Por: Alicia Yolanda ReyesMientras que en la capital mexicana las mujeres tienen derecho al aborto seguro y gratuito hasta la doceava semana, en 12 de los 32 Estados de la República, los Congresos locales decidieron blindar las Constituciones para obligar al Estado a “proteger la vida desde la concepción y hasta la muerte natural”.
En Jalisco, uno de los estados que presenta el mayor número de embarazos adolescentes y abortos provocados, la ley se logró gracias a una iniciativa popular, impulsada por el Movimiento Mexicano por La Vida, encabezado por políticos y esposas de funcionarios del conservador Partido Acción Nacional.
Mientras tanto, activistas por los derechos sexuales y reproductivos, agrupadas en la Agenda Feminista de Jalisco, exigen al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Ciprián, que promueva una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En Jalisco, uno de los estados que presenta el mayor número de embarazos adolescentes y abortos provocados, la ley se logró gracias a una iniciativa popular, impulsada por el Movimiento Mexicano por La Vida, encabezado por políticos y esposas de funcionarios del conservador Partido Acción Nacional.
Mientras tanto, activistas por los derechos sexuales y reproductivos, agrupadas en la Agenda Feminista de Jalisco, exigen al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Ciprián, que promueva una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Ombudsman se ha negado a recibir al grupo, señala Araceli Prieto Álvarez, representante en Jalisco de la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos, quien es además una de las voceras de la Agenda Feminista.
Entrevistada por SEMlac, Prieto informó que el Ombudsman declaró que la institución que preside no va a promover ninguna acción de inconstitucionalidad en contra de la recién aprobada reforma que evita la despenalización del aborto en el Estado, puesto que ya el Congreso se pronunció.
El Instituto Jalisciense de la Mujer (IJM) también se niega a pronunciarse contra la reforma que prohíbe la interrupción legal del embarazo y penaliza desde cuatro meses a un año de prisión a las mujeres que se realicen un aborto, asevera Prieto, quien al igual que otras activistas reclama a su titular el no asumir su papel en la defensa de los derechos de las mujeres.
La representante de la agrupación Agenda Feminista indicó que hay silencio en este tema y que Carmen Lucía Pérez, presidenta del IJM, no cumple con la labor que le corresponde para defender a las mujeres.
A su vez, la doctora Adela Jiménez, de la organización Diversidad Sexual, señaló que, cuando intentaron entrevistarse con el Presidente de la CEDH, les fueron cerradas las puertas, a ella y a una veintena de activistas, con el argumento de que si querían presentar alguna queja lo hicieran por escrito o por vía telefónica.
En ese sentido, la coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer, Guadalupe Ramos Ponce, informó a SEMlac que el grupo plural de legisladoras federales y la Agenda Feminista, junto a otras agrupaciones, presentaron una demanda de juicio político contra el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, por atentar reiteradamente contra los derechos y dignidad de las mujeres de ese estado.
La demanda establece que el gobernador ha violentado la Constitución, leyes estatales y federales, la normativa de responsabilidades de los servidores públicos y diversos instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos de ese sector poblacional.
Entre las causas de esta queja, señalan las diputadas federales del grupo plural, está el hecho de que González Márquez se ha negado sistemáticamente a que se presten servicios médicos e informativos en materia de salud sexual y reproductiva, y que ha instrumentado una política institucional de violencia y discriminación de género que vulnera los principios más elementales del Estado Laico.
Por otro lado, dicho funcionario apoyó abiertamente una reforma constitucional contra el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, lo que implica la penalización incluso del aborto terapéutico (cuando está en riesgo la vida de la gestante) o cuando aquel es producto de una violación, lo que contraviene diversos ordenamientos de la normativa jurídica local, nacional e internacional y profundiza la discriminación contra las mujeres pues viola sus derechos fundamentales, dicen las reclamantes.
En la demanda, a la que SEMlac tuvo acceso, se señala en el Estado de Jalisco cada día son violadas dos mujeres, la mayoría niñas y adolescentes y que del 2005 al 2008 se han presentado 1.643 denuncias por igual número de casos, pero sólo 91 responsables han sido detenidos.
El documento especifica que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, Jalisco tiene el noveno lugar nacional respecto al número de muertes por abortos ilegales, lo que representa el 7,7 por ciento de la mortalidad materna en el Estado.
Pero, según las activistas en derechos sexuales, a estas cifras habría que añadirles las mujeres que salen de Jalisco a practicarse un aborto, y no siempre en las mejores condiciones. Las fallecidas por tales razones no son reportadas como cifras de este Estado.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, a pesar del notable aumento de uso de anticoncepción en las últimas tres décadas, se estima que 40 millones de abortos ocurren anualmente y, de éstos, el 50 por ciento en condiciones inseguras.
En Jalisco, las restricciones para interrumpir un embarazo ponen a las mujeres pobres en un mayor riesgo de morbi mortalidad, explica a SEMlac Mario Espinosa, director de MEXFAM, organismo no gubernamental que lleva cerca de dos décadas trabajando la planificación familiar, con clínicas y consultorios en todo el país.
El profesional de la salud asevera que desde que los gobiernos panistas llegaron a Jalisco, los métodos anticonceptivos reciben poca promoción de la Secretaría de Salud de Jalisco y de sus centros de Salud.
La píldora de anticoncepción de emergencia y los condones no son ofrecidos a las usuarias, y cuando son solicitados se les dice que se agotaron, pese a que en la práctica los que manda la Secretaría de Salud federal se pudren en las bodegas de la dependencia estatal, denuncia.
En cuanto a los abortos previstos en las leyes del Estado, hasta antes de las modificaciones, las mujeres que lo solicitaban por violación o malformación del feto no eran atendidas porque los trámites resultan tan largos que, cuando finalmente se autorizaba, ya habían pasado meses y hasta años. Y en caso de no haberse actuado, el bebé ya habría nacido.
En esos casos, las mujeres de Jalisco tienen como única opción acudir a la medicina privada, donde los costos siguen siendo altos, entre 1.000 y 2.000 dólares.
Quienes están en mayor riesgo son aquellas mujeres de escasos recursos que acuden al ámbito privado con comadronas o médicos sin escrúpulos que actúan en condiciones insalubres, lo que se traduce en muertes o daños físicos irreversibles a causa de malos procedimientos.
En el caso de las más jóvenes compran algunos medicamentos, que anteriormente se utilizaban para controlar las úlceras, y que ahora se sabe provocan contracciones uterinas y la expulsión del feto.
El problema es que ellas desconocen las dosis exactas y se exponen a sangrados que ponen en riesgo su vida, señala el doctor Espinosa.
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