Bolivia: Aborto "vetado" para niñas y adolescentes víctimas de proxenetas

Por: Helen Álvarez Virreina / Semlac

En Bolivia, al igual que en la mayoría de los países, se calcula que el subregistro del aborto supera con creces al registro del que, medianamente, se tiene certeza.

Dentro de este subregistro, más ocultos aún, están los datos de adolescentes embarazadas durante el ejercicio de la prostitución, aunque en este caso, por su edad y de acuerdo a la legislación boliviana, ellas son víctimas de violaciones sistemáticas. En el lenguaje institucional, esto se denomina violencia sexual comercial.

Se estima que los abortos en este grupo son, por lo general, inducidos por las mismas adolescentes. En menor medida son forzados por los proxenetas —que también son tratantes de niñas y adolescentes—, pues estos luego utilizan a los hijos e hijas para mantener sometidas a las jóvenes madres, según diferentes fuentes consultadas por SEMlac.

El ministro de Salud, Ramiro Tapia, dijo a SEMlac que no se ha previsto un tratamiento especial para estas muchachas, porque no es posible parcializar los temas de salud. Lo que sí pretenden hacer, en el contexto de la nueva Constitución Política del Estado, es una "gran campaña" de prevención "de la drogadicción, del alcoholismo y de la prostitución", en ese orden.

En Bolivia, de las 230 mujeres que fallecen por cada 100.000 bebés nacidos vivos, por causas ligadas al embarazo o al parto, nueve por ciento muere tras un aborto, según la Encuesta Postcensal realizada en 2000 por el Instituto Nacional de Estadística.


Norma que no se cumple

De los casos conocidos de adolescentes embarazadas por el "cliente/violador" o por el proxeneta, y encontradas en locales de prostitución, todas han tenido a sus bebés, pese a que el Código Penal boliviano establece, desde 1972, el aborto terapéutico.

El artículo 266 despenaliza el aborto cuando el embarazo es consecuencia del delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, y también para evitar un peligro de la vida o la salud de la madre.

Sin embargo, en estos 37 años de vigencia de la norma nunca se ha producido un aborto así. El caso más conocido es el de una niña de 12 años violada por su padrastro, cuya madre recurrió a la justicia, pero terminó en un legrado clandestino, ya que todos los juzgados eludieron el proceso.

Peor es la situación de las adolescentes que cayeron en las redes de proxenetas y tratantes, y que no tienen a quién recurrir. Según la subteniente Gaby Coca Maldonado, de la División de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de El Alto, en los cuatros años de funcionamiento de esta unidad, nunca se produjo un aborto terapéutico.

En la urbe alteña, en cada operativo que realizan la Policía y otras instituciones, como el Ministerio de Salud, prefecturas y alcaldías, entre otras, en diferentes locales siempre encuentran adolescentes embarazadas y algunas ni siquiera se habían dado cuenta, informó Coca a SEMlac.

Pero parecería que el aborto está descartado de antemano, sin consideración alguna. En un operativo realizado en alojamientos, en abril de 2009, encontraron a cuatro muchachas, de entre 13 y 17 años, embarazadas; la menor estaba de dos meses.

La primera declaración de la directora de Asuntos Generacionales del Gobierno Municipal de El Alto, Domitila Conde, fue que el estado de gravidez no se interrumpiría, porque "se debe velar también por la vida de las criaturas que esperan, pues ese es su derecho". Y así fue.


Levantan las manos

El coordinador de la Plataforma de Atención Integral a la Familia del Gobierno Municipal de La Paz, Marco Antonio Gira, aunque inicialmente dijo a SEMlac que sí se procedía tal como indica el Código Penal, luego reconoció que, además de la burocracia que implicaría el trámite judicial, las instituciones deslindan responsabilidades.

"En este momento hay una discusión con el Ministerio Público, ¿cual sería la instancia encargada de asumir el aborto terapéutico?; para nosotros, normativamente, tendría que ser el Ministerio Público. Las defensorías no pueden determinar el delito sexual", por consiguiente, tampoco pueden pedir la interrupción del embarazo y esto no es asumido así por la Fiscalía, explicó Gira.

Varias organizaciones no gubernamentales que trabajan en esta problemática prefieren no involucrarse y, por el contrario, ofrecen casas de acogida donde tratan de que las adolescentes acepten a sus bebés o las orienten si deciden darlos en adopción.


Por amor o a la fuerza

El director ejecutivo de la Fundación Munasim Kullakita, organización que trabaja en la ciudad de El Alto contra la violencia sexual comercial, Ramiro Zárate, dijo a SEMlac que los embarazos en este grupo de adolescentes se producen en dos situaciones: el "cliente/violador" no usa condón, lo que es muy recuente por la relación de poder sobre la niña, o el proxeneta las seduce para manipularlas.

Algunas de las jóvenes optan por tener a sus bebés, pensando en que el padre será su "salvación", a otras no les queda otra alternativa. Lo que tienen en común estas chicas es que llevan su embarazo sin control médico y muchas ni siquiera acuden al hospital para el parto.

"Nos hemos encontrado con un caso en que (la adolescente) tuvo la wawa (bebé en aymara) en la calle. Al poquito murió el bebé y murió en la calle", relató Zárate.


Maltratadas en los centros de salud

Ocurre que, precisamente, estas muchachas son maltratadas por el mismo personal de salud que debería ayudarlas, y eso las ahuyenta. Esto se suma al hecho de que, por ser menores de edad, no van a los controles para la detección de enfermedades de transmisión sexual.

Eso las delata cuando acuden a una revisión ginecológica. "Nos hemos encontrado con sífilis y también con daños físicos en sus genitales", debido a las preferencias sexuales de los "clientes/violadores", dijo Zárate.

El responsable del programa "Tú decides" del CIES, Salud Sexual y Reproductiva, Juan Sansuste, a donde Munasim Kullakita suele llevar a las chicas abusadas, reconoce que ha observado actitudes recriminadoras, estigmatizadoras y discriminadoras, incluso en sus propios centros médicos. Eso los llevó a elaborar un manual de normas de atención.

Por eso, las pocas chicas que llegan a recibir atención pre y posnatal no le cuentan al personal médico cuál es su forma de vida, sostiene la responsable Nacional de Derechos Humanos de las Mujeres y Migrantes de la Defensoría del Pueblo, Betty Pinto. Aun embarazadas, tras el parto o luego de un aborto, siguen siendo usadas para el comercio sexual, añade.


Violencia estatal

Las muchachas sufren también maltrato y violencia de parte de la Policía, no sólo en los operativos conjuntos, sino también durante el patrullaje diario.

"Tenemos una lista de casos de brigadistas, fecha, hora, nombre de la chiquilla. En primer lugar, les quitan el celular si tienen, les quitan la plata; luego las golpean con un tipo de goma, cuando están detenidas; las mandan a limpiar los baños, cosas de este tipo, muy humillantes. Lo hacen varones y las mismas brigadistas mujeres", informó Zárate.

Una resolución de la Defensoría del Pueblo, emitida en diciembre de 2008, indica que en todas las intervenciones de entidades estatales, en los locales de consumo de prostitución, se ha evidenciado que "existe una contundente violación de los derechos humanos de las mujeres". Y las adolescentes llevan la peor parte.


Fuera de las metas del milenio

Los esfuerzos de Bolivia en el área social se han concentrado en cumplir los ocho Objetivos del Milenio acordados por 192 países. El quinto es mejorar la salud materna y entre sus indicadores están la proporción de partos con asistencia de personal sanitario especializado, la tasa de uso de anticonceptivos, la de natalidad entre las adolescentes y la cobertura de atención prenatal.

Las personas entrevistadas por SEMlac coinciden en que las adolescentes, embarazadas y madres, víctimas de proxenetas y tratantes, van a estar omitidas en los resultados que presente el país al culminar el plazo, en 2015.

Pero además, según Zárate, el "cliente/violador" seguirá apareciendo como una persona que no comete delitos, sino como alguien que compra un servicio, lo que obstaculiza el inicio de procesos por violación.