitución de la República Dominicana prohíben el aborto, lo que pone en peligro la vida de las mujeres y niñas en edad reproductiva e incrementa potencialmente las muertes maternas en el país, advirtió AI la víspera de que el Congreso local se pronunciara por modificar el artículo 30 e incorporar en éste el concepto de la inviolabilidad de la vida.
El organismo internacional pidió al Congreso dominicano rechazar la parte del artículo 30 que dice: desde “la concepción hasta la muerte”, y lo instó a tomar las medidas necesarias para garantizar la existencia de servicios de aborto seguros, legales, accesibles y de buena calidad para todas las mujeres que los necesiten en todos los casos en que el embarazo sea consecuencia de violación o incesto y cuando constituya un peligro para la vida o la salud de la madre.
El polémico artículo 30, que ahora pasará a ser el 38 de la reformada Constitución, ya había sido aprobado en una primera lectura, en abril pasado y, de hecho, el aborto ya era ilegal, según el Código Penal dominicano de 1948, que establece que la mujer no está habilitada a interrumpir su embarazo, ni siquiera cuando esté en peligro su salud y/o pueda ocasionarle la muerte.
El Código sanciona con penas de dos a cinco años a toda mujer que se provoque un aborto, con o sin asistencia, en tanto que impone penas de entre cinco y 20 años al personal médico que interviene en su realización.
“Tal como está formulado actualmente, el cambio propuesto en la Constitución tendría un efecto devastador sobre el acceso de mujeres y niñas a una atención efectiva de la salud reproductiva”, manifestó días antes de conocerse la aprobación Susan Lee, directora del Programa para América de AI.
Si el artículo se aprueba conforme a lo propuesto, añadió, limitaría gravemente el acceso a abortos seguros, incluso en los casos en que una mujer sufre complicaciones que ponen en peligro su vida o necesita un tratamiento que puede salvar su vida pero es incompatible con el embarazo, como en casos en que se está en tratamiento contra la malaria, el cáncer o el VIH/sida.
“Cuando se prohíbe por completo el aborto, los índices de mortalidad materna aumentan, ya que los médicos no pueden –o temen– proporcionar tratamiento fundamental pero contraindicado con el embarazo, incluso cuando es la única forma de salvar a la paciente”, agregó .
Amnistía Internacional publicó recientemente un informe donde examina las repercusiones de la prohibición total de todas las formas de aborto en Nicaragua, y concluyó que la prohibición incide en el aumento de la mortalidad materna en todo el país, donde 33 mujeres y niñas fallecieron a consecuencia del embarazo en lo que va de 2009, frente a las 20 que murieron en el mismo periodo del año pasado. Dado que la recopilación de datos relativos a la salud materna en el país es deficiente, se cree que estas cifras oficiales representan sólo un mínimo.
Por su parte, la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología advirtió sobre las repercusiones “catastróficas” que el artículo 30 puede tener en la mortalidad materna. Si se adopta con su formulación actual –como se hizo--, pondría en peligro la capacidad de los médicos de proporcionar tratamiento oportuno y efectivo a las mujeres y niñas que sufren complicaciones durante el embarazo.
POLÉMICA
Organizaciones feministas, la coalición de organizaciones no gubernamentales y algunos legisladores rechazaban esta modificación a la Constitución pues, con base en una investigación del Centro de Estudios Sociales y Demográficos dominicano, aseguran que el país tiene una de las tasas más altas de aborto en la región: 82, 000 por año, de los cuales casi la décima parte se practican en adolescentes de entre 10 y 15 años de edad.
"Realmente éste ha sido un retroceso. Este Congreso no representa a la población, que en un 73 por ciento, según la encuesta Gallup-Hoy, dijo que ése no era un tema constitucional", expresó la doctora Lillian Fondeur, quien aseguró que tras esta aprobación se incrementarán la mortalidad, los embarazos no deseados y los abortos.
Varias organizaciones sociales realizaron el jueves pasado protestas por la modificación del artículo, pues afirman que viola el derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo en caso de que éste se hubiera dado tras un incesto o una violación.
La medida es defendida por la Iglesia Católica y los principales partidos políticos. El sacerdote Luis Rosario, coordinador de la Pastoral Juvenil, aseguró --según consignó el diario dominicano Hoy-- que con la reforma ganó el principal de los derechos, que es el relativo a la vida.
Listín Diario, en tanto retomó lo dicho por la jerarquía eclesiástica cuando señala que "el señor hizo el milagro" y que el país eligió su propio camino y no "el desorden internacional".
09/LG
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