Estitxu Martínez de Guevara -CEPRID
Fuente: Rebelión
Desde que en 1996 un elaborado estudio conocido como Informe Machel —por ser la mozambiqueña Graça Machel quien lo dirigió— pusiera al descubierto parte de los innumerables casos de abuso y explotación sexual cometidos por las fuerzas de paz de la ONU (que incluyen violaciones y todo tipo de torturas sexuales a niñas y mujeres de todas las edades, esclavismo sexual, participación en redes de trata de niñas y mujeres para prostitución, constitución y gestión de prostíbulos, transmisión masiva del SIDA y otras enfermedades venéreas por negarse a tomar medidas profilácticas, elaboración y distribución de material pornográfico con menores y mujeres de las zonas, grabaciones de violaciones de niñas menores de 12 años…) asistimos a un interminable goteo de noticias sobre nuevas tropelías, habitualmente seguido de las consabidas declaraciones de indignación de la ONU, su reiteración en la política de Tolerancia Cero y su determinación para acabar con esta horripilante lacra.
Sin embargo, podemos afirmar que la realidad es muy otra: la violencia sexual cometida por los Cascos Azules sigue presente en todas y cada una de las misiones de Naciones Unidas y es protagonizada por miembros de los ejércitos humanitarios de todas las nacionalidades, quienes siguen disfrutando de la connivencia y complicidad de sus mandos y representantes, así como de la impunidad que les ofrece la inmunidad de la que gozan.
Aunque no es éste el sitio para profundizar en la verdadera dimensión del asunto —las causas que lo originan, las consecuencias sobre las víctimas o las posibles soluciones (lo que hemos abordado en el libro Los ejércitos humanitarios y la violencia sexista militar, ed. Zapateneo, 2008)—, sí creemos pertinente examinar una cuestión: la de los datos que al respecto ofrece NN.UU. que están sirviendo para encubrir la realidad —de forma especial tras el nombramiento del nuevo Secretario General Ban Ki-moon— al aplicar a las cifras numerosos filtros, cuatro de los cuales vamos a mostrar.
Maquillando las cifras
El primero —y más grave— consiste en no presentar las cifras sobre los casos habidos o conocidos por la Organización, sino sobre las denuncias que a ella le han presentado. El matiz es muy importante porque ¿cuántas víctimas de violación de un Casco Azul se plantean presentar denuncias a la organización a la que pertenece su agresor? Pocas, sin duda. A ello añadámosle que la población agredida está compuesta por niñas o mujeres jóvenes de poblaciones empobrecidas y afectadas por las guerras, en gran parte analfabetas, con traumas sicológicos como consecuencia de la agresión, atemorizadas y avergonzadas, amenazadas por sus agresores y sabedoras de que en la inmensa mayoría de casos la denuncia no va a servir sino para que sus familias y comunidades las estigmaticen cuando se conozcan los hechos —debido a las costumbres y convenciones religiosas y culturales en vigor—. En estas condiciones, ¿cuántos casos se transformarán en denuncias presentadas a la ONU? Con seguridad, la mínima parte.
El segundo gran filtro se produce al contabilizar las denuncias, pues no tiene en cuenta las rechazadas por pruebas insuficientes. Esto sería lógico si no fuera porque, como reconoce la propia Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU —OSSI—, muchas de las investigaciones se tienen que abandonar porque el Casco Azul en cuestión ya no estaba en la zona; porque no se habían hallado testigos; porque no se contaba con medios suficientes para la investigación…, o porque los propios mandos y compañeros de los acusados se dedicaban a poner zancadillas internas a la investigación.
El resultado es que, en 2006, un 70% de las denuncias presentadas contra soldados humanitarios fueron rechazadas por pruebas insuficientes. Del 17 de enero al 13 de febrero de 2006, los investigadores de la OSSI en Bunia recibieron 217 denuncias de casos en que integrantes del personal de mantenimiento de la paz habían tenido relaciones sexuales con muchachas de 18 años y más jóvenes a cambio de dinero, alimentos o prendas de vestir. Las conclusiones de la OSSI fueron tajantes: «aunque las denuncias recibidas por la Oficina indicaban que los contactos sexuales entre muchachas de la localidad e integrantes de las fuerzas de mantenimiento de la paz eran frecuentes y seguían existiendo, sólo hubo pruebas suficientes para fundamentar plenamente una de las denuncias». Finalmente sólo se contabilizó un caso de las 217 denuncias.
Con Ban Ki-moon la ONU se lava las manos
La puesta en práctica de los siguientes filtros corresponden al mandato del actual Secretario General, Ban Ki-moon, quien de esta manera ha conseguido que las cifras de denuncias —no de casos— de 2007 sean, por primera vez, inferiores a las del año anterior. Para ello —y este es el tercer filtro— ha restringido aún más el criterio: los datos se limitan a las denuncias cuya investigación ha finalizado de entre las denuncias presentadas. Y la diferencia es notable. Así, cuando en enero de 2007 se publican las primeras cifras del mandato de Ban Ki-moon, correspondientes al periodo entre enero de 2004 y diciembre de 2006, la Subsecretaria de la ONU para Operaciones de Paz, Jane Holl Lute, dice que se han «investigado denuncias que afectan a 319 participantes en misiones de paz». Lo que no hizo público Holl Lute es que en ese periodo se habían presentado 802 denuncias, de las cuales ni un 40% habían sido investigadas totalmente. Visto lo cual es comprensible que a NN.UU. no le interese demasiado poner los medios necesarios para que las investigaciones se lleven a cabo con prontitud, porque ello supondría el aumento de sus cifras.
El último filtro hasta ahora utilizado por Ban Ki-moon tiene que ver con la nueva política que la ONU ha adoptado ante el grave daño que sus ejércitos humanitarios procuran a la imagen y reputación de la Organización.
Tras más de 4 años de intentar practicar una política de Tolerancia Cero —cuyo fracaso ha sido estrepitoso— la ONU parece quere lavarse las manos y ha decidido que los actos delictivos de los Cascos Azules competan a los gobiernos de origen de éstos y a sus mandos: los mismos que silencian y encubren los delitos cometidos para mantener impoluta la imagen de sus países —entre otras razones—.
A partir de esa decisión, como ha señalado el portavoz de NN.UU. Nick Birnback: «La Organización dependerá de los esfuerzos de los países que aportan tropas y policías para investigar y disciplinar a sus nacionales cuando se pruebe que hayan cometido abusos mientras servían en operaciones bajo la bandera de la ONU». Y ello, evidentemente, ha comenzado a reflejarse en las cifras de la ONU.
Para 2007 la Organización ha dado una cifra de 129 denuncias, lo que significaría una reducción de casi el 64% con respecto a los datos de 2006, aunque observando algunos datos aparecidos en los medios durante 2007, podemos darnos cuenta de la veracidad de esta cifra. En julio de 2007 se publicaba que 734 Cascos Azules marroquíes habían sido retirados de la misión en Costa de Marfil acusados de explotación sexual de niñas menores. En noviembre del mismo año 108 pacificadores ceilandeses de la misión de la ONU en Haití fueron repatriados acusados del mismo delito. En ambos casos —hubo más durante 2007— NN.UU., ante las numerosas evidencias, tomó la decisión de la repatriación, lo que de acuerdo con la nueva política, dejaba en manos de sus respetivos gobiernos las labores de investigación.
En el caso de los 734 Cascos Azules marroquíes, las investigaciones de su gobierno —auxiliado por NN.UU.— tuvieron que abandonarse sin conclusiones porque las víctimas «aparentemente se negaron a colaborar con la investigación». Y claro, como son investigaciones no concluidas, estos casos no engrosan las cifras de la ONU. De las investigaciones del gobierno de Sri Lanka no se tienen noticias hasta el momento y, en cualquier caso, ya no incrementarán el dato hecho público por la ONU para 2007. Eso sí, el representante ceilandés declaraba en la Cuarta Comisión de Naciones Unidas de diciembre de 2007 que «(…) debe respetarse el principio de que una persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, y debe ponerse freno a los medios de comunicación sensacionalista interesados en tales denuncias hasta que los hechos hayan quedado debidamente demostrados».
Acabar con los ejércitos humanitarios
Concluimos un análisis que podría tener más ingredientes. Con lo visto hasta aquí pretendemos dejar en evidencia que las cifras de la ONU sobre los casos de abuso y explotación sexual de los Cascos Azules ocultan deliberadamente la dimensión del terrible problema y no reflejan, quizá, ni un 10% de la realidad. Ante ello, y ante los evidentes intentos de alejar la cuestión de las agendas mediáticas, creemos que es imprescindible poner en marcha una campaña pública de denuncia centrada en esta abominable cara oculta de los ejércitos humanitarios, hasta conseguir su desaparición. Ojalá la publicación de Los ejércitos humanitarios y la violencia sexista militar sirva de herramienta en esa tarea.
Estitxu Martínez de Guevara, en nombre del Colectivo Gasteizkoak
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