martes, junio 30, 2009

Honduras: Congreso podría cancelar nuevamente la PAE

Por: Guadalupe Gómez Quintana / Cimac
La prohibición de la PAE, que afecta a las mujeres en edad reproductiva del país, es decir 1.7 millones entre 15 y 49 años de edad, según el Fondo de Población de Naciones Unidas, podría ser ahora revivida por el Congreso de manera más fácil, pues el Ejecutivo que la vetó está en el exilio y el Congreso dio posesión al otrora presidente del Congreso Roberto Micheletti.

En Honduras, el Congreso que apoyó el golpe de Estado perpetrado ayer domingo por las fuerzas armadas, con apoyo de la Corte y la Iglesia católica y grupos empresariales de medios de comunicación, es el mismo que aprobó en abril pasado la iniciativa de ley para prohibir la promoción, comercialización y uso de las pastillas anticonceptivas de emergencia (PAE), la cual fue finalmente vetada por el presidente Manuel Zelaya, hoy depuesto.

Por tanto, para aprobar nuevamente la prohibición de la PAE solo será necesario que dos terceras partes de la legislatura lo decida, para ser nuevamente enviado al Ejecutivo y de ahí a su publicación. Es probable que esto suceda, pues solo seis legisladores se opusieron en abril a su prohibición.


En Honduras ocurre el mayor crecimiento poblacional por año de Latinoamérica, se han cometido mil 148 casos de feminicidio en los últimos cinco años y no ha sido ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).

El aborto clandestino ocupa desde hace 25 años la segunda causa de egreso hospitalario, señala la feminista mexicana Martha Lamas, pues desde 1997 se derogaron por decreto los artículos aprobados por el Parlamento que despenalizaban el aborto por razones terapéuticas, eugenésicas y jurídicas.

El rápido crecimiento demográfico en Honduras ha tenido como consecuencia un descenso en el ingreso per cápita e incremento en la presión sobre el acceso a los servicios de vida, señala el Fondo de Población de Naciones Unidas, lo que ha llevado a miles de hondureñas y hondureños a emigrar a países como México, Belice, Estados Unidos y hasta Europa.

LAS RAZONES

Previo al veto del presidente Zelaya a la prohibición de la PAE, el movimiento feminista hondureño le envió una carta en donde le afirmaban su preocupación por la ley aprobada y le explicaban que no era un abortivo, como aseguraban las y los diputados que la prohibieron y que ayer dieron posesión a un nuevo presidente producto del golpe de Estado.

Las PAE, explicaron a Zayas las mujeres, son un método anticonceptivo aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por ello, forma parte de la lista de medicamentos esenciales. Las PAE no interfieren con el proceso de implantación en el endometrio del óvulo fecundado y no interfieren en el desarrollo embrionario de un óvulo ya implantado. Es decir, sólo tiene dos mecanismos de acción que son previos a la fecundación: impide la ovulación y/o espesan el moco cervical para impedir la migración espermática).

Es importante así mismo señalar, dijeron al Ejecutivo hoy fuera del país por el golpe de Estado, que la PAE es el único método anticonceptivo disponible en el mundo que puede prevenir un embarazo producto de una violación, por ello la prohibición de su uso constituye en un grave atentado contra la salud y la vida de aquellas mujeres víctimas de violación.

Si el objetivo que se persigue es la prevención del aborto inseguro y sus consecuencias, la prohibición de la píldora de emergencia producirá justamente lo contrario, porque está demostrado que una de las herramientas más eficaces para prevenir el aborto, es el acceso libre e informado a una amplia gama de métodos anticonceptivos, incluyendo la PAE. “En materia de derechos, señalaron a Zelaya, quien poco después vetó la ley, no puede haber retrocesos”.

RETROCESOS

De acuerdo con Naciones Unidas, en Honduras existen amplias brechas de desigualdad de género, las dificultades y la insuficiencia del gasto público para una más efectiva implementación del marco legal y de políticas existente, y la debilidad del compromiso de las propuestas políticas mayoritarias en relación con la agenda de los derechos de las mujeres.

Ejemplo de ello es que las mujeres tienen mayor tasa de desempleo abierta (8.3 por ciento frente a 4.7 por ciento entre los hombres), menor ingreso percibido del total generado en la economía (solo 29.6 por ciento) y, menor ingreso que los hombres ocupados (promedio de 1.15 veces superior al de las mujeres ocupadas).

Esta desigualdad, señala Naciones Unidas, es aún más pronunciada si tomamos el ingreso percibido por las mujeres ocupadas que viven en el área rural: representa apenas 46 por ciento del ingreso de las mujeres ocupadas del área urbana, 75 por ciento del ingreso de los hombres ocupados del área rural y 36 por ciento del ingreso de los hombres ocupados del área urbana.

En lo relativo a participación política, en las elecciones generales del año 2005, las mujeres perdieron representación en los niveles locales con 24 alcaldesas electas, correspondiendo al 8 por ciento de personas electas a este cargo.

Acerca de la violencia de género, en los últimos años ha tomado un carácter extremo y aunque no hay estadísticas homogeneizadas, se establece que entre el 2002 y el 2005, 613 mujeres padecieron de muerte violenta caracterizada como feminicidio.

AGENDA FUNDAMENTALISTA

Pese a esta realidad, el “poderoso fundamentalismo católico de Honduras”, han denunciado las organizaciones de mujeres y feministas del país, lleva a cabo estrategias y acciones contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, bajo los mismos argumentos que utilizan en otros países de la región, como México: que la PAE es un abortivo, que hay intereses transnacionales detrás, etcétera.

Antes, señalan las hondureñas, lo han hecho con el condón, con el protocolo opcional de la CEDAW (que sigue engavetado), ante cualquier alusión a la salud y los derechos sexuales y los derechos reproductivos, a todo lo que tiene que ver con Cairo y con Beijing y a cualquier iniciativa orientada a modificar el código penal en lo relativo al aborto, totalmente penalizado en el país.

Los conservadores, señalan las mujeres, utilizan los medios de comunicación, presentándose en noticieros, programas de debate de TV y radio, periódicos, etc., para decir exactamente lo mismo. Pagan inserciones en los periódicos y éstos son leídos en homilías y canales de televisión y radio. Además, en las estructuras gubernamentales hay miembros de ellos empujando e incidiendo.

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