Venezuela: Una ley para la mujer y su derecho a vivir sin violencia ...

En marzo de 2007 fue promulgada la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual se constituye en una herramienta de avanzada que contempla políticas, programas y acciones concretas en materia de prevención, educación y promoción de la no violencia contra la mujer.

Dicha ley ha sido catalogada por algunos críticos como represiva porque contempla una serie de conductas que son consideradas como delitos, sin embargo, basta un breve análisis de los mismos, para entender que no es un instrumento con "muchos delitos", sino que es un instrumento que pretende abordar "muchas modalidades de violencia" que existen en la sociedad en contra de las mujeres afectando las condiciones mínimas para su pleno desarrollo.

Tipificando la violencia

Violencia psicológica, amenaza, acoso, hostigamiento, agresiones físicas o ataques de índole sexual, son delitos recurrentes contra la mujer que se encuentran sancionados en la Ley. Estudiosos del tema coinciden en afirmar que el ciclo de la violencia tiene como primeras manifestaciones los comportamientos agresivos, el abuso verbal y actos tendientes a aislar a la mujer y someterla a diversas vejaciones; seguidamente se evoluciona a periodos de agresión física leves y agudos, para derivar en una fase de arrepentimiento y reconciliación.

La Ley trata de intervenir oportunamente desde las primeras manifestaciones. Se contemplan también en esta Ley, las modalidades propias de las redes internacionales del delito y la delincuencia organizada como tráfico y la trata de mujeres, niñas y adolescentes, delitos aberrantes que atentan contra todo vestigio de dignidad humana.

Asistencia
Finalmente, cuando la mujer acude a buscar ayuda a las instancias del Estado y no es atendida, se banaliza su planteamiento y se le niega la debida recepción del caso, se configura el delito de violencia institucional, previsto y sancionado en el artículo 54 de la Ley. Cada delito sanciona conductas que lesionan o menoscaban el debido ejercicio de un derecho.

Y aunque la sanción penal no es una garantía de solución al problema de la violencia contra las mujeres, es una herramienta para intervenir a tiempo y abordar la mezcla de impunidad y tolerancia que rodea esta realidad social.