Uruguay se convierte en segundo país de Latinoamérica en despenalizar aborto

Agencias

El Senado uruguayo dio el miércoles sanción definitiva a una ley que despenaliza el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación y bajo ciertas condiciones, lo que convierte al país en el segundo de Latinoamérica en permitir el aborto, después de Cuba.

En el resto de la región, la interrupción del embarazo es también legal solo en Ciudad de México, Guyana y Puerto Rico.

La iniciativa fue aprobada con 17 votos de 31, con el respaldo de los 16 legisladores del gobernante Frente Amplio (FA, izquierda) y del senador Jorge Saravia, ex integrante del FA y que actualmente milita en el opositor Partido Nacional.

El proyecto ya había sido aprobado el 25 de septiembre por la Cámara de Diputados, por una ajustada mayoría de 50 votos a favor y 49 en contra, por lo que ahora solo resta que sea promulgado por el Poder Ejecutivo.

El Parlamento puso así fin a décadas de debates sobre un tema que ha dividido a la sociedad uruguaya, tras el fracaso de cerca de una decena de proyectos de legalización del aborto desde 1978.

El más reciente fue en 2008, cuando el Parlamento habilitó la interrupción del embarazo pero la norma fue vetada por el entonces presidente Tabaré Vázquez -el primero de izquierda en el país- alegando "principios éticos".

En cambio, su sucesor José Mujica ya anunció que no vetará esta iniciativa.

El proyecto aprobado el miércoles -que implicó una negociación con el Partido Independiente (PI) para lograr los votos en la cámara de Diputados- prevé no penalizar la interrupción del embarazo si la mujer que quiera abortar se entrevista con un equipo interdisciplinario que le informará sobre los riesgos, las alternativas, los programas de apoyo a la maternidad y los de adopción.

Como excepción, se autorizaría el aborto cuando el embarazo implique un grave riesgo para la salud de la mujer, cuando haya malformaciones incompatibles con la vida extrauterina o cuando el embarazo sea producto de una violación, en ese caso dentro de las 14 semanas de gestación.

Frustración y temas pendientes

El debate enfrentó a quienes defendieron el derecho del embrión con quienes consideraron el proyecto una alternativa a la ineficacia de la ley actual, vigente desde 1938 y que pena con prisión a la mujer que consienta un aborto y a quien colabore con el mismo.

"Esta ley está alineada con los consensos sociales actuales en Uruguay", dijo el senador del FA Luis Gallo, enfatizando que "la sociedad no considera que la mujer delinque cuando aborta".

"Solo el 0,04% de los 30.000 abortos que se dice se realizan en Uruguay terminan en procesamientos", enfatizó el legislador.

Al realizarse de forma clandestina, los abortos en Uruguay son difíciles de contabilizar, pero según datos de organizaciones no gubernamentales en este país de 3,4 millones de habitantes se registran más de 30.000 abortos por año, frente a unos 47.000 nacimientos.

Desde la oposición, el senador Alfredo Solari, del Partido Colorado, cuestionó que "esta es una mala solución a un problema médico social que tiene este país", indicando que instaura un sistema "complejo y dificultoso" y que acceder a una entrevista con un equipo multidisciplinario será "prácticamente imposible" en gran parte del interior del país.

Lejos de debates anteriores, rodeados de manifestaciones a favor y en contra de la iniciativa, esta vez menos de medio centenar de personas presenció la votación desde las gradas.

Y es que, paradójicamente, el texto finalmente aprobado ha sido cuestionado tanto por los grupos "ProVida" como por la Coordinadora por el Aborto Legal, quienes dicen que no garantiza a la mujer el derecho a decidir libremente sobre su cuerpo y que no es el proyecto por el que han peleado tantos años.

Admitiendo que tiene "sentimientos contradictorios", María José Scaniello, integrante de CLADEM-Uruguay, red feministra que defiende los derechos de la mujer, dijo a la AFP que es, no obstante, "un avance muy grande en el acceso de las mujeres a un aborto seguro".

En tanto, desde el movimiento "Provida", Sofía Reyes acusó a los legisladores de discriminar a las mujeres y aseguró que "con ley o sin ley el trabajo va a seguir siendo apoyar a la madre para que pueda tener ese bebé".

La organización Médicos del Mundo, por su parte, consideró que la norma es "un antecedente positivo" para el reconocimiento de los derechos de las mujeres en la región.

Venezuela: " La respuesta de la AN fue tan reaccionaria como la queja episcopal"

Comunicado de la Plataforma de Mujeres por la legalización del aborto

A propósito del reciente comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana, en el cual expresa su profunda preocupación ante la “posibilidad” de que en el marco de la Ley de Igualdad y Equidad de Género, se abra la discusión y posible aprobación de la despenalización del aborto, y en vista de que la respuesta de la Asamblea Nacional fue tan reaccionaria como la queja episcopal, nosotras, mujeres revolucionarias, levantamos indignadas nuestra voz frente a la sistemática indiferencia por parte de distintos sectores de la sociedad, la Iglesia (católica y evangélica) y del Estado, ante las miles de mujeres pobres que mueren cada año en nuestro país por abortos mal practicados, y en condiciones inseguras, que parece no afectar en lo más mínimos a todos/as aquellos/as que tanto se rasgan las vestiduras en “defensa de la vida”.

¿Por qué dentro de un gobierno que se proclama socialista se eluden, evitan y postergan discusiones fundamentales en defensa de los derechos sexuales y reproductivos, como por ejemplo el derecho a la unión civil entre personas del mismo sexo y el derecho que tiene toda mujer a decidir sobre su propio cuerpo, su propio proyecto, eligiendo en el momento en que ella lo consienta, interrumpir un embarazo no deseado en condiciones seguras, gratuitas y legales?

¡El Estado es laico,
la revolución es soberana,
la practica religiosa es personal!

En un Estado laico la opción religiosa es un asunto de carácter personal. El que nuestra Constitución garantice la libertad de cultos no quiere decir que los valores que sostenga una religión en particular se erijan como los valores “universales de toda la población”, muy por el contrario, coloca en el mismo rango de expresión y de derechos a todas y cada una de las creencias que hombres y mujeres asuman.

Es desde todo punto de vista inaceptable que las iglesias católica y cristiana evangélica pretendan imponerse y tener injerencia sobre debates que atañen al ámbito público y sobre los cuales la Asamblea Nacional está obligada a legislar para todas las venezolanas/os y no solo en función del sector que adhiere un religión en especial,.

Por su carácter laico, el Estado debe garantizar el derecho que las mujeres tenemos de decidir cuándo queremos ser o no ser madres como una decisión libre y soberana, además de garantizar todo los mecanismos para que podamos gozar de una sexualidad responsable y libre, lo que implica implantar una ofensiva política de salud reproductiva que lo garantice. La legalización del aborto, no implica que su práctica se convierta en un acto compulsivo ni que sus índices aumenten; tampoco supone que se le imponga a mujeres que no compartan esta como una opción; en cambio, la penalización del mismo, expone las vidas de mujeres que por diversas causas, se ven en la necesidad de interrumpir un embarazo aún en condiciones inseguras.

En Venezuela se aborta con ley y sin ella, con pronunciamientos, peticiones de prohibición y silencio de la Asamblea Nacional. No es un artículo legal ni un pronunciamiento episcopal lo que va a impedir lo que ya es una práctica cotidiana. El aborto no lo inventan los/as legisladores/as ni los médicos/as y tampoco lo van a detener los pronunciamientos inquisidores de las iglesias.

La prohibición y el oscurantismo que las religiones pretenden imponer sobre la alternativa de interrumpir o no el embarazo, solo produce muertes por abortos en condiciones de precariedad, lo que conlleva no solo a la muerte, sino también a las hospitalizaciones por infecciones, hemorragias, esterilidad, perforación uterina y otras consecuencias derivadas de la práctica clandestina. Nadie sufre más esta situación que las mismas mujeres, sobre todo las mujeres trabajadoras y campesinas de los sectores populares. Mientras el derecho a un aborto seguro está garantizado de hecho para las mujeres de las clases medias y altas, que pueden pagar altas sumas de dinero por ello, las mujeres de los sectores populares tienen que recurrir a prácticas completamente inseguras que ponen en riesgo su vida y la posibilidad de ser madres cuando ellas lo decidan. Por eso afirmamos que, mientras las ricas abortan, las pobres mueren.

En todas las revoluciones socialistas surgidas en la historia, el aborto se ha convertido en un derecho fundamental de las mujeres en pro de su emancipación y en pro de la construcción de una sociedad justa y sin oprimidas/os. Fue la Unión Soviética el primer país del mundo en garantizar este derecho, y, en Cuba el aborto fue legalizado en 1965, una vez declarado el carácter socialista de la revolución. Y si no queremos hablar de las experiencias socialistas, en los países llamados “desarrollados” o “del primer mundo”, el aborto es considerado un derecho y por lo tanto se brindan las condiciones para que su práctica se desarrolle en condiciones seguras que no arriesguen la vida de las mujeres.

Hay un circuito importante de la sociedad que se lucra de la práctica del aborto clandestino. Por otro lado, hay un alto porcentaje de mujeres que deben asumir un embarazo no deseado, y por tanto, una maternidad forzada e impuesta. No es casual que de ese porcentaje, el mayor índice corresponda a mujeres que vienen de los sectores populares.

¿Si la penalización del aborto no reduce su práctica, entonces a quién beneficia?
¿Quién es responsable de las centenas de muertes de mujeres por abortos mal practicados que son producto de la penalización que tanto defiende la Iglesia?

Cuando las religiones dejen de promover un dios castigador, capaz de matar a quienes no le sean fieles; cuando la iglesia deje de reivindicar la fórmula inquisitoria para condenar seres humanos; cuando la Iglesia deje de dar su apoyo a las dictaduras y se retracte por ello; cuando se pronuncie y luche contra el golpe de Estado de Honduras y se retracte por promover y apoyar uno nuevo en Venezuela; cuando alce su voz en contra de las detenciones, desapariciones, torturas y muertes de mujeres, transexuales, gays, lesbianas, feministas, campesinas/os y trabajadoras/es del pueblo pobre que en Honduras han decidido arriesgar sus vidas en defensa de sus intereses y derechos democráticos legítimos, cuando todo ello ocurra, entonces podremos sentarnos a hablar con la iglesia sobre el derecho a la vida.

Cuando el Estado garantice en cada rincón del país una educación sexual real para todas las mujeres y varones (anticonceptivos gratuitos y educación sexual sin tabúes); cuando no sean sólo las mujeres las que asuman el cuidado y la crianza de las niñas y niños; cuando las instancias de decisión del Estado asuman el debate con todos sus riesgos, garantizando con ello el derecho al aborto legal y gratuito para todas las mujeres; entonces estaremos hablando de garantías al derecho a la vida.

¡Por un país y una sociedad revolucionaria, socialista y feminista!
¡Educación sexual para decidir!
¡Anticonceptivos para no abortar!
¡Aborto legal, seguro y gratuito para no morir!

Plataforma de Mujeres por la Legalización del Aborto
Miércoles 15 de Julio de 2009