Ley pionera contra la violencia machista

Por: Joana García Grezner / Rebelión

Pese al avance que significó la aprobación de una legislación contra la violencia de género, muchas agresiones quedan sin castigo. El retraso en su aplicación explica que más del 40% de las causas sean sobreseídas.

Según la feminista Asia Villegas, “hay que crear un mecanismo de seguimiento de sentencias de los tribunales que las revise, no vaya a ser que se esté creando una nueva forma de impunidad”.

La Ley por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada el 25 de noviembre de 2006, tipifica hasta 19 formas de violencia de género (entre ellas, la violencia obstétrica perpetrada por personal de salud, la mediática, institucional y simbólica y la prostitución forzada) y habilita a nueve órganos policiales y judiciales para recibir denuncias. Su aplicación implica crear tribunales y fiscalías especiales sobre Violencia contra la Mujer en los 23 Estados del país y capacitar a la judicatura. Pero, desde su entrada en vigor, en marzo de 2007, sólo se han implantado tribunales en siete Estados del país y, por ahora, sólo está previsto crearlos en seis más. Aunque se han creado 60 fiscalías y capacitado a 200 fiscales para instruir denuncias, en tres Estados aún no hay y las reciben las fiscalías de familia.

En Delta Amacuro, Amazonas y Bolívar sólo se reciben denuncias en la capital. Pese a que la ley insta a gobernaciones y alcaldías a crear casas de abrigo, únicamente se han creado tres, financiadas por Inamujer y la petrolera estatal PDVSA. Pese a lo limitado de estos recursos, Inamujer cifra en más de mil las vidas que se han salvado. Hasta octubre de 2008, los tribunales especiales recibieron más de 75.000 denuncias. Más del 17% se archivaron y poco más de 3.000 derivaron en acusación. Esto se debe a que la Ley concede a la Fiscalía cuatro meses de plazo para investigar las agresiones, pero la falta de forenses que las certifiquen provoca demoras. Entonces las denuncias pasan a la fiscalía superior, que en muchos casos no investiga.

Según la feminista Asia Villegas, representante permanente de Venezuela ante el Comité de Expertas de Seguimiento de la Convención Interamericana Belém Do Pará para Erradicar la Violencia contra la Mujer, “hay que crear un mecanismo de seguimiento de sentencias de los tribunales que las revise, no vaya a ser que se esté creando una nueva forma de impunidad”. Por ahora, en Venezuela, una comisión de organizaciones de mujeres y representantes institucionales monitorea la aplicación de la ley para mejorarla. Pese a sus límites, Villegas cree que la ley invita a “romper el silencio, [lo que es] básico para que se haga efectiva”. Casi 25.000 venezolanas, desde 1999, han llamado al 0800, la línea telefónica de Inamujer que brinda atención psicológica y legal sobre violencia de género y que en noviembre amplió su horario a todo el día. Se estima que sólo una de cada diez mujeres denuncia.